Armando Alcántara Santuario

Si bien los proyectos en que participan investigadores de distintos países e instituciones son casi tan antiguos como las universidades, su número y magnitud han tenido un crecimiento explosivo en las décadas recientes. El enorme desarrollo de las comunicaciones y de los transportes ha permitido que los desplazamientos de personas entre países sean más rápidos y de mayor alcance, y que los intercambios de información sean casi instantáneos y en tiempo real. La suma de esfuerzos en el estudio de temas de la más diversa índole ha resultado en una potenciación que no tiene precedente.

Con este panorama, bien podría decirse que la creación de redes de investigación es un signo de los tiempos actuales. Investigaciones como la del desciframiento del genoma humano, por ejemplo, han reunido a cientos de investigadores de los más distintos países, cada uno encargado de analizar un aspecto específico del problema, con una coordinación general. En vista de resultados tan alentadores como los obtenidos en esta y en otras iniciativas, son varias las agencias y organismos -nacionales e internacionales- que están promoviendo y financiando estos esfuerzos colectivos.

Este ha sido el caso del programa ALFA, financiado por la Unión Europea, el cual desde hace varios años ha permitido la realización de proyectos conjuntos entre investigadores de Europa y de América Latina. Los montos de estos proyectos -altamente competitivos- son muy significativos y permiten llevar a cabo proyectos con duración de uno a tres años sobre problemas relevantes para las sociedades de nuestra región, incluyendo los del ámbito educativo.

Quien esto escribe ha sido invitado a colaborar en un consorcio formado por académicos de países europeos y latinoamericanos, cuyo objetivo es la construcción de un Programa Marco Interuniversitario que permita, después de un amplio diagnóstico, plantear políticas que mejoren la equidad, pertinencia y cohesión social en aquellos países de la región que observen los mayores rezagos en materia de educación superior. Este esfuerzo colectivo cuenta con la participación de 30 universidades -públicas, en su mayoría- de 19 países latinoamericanos y seis europeos.

El tema que se han abocado a analizar los equipos de investigación de estas instituciones de educación superior (IES) tiene una enorme relevancia social, puesto que muchos de los países latinoamericanos están empeñados en mejorar los niveles de igualdad y equidad en materia de educación superior desde hace muchos años.

En este sentido, los signos de la desigualdad incluyen diversos aspectos como la baja cobertura del grupo de edad de 19 a 23 años (algunos cuantos países son la excepción) y una baja presencia de los grupos vulnerables en dicha cobertura. Llama la atención que si bien el porcentaje de mujeres, tanto en estudiantes como en profesores, sigue en aumento, los mejores puestos, tanto en la academia como en la gestión, siguen siendo ocupados por hombres.

En el nivel de los sistemas de educación superior, sigue siendo muy baja la inversión pública en este sector, así como en materia de ciencia y tecnología. En este sentido, una baja inversión trae como consecuencia una baja productividad y una débil vinculación, tanto con los sectores sociales como con el sistema productivo. Respecto de esto último, también se observa una muy baja demanda del conocimiento que se produce en las universidades, debido a que las industrias más dinámicas en las economías latinoamericanas son, con unas muy pocas excepciones, empresas transnacionales que tienen sus sedes en los países industrializados, las cuales cuentan con sus propios centros de producción de tecnología. Ante esto, la mayor parte de los investigadores producen sólo para el mundo académico.

Por otra parte, existen todavía niveles insuficientes de colaboración entre las diversas IES de la región, a pesar de los logros conseguidos en los años recientes por iniciativas como el Grupo Montevideo de universidades del Mercosur y la Red de Macrouniversidades de América Latina. No debe olvidarse que los intentos por integrar las instituciones de enseñanza superior de la región se remontan a la creación de la Unión de Universidades de América Latina a fines de los años cuarenta del siglo XX.

En la actualidad, algunas iniciativas se dirigen a crear el Espacio Común de Educación Superior, tanto en el ámbito latinoamericano como, en forma más amplia, en el iberoamericano. Se pretende, en la medida de lo posible, seguir la tendencia marcada por el Proceso de Bolonia para la integración de las instituciones universitarias europeas. Lo que en materia de movilidad académica de profesores y estudiantes, así como en el reconocimiento de títulos y diplomas, se ha logrado en dicho proceso, está siendo muy difícil de alcanzar de este lado del Atlántico. Resulta paradójico, por decir lo menos, que a pesar de la retórica que por décadas ha sido utilizada para lograr una mayor integración de países que tienen muchas características culturales en común, los resultados concretos han sido más bien escasos.

Pese a todas estas dificultades, esfuerzos conjuntos como el que se intenta realizar con el proyecto mencionado, cuentan con el potencial suficiente para avanzar significativamente tanto en la disminución de la desigualdad y la inequidad, como en materia de fortalecimiento de la colaboración entre las universidades de la región.