Armando Alcántara Santuario

Quienes nos dedicamos a las labores de investigación debemos tener, además de la curiosidad para estudiar y escudriñar los temas que nos interesan, la persistencia necesaria para conseguir los recursos económicos y financiar los proyectos en que nos embarcamos, con el fin de materializar nuestro interés por responder a las preguntas que nos plantea la realidad o para resolver algún problema acuciante.

Los fondos monetarios pueden provenir de programas institucionales, de organizaciones nacionales o de agencias y programas internacionales. Si bien esta última fuente de financiamiento ha existido hace muchos años, recientemente su número se ha expandido de modo considerable.

En dichos casos, los proyectos suelen ser de alcance mayor de los que sólo cuentan con apoyo institucional o nacional. No es difícil imaginar que la mayor disponibilidad de recursos y la participación de más investigadores (en la mayoría de los casos pertenecientes a instituciones y hasta países diversos) requieren de una administración y gestión más complejas.

Ello es así porque con frecuencia existen criterios y procedimientos diferentes entre los organismos y agencias donadoras, por una parte, y las instituciones que reciben los fondos, por la otra.

De esta manera, a menudo se presentan incompatibilidades más o menos graves entre los aparatos burocráticos de donadores y receptores que llegan a entorpecer la programación de las actividades predeterminadas, así como la adquisición de insumos necesarios para el buen desarrollo de los proyectos.

Uno de los aspectos más críticos cuando ocurren los retrasos en la entrega de los recursos financieros, es la imposibilidad de pagar las becas o los honorarios a los asistentes de investigación (la mayoría suelen ser estudiantes de posgrado).

Si, como llega a suceder, el atraso en la asignación de fondos se prolonga por varios meses, los participantes se ven en serias dificultades para mantenerse dentro de los equipos de investigación, llegándose a dar casos en que los abandonan para buscar formas más seguras de ingresos. Con ello se pierden esfuerzos y equipos que ha tomado tiempo integrar y consolidar.

Desafortunadamente, cuando ocurren estas situaciones es muy difícil desatar los nudos burocráticos responsables de los atrasos, pues muchos procedimientos están tan estandarizados y son tan impersonales que se necesita de la atención y el interés puntual de funcionarios de muy alto nivel, a quienes no es fácil acceder.

Así, lo que en un principio fue la maravilla de satisfacer la curiosidad propia de la actividad de investigación o la búsqueda de soluciones y explicaciones a las temáticas más relevantes en un determinado campo, termina por convertirse en una pesadilla cuando la maraña de procedimientos burocráticos detiene el avance de los proyectos.

Las consideraciones anteriores se ejemplifican claramente en las dificultades para desarrollar un proyecto colectivo con financiamiento internacional, en el que participo desde principios de este año. El proyecto tiene como objetivo la creación de un marco interinstitucional para mejorar la equidad en los sistemas de educación superior de varios países de América Latina.

El financiamiento proviene del Programa Alfa de la Unión Europea y cuenta con el concurso de 30 universidades latinoamericanas y europeas. Luego de la aprobación del proyecto en diciembre del año pasado, la provisión de los fondos generales a la institución coordinadora del proyecto (una universidad europea) se realizó hasta mayo.

Cabe mencionar que las reglas de operación del proyecto, así como el manejo de los recursos, son muy estrictas y exigen un complejo sistema de gestión para administrarlos.

El retraso en la provisión de los fondos se ha agudizado en el ámbito institucional, porque algunos de los estrictos criterios del Programa Alfa son diferentes a la normatividad de muchas de las universidades participantes en el proyecto.

Se requiere obligatoriamente que cada institución dé su aprobación para que se le puedan depositar los recursos correspondientes. Es el caso de la UNAM, cuyo Departamento Jurídico debe revisar que las cláusulas de los contratos financieros se adecuen a las normas institucionales.

Esta revisión ya se ha llevado más de dos meses y aunque no ha impedido por completo la elaboración del primer documento de diagnóstico institucional, sí ha provocado enormes dificultades para que los integrantes (sobre todo quien debe recibir honorarios por su trabajo y cuya falta de pago se prolonga ya por seis meses) se mantengan en el equipo de investigación.

Tampoco se ha podido adquirir el equipo necesario para seguir con las subsecuentes etapas del proyecto, ni se cuenta con los recursos para solventar los gastos de viaje para asistir a una reunión subregional fijada para el próximo mes.

Se supone que una vez resuelto el aspecto legal y los contratos sean firmados, la coordinación general otorgará el financiamiento de manera expedita y el proyecto se desarrollará conforme a lo planeado. Sin embargo, quedará la molestia por los enormes retrasos y los inconvenientes que éstos han causado dentro del equipo de investigación. Ello muestra también que, en esta ocasión, la burocracia parece estar por encima de los intereses académicos.

Es necesario que dentro de los convenios que se establecen entre las agencias y organismos financiadores del ámbito internacional y las universidades mexicanas exista el interés por agilizar los mecanismos de provisión de recursos económicos, compatibilizando las respectivas normatividades. Ello hará que los propósitos de cooperación y apoyo a la investigación realmente constituyan un apoyo significativo para los países a los cuales se busca beneficiar.