Armando Alcántara Santuario

Durante las dos últimas semanas (8/02 y 15/02), el colega Roberto Rodríguez analizó en estas mismas páginas, los detalles e implicaciones de la venta del grupo Laureate Education Inc., dueño de universidades y escuelas profesionales alrededor del mundo. Su trabajo mostró los alcances financieros de dicha operación, en la cual están involucrados cientos de millones de dólares. Es un claro ejemplo del poderío de la transnacionalización de los servicios educativos en el nivel superior.

La Universidad de Phoenix (UP) ha sido mencionada con frecuencia como uno de los fenómenos más importantes en el terreno de la educación superior privada estadounidense, principalmente entre las instituciones que se distinguen por el afán de lucro (for profit), en la prestación de sus servicios educativos. En la actualidad, la UP es el establecimiento de educación superior más grande de los Estados Unidos, al contar con 300 mil estudiantes y campuses en 39 estados, además de su amplio alcance en línea. En el año fiscal 2004-2005, recibió mil 800 millones de dólares por parte de la ayuda federal de sus estudiantes. La mayor parte de los alumnos de la UP son trabajadores con empleos de jornada completa, muchos de ellos con estudios incompletos de licenciatura, que aspiran a obtener un grado académico. Algunos de sus "campuses" se ubican en edificios de oficinas cercanos a los vías rápidas (freeways) y la gran mayoría de los profesores son de tiempo parcial, a diferencia del resto de las universidades americanas, donde el promedio de personal por horas es del 47 por ciento.

Asimismo, los estudiantes toman un curso por periodo lectivo, ya sea "en línea" o en clases vespertinas durante cuatro horas, una vez a la semana, durante cinco o seis semanas. De ese modo, los estudiantes pasan un promedio de 20 a 24 horas con cada instructor por curso, a diferencia de las 40 horas en el resto de las universidades. La UP también estimula que los estudiantes compartan sus conocimientos, trabajando en proyectos durante cuatro o cinco horas por semana, en lo que se denomina como "grupos de aprendizaje". El costo anual de la colegiatura asciende a poco menos de 10 mil dólares.

A pesar de los resultados espectaculares obtenidos por la UP desde su fundación en 1976 (llegaron a abrir 50 campuses en una década), recientemente, según reporta el New York Times (11/02), el modelo está empezando a "hacer agua". Su reputación entre educadores, estudiantes y aún algunos de sus antiguos dirigentes, ha sido puesta en entredicho -según afirman- debido a que su incesante búsqueda de ganancias ha erosionado significativamente la calidad académica.

De acuerdo con estadísticas oficiales y auditorías gubernamentales, la UP recurre más a profesores de tiempo parcial que el resto de las instituciones de su tipo, y el acelerado ritmo académico hace que los estudiantes se vean presionados a realizar sus cursos en la mitad del tiempo que las universidades tradicionales. Además la tasa de eficiencia terminal está entre las más bajas del país. Peor aún, algunos de sus programas, como la Maestría en Administración de Negocios (MBA), sólo cuentan con acreditación regional y no con la de las agencias acreditadoras de mayor prestigio. Esto ha provocado que algunas empresas dejen de financiar a sus empleados y también que los estudiantes más jóvenes decidan abandonar sus cursos.

Pero también en el plano financiero y legal, los efectos han sido devastadores, ya que varios de los principales ejecutivos del Grupo Apollo (la corporación que maneja a la UP), han renunciado y varios procesos judiciales en su contra están en marcha, principalmente por parte de agencias federales. Dado que las acciones del grupo antes mencionado cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street lo está presionando para que aumente sus márgenes de ganancia. Pese al optimismo de su actual presidente, la situación es realmente grave, ya que, de perder los juicios, el grupo tendría que pagar cientos de millones de dólares, lo cual significaría su bancarrota.

El caso en cuestión ilustra, de modo dramático, la manera en que los propios usuarios y las agencias gubernamentales encargadas de vigilar y garantizar la calidad de los servicios educativos, pueden denunciar y revertir -tarde o temprano- las anomalías y abusos en que pueden incurrir las instituciones que, antes de buscar que sus alumnos obtengan una educación de calidad, persiguen las ganancias económicas como objetivo principal. Cualquier semejanza o parecido con alguna institución del tipo de la UP en México, no es mera coincidencia.