Armando Alcántara Santuario

En mi colaboración anterior (Campus 369) escribí sobre la situación de los adolescentes que no estudian ni trabajan en América Latina. En algún sentido, la desventajosa situación escolar y laboral de muchos de ellos es una manifestación del fracaso escolar. Sin embargo, dicho fracaso no es atribuible sólo a los individuos, sino al sistema escolar que ha sido incapaz de proporcionar las condiciones adecuadas para el aprendizaje exitoso de los estudiantes. También el fracaso ocurre cuando el alumno está imposibilitado de avanzar al siguiente grado escolar, y eventualmente llega a abandonar sus estudios.

Se ha observado que la mayor parte de la deserción ocurre en la transición del fin de la secundaria y el comienzo de la media superior. El fracaso escolar afecta al estudiante de por vida, pues quien abandona la escuela sin la debida formación enfrenta perspectivas laborales muy débiles, bajos salarios a lo largo de su vida productiva y una pensión muy baja cuando se jubila. El estudiante que deserta también tiene pocas probabilidades de contar con adecuadas oportunidades de aprendizaje y tendrá menos habilidades para participar plenamente de los aspectos cívicos y sociales de la sociedad contemporánea.

El fracaso educativo también impone costos muy altos a la sociedad, al limitar la capacidad de la economía para producir, crecer e innovar; asimismo, afecta negativamente la cohesión social y provoca costos adicionales al gasto público para lidiar con algunas de las consecuencias del fracaso escolar: creciente criminalidad, mayores gastos en salud y asistencia pública, etcétera.

Por otro lado, existe evidencia de que los estudiantes provenientes de los hogares más pobres tienen mayores probabilidades de tener peores resultados escolares y abandonar la escuela con más frecuencia que los de familias con mayores ingresos económicos. Ante esta situación, contar con sistemas más homogéneos e inclusivos es una de las metas de mayor importancia para los países. Sobre todo cuando se ha observado que en algunos de esos sistemas la brecha en el logro educativo relacionado con los antecedentes socioeconómicos de los alumnos se ha incrementado.

De modo que la reducción en los niveles de fracaso educativo y escolar es en la actualidad una alta prioridad para las agendas de las políticas educativas. Esto se debe a que la educación y las habilidades que de ésta se derivan están adquiriendo un valor cada vez mayor en la sociedad, en tanto las presiones económicas generadas por la globalización y los crecientes movimientos migratorios plantean importantes retos a la cohesión social. Más aún, la actual crisis económica hace que la urgencia de vencer el fracaso escolar sea mayor, cuando se observan niveles más grandes de desempleo y se presentan cambios en la demanda de nuevas habilidades laborales. Un mayor número de familias se ha vuelto más vulnerable económicamente y enfrenta mayores dificultades para satisfacer los crecientes costos de la educación. De este modo, mientras muchos ministerios o secretarías de educación destacan la reducción del fracaso escolar como una de sus principales prioridades, y existe creciente evidencia que muestra que las políticas están teniendo impacto, continúan los desafíos en torno de qué políticas implementar y la manera de hacerlo.

Todos estos problemas y dificultades que enfrentan los sistemas educativos de muchos países como el nuestro, se han expresado en un proyecto que recientemente está comenzando a desarrollar la OCDE con el nombre de Overcoming school failure: policies that work (Superando el fracaso escolar: políticas que funcionan). Dicho proyecto busca ofrecer evaluación y asistencia a los países miembros de esa organización para mejorar sus políticas y prácticas, a fin de lograr una mejoría real en la reducción del fracaso escolar y las tasas de deserción. La propuesta combina dos elementos principales: uno que se basa en un análisis comparativo y otro relacionado con una evaluación nacional.

El primer elemento, con un enfoque internacional, pretende conocer las políticas que han sido exitosas en reducir el fracaso escolar, así como los retos principales y los obstáculos potenciales en el diseño e implementación de las políticas. El segundo elemento, relacionado con la evaluación nacional, intenta llevar a cabo un análisis de los retos y dificultades particulares que cada país enfrenta en la adopción de políticas para reducir el fracaso escolar. Una de las ideas conductoras del proyecto en cuestión es ver la manera como los países participantes progresan hacia el logro de sistemas educativos más justos e inclusivos.

De acuerdo con el calendario del proyecto, se espera contar con resultados a finales de 2011. Será entonces la ocasión para mirar con detalle el nivel en que los objetivos planteados se cumplan y, en particular, observar las estrategias y los índices de reducción del fracaso escolar. Es éste uno de los mayores problemas a que se enfrenta nuestro sistema escolar, al ser parte del enorme rezago educativo que asciende a más de 30 millones de personas, cifra cercana al total de la población que asiste a la escuela.