Armando Alcántara Santuario

En las dos décadas recientes, la OCDE se ha convertido en un actor cada vez más visible e influyente en la política educativa de los países que la integran. Uno de los instrumentos más conocidos para evaluar el rendimiento escolar es el que se refiere a las pruebas PISA, aplicadas a estudiantes de 15 años y que se comenzó a aplicar desde el año 2000. En el caso de nuestro país, además, durante la última década del siglo pasado, esta organización llevó a cabo la evaluación de los sistemas de ciencia y tecnología y de educación superior. Las recomendaciones derivadas de esas evaluaciones ocuparon un lugar importante en los programas sectoriales. De hecho, según varios especialistas, los estudios y los muchísimos documentos que produce la OCDE la han convertido en una nueva forma de regulación en materia de política educativa en el ámbito global.

El pasado 19 de octubre, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, entregó al titular de la SEP los resultados del “Acuerdo de cooperación entre México y la OCDE para mejorar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas”. Este acuerdo incluye una diversidad de instrumentos y acciones, así como consultas con expertos y actores clave de la educación en México y en el mundo. La OCDE asignó, de igual manera, a dos de sus funcionarios para fungir como enlace permanente desde México. Los resultados de todas estas acciones se han recopilado en varios libros que ya se han comenzado a publicar.

Entre las propuestas surgidas de todos estos trabajos, se plantean acciones para establecer estándares claros para los maestros, asegurando programas de formación profesional de alta calidad. Según la OCDE, se requiere atraer a los mexicanos más preparados hacia la profesión, lo cual implica la profesionalización del reclutamiento, la selección y evaluación de los docentes. Asimismo, es necesario establecer estándares precisos para los directores de escuela, ofreciendo oportunidades de formación y profesionalizando su reclutamiento. Además, las escuelas en México precisan un mayor apoyo a la autonomía escolar y el fortalecimiento de la participación social.

Adicionalmente, el organismo internacional también recomienda que las escuelas cuenten con recursos estables para su financiamiento a fin de satisfacer sus necesidades específicas. En este sentido, sólo la mitad de las 220 mil escuelas que hay en el país tienen acceso a los programas de apoyos estatales y federales. También se requiere incentivar la efectividad con la que se utilizan los recursos financieros.

Todas estas medidas, subrayó Gurría, se dirigen hacia un objetivo estratégico central: construir un sistema en el cual todos los incentivos estén coordinados para mejorar el desempeño estudiantil. Ello implicaría poner al alumno y a la calidad del aprendizaje en el centro de la estrategia educativa. Para alcanzar el objetivo anteriormente apuntado, es necesario trabajar “hacia la elaboración de un marco adecuado de evaluación e incentivos docentes, robustos e independientes, que midan las capacidades y no sólo el currículum”. Un instrumento crítico para ello es la rendición de cuentas. Por lo tanto, el sistema de incentivos y estímulos deberá ser transparente y bien delimitado, “que refleje la calidad de la enseñanza y motive a los maestros a mejorar”.

Aunque no en forma absoluta, los cambios realizados por el Senado de la República a la Ley General de Educación (LGE), poco después de la presentación de la OCDE, parecen ir en la dirección sugerida por este organismo internacional. La coincidencia principal radica que un número importante de reformas tiene como punto central a los maestros de educación básica. Así, en las 23 modificaciones llevadas a cabo por ese órgano legislativo, destacan dos principales. La primera es la creación de un sistema nacional de información educativa (SNIE) que permita regular, coordinar y operar los avances y el desarrollo de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, además de un centro de registro, emisión y validación de documentos académicos.

La segunda consiste en incorporar a la ley un mecanismo que garantice la colaboración de los órdenes federal y estatal de gobierno en cuanto al ingreso y promoción de los maestros, de modo que haya un equilibrio y correspondencia en los criterios que permitan acreditar la trayectoria, formación y desempeños de los profesores de educación básica, para la formación de maestros en todo el territorio nacional, respetando la soberanía de los gobiernos de las entidades federales.

Respecto de la primera medida, una de las implicaciones del padrón de alumnos, maestros y escuelas será conocer el número de maestros comisionados por el sindicato, algo de lo cual ni la propia SEP sabe a ciencia cierta. En días pasados se publicó que esta secretaría reconoció que existían cerca de 7 mil maestros comisionados a las tareas sindicales y gubernamentales, adicionales a los 10 mil que había reportado en junio (Reforma,29/10/2010). Como se sabe, en algunas ocasiones los maestros comisionados no se dedican sólo a actividades relacionadas con la educación, sino a otras, generalmente de orden electoral. El propio senador Rafael Camacho Guzmán, secretario general del SNTE, lo reconoció así durante la sesión en que se aprobaron las reformas a la LGE (véase la Gaceta del Senado, 21/10/2010).

La segunda medida coincide con la necesidad expresada por la OCDE de establecer estándares claros para los maestros, asegurando programas de formación profesional de alta calidad, así como la profesionalización del reclutamiento, selección y evaluación de los docentes y directores de escuela. Esta medida también guarda relación con el establecimiento del examen nacional para seleccionar a los profesores y directores de las escuelas básicas de carácter público, anunciado hace algunos meses por la SEP.

Como puede verse, tanto las medidas sugeridas por la OCDE como las que integran las reformas a la LGE aprobadas por el Senado, centran su interés en la figura del maestro. Sin embargo, y como lo muestra la realidad de las escuelas mexicanas, la formación y actualización de los maestros es un asunto harto complejo debido a todos los elementos involucrados, no sólo los estrictamente didáctico-pedagógicos, sino los de orden político-sindical, así como los factores que se relacionan con la infraestructura de los establecimientos escolares, las condiciones socioeconómicas y familiares de los alumnos, entre otros. Por lo tanto, es una problemática que deberá ser enfrentada de manera integral y sistémica, con políticas de largo alcance que vayan más allá de lo meramente coyuntural.