Alejandro Canales Sánchez

El asunto concluirá cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto, pero la Corte tiene sobre el escritorio más de 300 acciones de inconstitucionalidad acumuladas que debe resolver y el expediente de la ley general de ciencia es uno más.

La situación es peculiar con la Ley General en Materia de Humanidades Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI): está vigente desde hace un año, pero la disputa sobre su validez constitucional persiste y todo parece cada vez más enredado. Unos festejan el aniversario, otros exhortan a resolver la impugnación y nada se resuelve.

Al inicio, el diseño de la ley ciencia parecía un trámite sencillo que solamente requería algo de capacidad técnica, sensibilidad y ciertas habilidades de operación política. Nada extraordinario. Sin embargo, de mayo de 2019 a diciembre del 2020, un lapso de un año y medio, no fue suficiente para tener lista ley. El periodo lo estableció un artículo transitorio de la reforma del artículo 3º constitucional del 2019, tanto para la ley de educación superior como para la de ciencia.

La Ley General de Educación Superior estuvo lista en tiempo y forma. Otro fue el caso con la ley de ciencia. Los conflictos entre autoridad y comunidad fueron recurrentes, las posturas se radicalizaron, el plazo se venció y no hubo ningún acuerdo sobre la nueva ley. Todavía más, se sumaron otros dos años y medio más para acordar la nueva ley, pero tampoco fue suficiente.

Al final quedó aprobado el proyecto de la autoridad sectorial y ese es el que está en vigor desde el 8 de mayo del 2023 (DOF 08.05.23). Sin embargo, la inconformidad no desapareció y es una ley que no tuvo ni tiene el consenso de la comunidad. Todavía peor, a la falta de respaldo se añadieron serias irregularidades en el proceso legislativo que llevó a su aprobación.

Aquí mismo dimos cuenta de lo que ocurrió en esa atropellada y extendida sesión del Congreso, justo al cierre del periodo de sesiones el año pasado (Campus 1008). De ahí se derivó la impugnación a la nueva ley y la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores de oposición.

Sin embargo, un año después, la Corte no ha dicho nada. Hace dos semanas un despacho de abogados y miembros de la comunidad científica presentaron una excitativa a la SCJN, para “poner de nuevo en la agenda de la Suprema Corte la deliberación de si precisamente la ley es inconstitucional o constitucional” (MILENIO 01.05.2024).

La autoridad, con independencia de lo que pudiera decir la Corte, organizó un foro para celebrar el primer aniversario de la nueva ley, según dijo, para “ahondar sobre las oportunidades y perspectivas a futuro que envuelven las políticas de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación soberana para el bienestar (HCTI), fundamentadas en dicho marco jurídico que ubica a México a la vanguardia internacional en la materia” (Comunicado 526/2024).

En el foro también participó la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien pasó a formar parte de la junta de gobierno del Conahcyt a raíz de lo que ahora dispone la nueva ley general de ciencia. Pidra Ibarra dijo, entre otros aspectos que la norma se presenta “ante la ausencia de políticas públicas efectivas para la promoción y ejercicio del dereho a la ciencia por y para el pueblo, y que han no se han superado por completo los retos de presencia de desinformación o de noticias falsas” (Comunicado 154/2024).

La Corte no ha declarado nada, ni sobre la reciente excitativa recibida ni sobre el año que ya transcurrió desde que le fue presentada la acción de inconsttiucionalidad. Incluso tampoco se dio por enterada cuando Santiago Creel, en agosto del año pasado, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le solicitó que atendiera el expediente de la ley de ciencia con “carácter prioritario”.

El problema es que la Corte tiene 319 casos que resolver sobre acciones de inconstitucionalidad, el de la ley general de ciencia es el número 225 y no hay ninguna certeza de cuando podría hacerlo. La ley de ciencia forma parte de un paquete, pero si fuera por orden de presentación hay un centenar de expedientes antes y el de mayor antigüedad es uno del 2018 sobre límites territoriales entre Jalisco y Nayarit.

En fin, si la Corte se pronunciara en las próximas semanas o meses, lo más probable es que deba reponerse el proceso legislativo y seguramente no lo hará esta legislatura con su Comisión Permanente, sino la próxima legislatura a partir del mes de septiembre. ¿Qué harán los legisladores? Eso dependerá del laberinto de integración del próximo Congreso. Y la puerta de salida será uno de los resultados de las elecciones del mes próximo. Nada más y nada menos.

Pie de página: Mal inició esta semana: falleció el profesor Olac Fuentes Molinar, un referente indudable en el campo de la educación. Brillante, políticamente muy sagaz, incomparable su sentido del humor y formador de muchas generaciones, la mía entre ellas. Un verdadero maestro. Descanse en paz.