Alejandro Canales Sánchez

Un programa preliminar de gobierno para el próximo sexenio está en el documento Claudia Sheinbaum Pardo. 100 pasos para la transformación. Ahí están descritos a grandes trazos un centenar de compromisos y también, para cada ámbito de la administración pública, un brevísimo diagnóstico, los avances y las acciones que propone.

El documento, lo dijimos aquí la semana pasada, junto con el corte de caja del periodo que está por concluir, anuncia qué podría ocurrir en materia educativa y científica en el nuevo gobierno. Para la educación básica y media superior, lo anticipamos en la entrega anterior, se advierte una línea de continuidad con lo que está en marcha. ¿Ocurre lo mismo para educación superior y para ciencia y tecnología? Más o menos, pero podrían registrarse diferencias.

Los compromisos puntuales son cuatro: duplicar de forma progresiva el número de becas para estudiantes universitarios hasta alcanzar un millón, se entiende que la línea base es el número de apoyos que hoy se entregan; b) también duplicar paulatinamente los apoyos para estudiantes de posgrado; c) gratuidad en todos los sistemas públicos de educación superior; y d) hacer de México una potencia científica y de la innovación (págs. 17-20).

No suenan nada mal, al contrario. Pero cabe recordar que esos compromisos fueron anunciados en el tiempo de las promesas, al inicio de la campaña electoral. Ahora que ya se saben los resultados, ¿la situación será otra? Podría ser el caso.

El principio de realidad es ineludible: la presión sobre los recursos públicos es mucha y las promesas son mayores. No hace falta demasiado cálculo para anticipar que el presupuesto debe ir en correspondencia con la gratuidad de la educación superior y el doble de becas que hoy se otorgan.

La administración que está por concluir no quiso o no pudo destinar los recursos suficientes para instaurar el fondo especial de gratuidad para la educación superior. La propia autoridad educativa estimaba que necesitaba poco más de 9 mil millones de pesos para el fondo. Sin embargo, la bolsa entregada no llegó ni a la décima parte de esa cantidad, en consecuencia, no se logró incorporar a cerca de 300 mil jóvenes anualmente y tampoco se alcanzó la meta de cobertura prevista.

Actualmente, las perspectivas fiscales no son las mejores, el déficit público para este año casi alcanzará los 6 puntos porcentuales respecto del PIB, el mayor en décadas, y los ingresos petroleros para el año próximo serán menores El gobierno prevé que en 2025 disminuya el déficit a la mitad, cuando las obras emblemáticas de la actual administración estén concluidas.

Sin embargo, como hemos visto después de las elecciones, los mercados financieros son altamente sensibles a la posibilidad del cambio de reglas y la incertidumbre permanece latente. A la próxima administración le toca diseñar el presupuesto para el 2025, ahí se verá su capacidad de maniobra y cuáles son sus prioridades.

No todo depende de los recursos federales. El documento de los “100 pasos para la transformación” plantea la colaboración de los distintos niveles de gobierno y las instituciones de educación superior para ampliar la cobertura, la instauración del sistema nacional de becas, la gratuidad y la instauración de nuevas universidades públicas (pág. 354).

Por cierto, en el documento se registra como avance la “creación de la Comisión Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces). Sí es un avance y, a pesar de su voluminoso número de integrantes, la instancia opera. Pero no es una comisión, su denominación correcta es “Consejo”. Una error menor, salvo porque se trata del principal órgano de consulta y consenso para el desarrollo de la educación superior.

Entonces, ¿habrá continuidad o no en educación superior? Las líneas de gratuidad, cobertura y becas se mantienen, incluido el controvertido programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Lo que podría marcar una diferencia es el principal instrumento para hacerlas efectivas: el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad, un fondo previsto en la Ley General de Educación Superior (artículo 64).

Las metas para el año 2030 que están anotadas en el documento son: alcanzar una cobertura bruta de al menos el 55 por ciento y una cobertura neta de 40 por ciento del grupo de edad; ninguna entidad federativa por debajo del 35 por ciento de cobertura neta; y pasar de 51 a 75 por ciento en la tasa de absorción de egresados de media superior (pág. 354).

El Fondo Federal Especial no solamente sería la palanca clave para alcanzar las metas, también para cumplir lo que dice la ley. Los distintos órdenes de gobierno y las instituciones educativas pueden sumar esfuerzos, pero sin recursos financieros será imposible lograrlo.

(Quedan por ver las diferencias en el terreno científico y tecnológico, aquí las anotaremos en la próxima entrega).

Pie de página: Siintracátedras, el sindicato del exprograma Cátedras Conacyt (ahora Investigadoras e Investigadores por México), denuncia despidos injustificados de algunos participantes en el programa (Aquí se puede enterar: t.ly/2yGQ4).