Alejandro Canales Sánchez

La instalación de un panel de controversias sobre medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado, en el marco del T-Mec, cumplirá un año el mes próximo. La solicitud fue realizada por Estados Unidos, Canadá se sumó al panel, México fue la parte demandada y es probable que la resolución final se lleve todavía otros meses más.

El maíz no es la piedra de toque en el comercio trilateral, tampoco será un componente clave en la renegociación del T-Mec prevista para el 2026, pero es un tema política y culturalmente muy sensible para México. La actual controversia se resolverá cuando otras autoridades federales, tanto de México como de Estados Unidos, ocupen las posiciones de responsabilidad. El tema también podría ser un punto de diferenciación en el cambio de administración en México.

La controversia se originó, como se recordará, cuando el presidente López Obrador, el primer día de su periodo de gobierno, se comprometió a no permitir el uso de semillas transgénicas y a proteger la diversidad biológica (Compromiso 74). El anuncio fue visto con relativo escepticismo, porque lo pronunciaba por vez primera y no había sido tema en su campaña electoral.

Sin embargo, las cosas fueron distintas cuando, en diciembre del 2020, López Obrador emitió un primer decreto para instruir a las dependencias federales para que se abstuvieran de adquirir, distribuir o importar glifosato o agroquímicos que lo contuvieran (DOF. 31.12.2020). En el mismo decreto, el artículo quinto transitorio, especificó que las secretarias de Medio Ambiente, Salud y Agricultura, así como el Conacyt, a más tardar el primer semestre del 2023, reformarían su normatividad para evitar el uso del glifosato y de maíz genéticamente modificado en México.

La medida dio lugar a diferencias al interior del gabinete, como lo comentamos en su oportunidad en este mismo espacio (Campus No. 880), pero fue acatada por toda la administración pública. Una vuelta de tuerca más fue el segundo decreto de López Obrador, publicado al inicio del año pasado, para prohibir expresamente la adquisición e importación maíz genéticamente modificado y del glifosato (DOF 13.02.2023). Ahí inició el diferendo con los Estados Unidos y su demanda de instalación de un panel de controversias.

El socio comercial del norte, un exportador de maíz genéticamente modificado hacia México, ha dicho que no hay razones válidas para el veto impuesto. Por un lado, porque no se han aportado pruebas científicas para sustentar el daño del maíz transgénico y, por otro lado, son irrelevantes las evidencias que se han presentado. La disputa continúa.

También hay que indicar que el decreto del gobierno mexicano de febrero del 2023, estableció que el entonces Conacyt coordinaría y apoyaría las investigaciones para proponer a las secretarías implicadas, “alternativas y prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir del glifosato” (artículo quinto). Sin embargo, a la fecha, no se conocen los resultados.

Incluso, en marzo de este año, un comunicado conjunto de las secretarías de Economía, Agricultura, Desarrollo Rural y de la Cofepris reconocieron que no había alternativas para sustiuir el Glifosato y prevalecería el “interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país” (Comunicado 26.03.2024) O sea, se continuaría utilizando glifosato.

El comunicado suscitó la reacción del Conahcyt y otra vez afloraron las diferencias en el gabinete. El organismo respondió que estaban en marcha alternativas para sustituir el glifosato y algunas de ellas ya estaban probadas. Sin embargo, como ha ocurrido con otros tantos avances, nada en concreto, todo quedó en una conferencia de prensa y el boletín correspondiente (Comunicado No. 503/2024).

Ahora, habrá que esperar la resolución del panel de controversias, pero en este periodo de transición en México, ya fue nombrado Julio Berdegué Sacristán como próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la dependencia gubernamental que tiene el papel más relevante en las decisiones sobre la suficiencia alimentaria y los agroquímicos.

Las declaraciones más recientes de Berdegué a la agencia Reuters expresan que la decisión es “sostener la autosuficiencia en maíz blanco, el que se utiliza comúnmente en la tortilla, el alimento básico del país” (Reuters 01.07.2024). Es decir, es posible que el veto permanezca para ese tipo de maíz, pero no para el maíz amarillo. Pronto nos enteraremos.

La otra variable a considerar es cómo quedará la relación con Estados Unidos, porque este último tendrá elecciones el próximo mes de noviembre y si las tendencias actuales permanecen, es altamente probable el retorno de Donald Trump a la presidencia de ese país. Así que las relaciones podrían ser ríspidas y complejas.

México tiene derecho a buscar la autosuficiencia alimentaria, a la defensa de sus productos básicos y a hacer valer las reglas de comercio justo en el marco del T-Mec. Sin embargo, las cosas se han complicado de forma innecesaria en el caso del maíz, sea por motivos ideológicos o por subestimar el conocimiento científico. Una lección que convendría tener presente.

Pie de página: Todavía no hay mayores precisiones sobre el diseño institucional de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). No obstante, como lo reportaron Nelly Toche y Ricardo Quiroga, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum ha dicho que no habrá más presupuesto: “Pero no es crear más burocracia, es solamente elevar a rango de secretaría porque, como científica, imaginarán que una de mis prioridades es el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país. Pero no habrá más gasto de operación”. Difícil, muy difícil hacer más con menos.