Alejandro Canales Sánchez

La expectativa era que desde el primer día del nuevo periodo de gobierno habría una nueva secretaría para el sector científico y tecnológico. No ocurrió así. La condición contrasta con la rapidez que le imprimió el expresidente López Obrador a la modificación de la estructura administrativa. Algunos cambios los puso en marcha antes de comenzar su gestión.

El 30 de noviembre del 2018, es decir, el día previo a la toma de posesión del entonces candidato López Obrador, el todavía presidente Peña Nieto emitió dos decretos de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). ¿Usted los recuerda?

Uno de los decretos reformó el breve artículo 21 y le añadió unos párrafos para ampliar las atribuciones del ejecutivo federal para constituir comisiones. El artículo original solamente preveía la constitución de comisiones intersecretariales, la reforma amplió a dos tipos más de comisiones: las consultivas y las presidenciales (DOF. 30.11.2018).

Los tres tipos de comisión podían ser creadas por decreto y presididas por el presidente o por la persona que él designara. Al parecer, estaba en el horizonte atender el grave problema de la seguridad pública, ajustando funciones relacionadas entre unas y otras secretarías de Estado.

En la misma víspera de la toma de posesión, el otro decreto incluyó numerosos cambios a la estructura de la administración pública. La figura de Consejero Jurídico de Gobierno que está prevista en la Constitución, quedó como Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependiente del presidente, tanto como su nombramiento y remoción (DOF. 30.11.2024).

El mismo ejecutivo federal, según el decreto, también contaría con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo Social en todas las entidades federativas, los que después serían llamados los súper delegados. Igualmente, quedó constituida la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la anterior Secretaría de Desarrollo Social fue renombrada como Secretaría del Bienestar, entre otras modificaciones.

Los principales cambios en la Administración Pública Federal, como se podrá advertir, fueron diseñados en el periodo de transición y firmados por el gobierno que concluía sus funciones. Al parecer, lo primordial eran las prioridades del ejecutivo federal: el problema de la seguridad, el manejo político y el desarrollo social.

Tal vez ahora las prioridades sean otras, hubo reformas, grandes reformas, en el último mes del periodo de la transición, pero no sobre el sector científico y tecnológico, tampoco sobre educación.

¿Importa la demora en la instauración de la nueva secretaría? No mucho, la verdad. Sin embargo, hay dos componentes que son clave: su nivel de financiamiento y su diseño institucional. En ambos casos las perspectivas no son muy prometedoras.

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, en el periodo de transición, que elevaría el actual Conahcyt a rango de secretaría de Estado, también especificó que ese cambio no implicaría un monto mayor de financiamiento. El organismo logró poco con el nivel de financiamiento que tiene y así seguirá si opera con los mismos recursos.

Las limitaciones en la estructura administrativa y en los gastos de operación de las secretarías de Estado fueron reglamentados en el sexenio anterior y, de nueva cuenta, la presidenta también anticipó que se sostendrían de la misma forma. No se requiere una administración desbordada para dinamizar un sector, pero resulta difícil lograrlo con las restricciones que se han impuesto.

Seguramente la nueva secretaría de ciencia se definirá cuando se presente el paquete económico para el año próximo, porque ahí se detallan los ramos de gasto y la distribución de los recursos públicos. Quizás los recursos financieros que se destinen a los nuevos modelos universitarios que piensan implementar, no mostrará la escala que adoptará la iniciativa.

Lo anotamos en este Acelerador de Partículas, la semana pasada, el paquete lo entregará el gobierno federal a más tardar el 15 de noviembre y luego el Congreso tomará su tiempo para aprobarlo. Así que posiblemente la nueva estructura administrativa sea una realidad hasta el final de este año o en el inicio del próximo.

Pie de página: La doctora Carmen Rodríguez Armenta, precisa la página electrónica de la SEP: “Actualmente continúa como Titular de la DGESUI y también se desempeña como la encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP”.