Alejandro Canales Sánchez

La administración anterior modificó la organización de los posgrados en México. Sin embargo, fue una medida improvisada y técnicamente deficiente, espoleada no por un diagnóstico riguroso, sino por motivaciones ideológicas. Y, como ocurrió con muchas otras iniciativas, las justificaciones se elaboraron sobre la marcha; los efectos fueron y son controvertidos.

El gobierno federal, en el periodo 2018-2024, insistió en que los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, habían privilegiado el interés privado y transferido cuantiosos recursos líquidos, en detrimento del interés público. Así que se planteó otorgarle un mayor respaldo gubernamental a los programas de instituciones públicas y suprimir el apoyo a las instituciones particulares.

Una narrativa que prevaleció para todos los programas en el sector científico y tecnológico, aunque no solamente en ese sector. En realidad, fue un lineamiento general para toda la administración pública y se reflejó en una concentración de las decisiones, la eliminación de los organismos intermedios y la cancelación de apoyos al sector privado.

La forma de organización del posgrado, hasta el primer semestre del año 2021, era a través del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Esto es, como lo indicaba su nombre, un listado de programas de posgrados en distintas categorías conforme nivel de desempeño y consolidación, un mecanismo para diferenciar los programas y la correspondiente asignación de becas.

Los programas que pertenecían al Padrón, ya fueran de instituciones públicas o privadas, tenían distintos beneficios. Uno de los más sobresalientes era el aseguramiento de beca para todos los jóvenes que se matricularan. Por el contrario, los programas fuera del PNPC no recibían ningún apoyo.

Sin embargo, en el año 2021, la autoridad del sector, en comunicado público, informó que sustituiría el PNPC para “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país” (Comunicado 226/2021). En aquel momento no informó qué modelo sería ni cómo operaría la sustitución.

Tal vez tampoco lo sabía la propia autoridad, porque al año siguiente, en el 2022, solamente mencionó que se creaba el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), pero no especificó qué criterios utilizaría para integrar ese sistema. No obstante, sí modificó el reglamento de las becas y estableció nuevos lineamientos, entre ellos, la entrega directa de becas –sin intermediación de un Padrón o de cualquier otro organismo-, el fomento al posgrado público, rechazo a los posgrados profesionalizantes y a las evaluaciones cuantitativas.

Las señales cambiaron para los jóvenes aspirantes a estudiar un posgrado. La dificultad mayor fue que no estaba claro cuál era el modelo de posgrado que entraría en operación y los jóvenes no tenían ninguna certeza de si el programa en el que querían matricularse recibiría o no becas gubernamentales.

A su vez, la autoridad tampoco tenía claro cómo agrupar los miles de programas de posgrado en México para la distribución de las becas. No existían criterios precisos para distinguir y explicar públicamente cuáles programas se podían agrupar en la categoría de investigación y cuáles como profesionalizantes, salvo que debían ser programas acreditados por la SEP o la diferenciación entre programas del sector público y los del privado.

Los jóvenes estaban en la incertidumbre porque desconocían en qué categoría estaba el programa de su preferencia y si era más factible que obtuvieran una beca en un área discipliaria o en otra. La decisión sobre la agrupación de los programas y de quiénes recibirían beca, quedó en manos de la Junta de Gobierno del entonces Conahcyt. Sin embargo, los aspirantes no estaban conformes y las protestas públicas no se hicieron esperar. Incluso, la incertidumbre y la inconformidad también se extendió a los directivos de algunas instituciones de educación superior.

Al final, el antiguo Conahcyt emitió los lineamientos generales del SNP, incluyó las categorías de clasificación de los programas y el mecanismo de asignación de becas (DOF. 16.08.2023). Sin embargo, la controversia sobre la organización del posgrado no quedó zanjada, tampoco la distribución de responsabilidades ni los criterios para la asignación de las becas que continuó depositada en la Junta de Gobierno. La organización del posgrado estaba trastocada.

Ahora, la actual administración, emitió unos nuevos lineamientos. Los principios y las bases de organización no cambiaron, persisten las del período anterior, aunque incluye mayores responsabilidades para las coordinaciones. Las modificaciones las examinaremos aquí en la próxima entrega.

Pie de página: A propósito: La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación pagará becas a alumnos de posgrado del Cinvestav, pero no habrá para todos (Animal Político. 11.03.2025).// Lo inaudito: La profesora Martha Rodríguez, asesora de la ministra Yazmín Esquivel, cuya tesis fue señalada de plagio, logró una sentencia condenatoria por daño moral en contra del ex rector Enrique Graue y del director de la FES-Aragón Fernando Macedo (La Silla Rota 17.03.2025).// El Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), ante la próxima e inminente desaparición de esa Comisión, envió un pronunciamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitarle, entre otros aspectos, que no se afecten los derechos laborales del medio millar de trabajadores.