Manuel Gil Antón

Preguntar. Dicen los que saben que en materia educativa, en el avance del conocimiento y en el ejercicio de la ciudadanía, dudar es indispensable. Un buen estudiante no es el que repite lo dictado. Cambiar las preguntas desarrolla el saber: las nuevas respuestas dependen de otro modo de interrogar, y la participación política encuentra su más acabada expresión en la crítica frente al silencio de gobiernos altaneros. Preguntar abre espacios para el debate: ese diálogo propicia aprender si se sabe escuchar.

Propongo tres, a mi juicio urgentes, y me comprometo a considerar las respuestas con atención.

Primera: más de 70 mil egresados de normales o escuelas diversas, se han registrado para hacer los exámenes que prepara el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con el fin de obtener una plaza en la educación básica. Parte de estos instrumentos se destina a “medir” la ética y responsabilidad profesional de los aspirantes. ¿Es posible advertir, de manera confiable y válida, la actitud ética y el respeto a las normas del ejercicio responsable de la profesión docente a través de un examen de opción múltiple, como se indica en la convocatoria? Esta evaluación es de alto impacto. De ella depende algo más que obtener un empleo. Se afirma algo central sobre miles de personas y su actitud futura, en dimensiones que tocan lo más hondo del oficio: la probidad. Por las mismas razones a las que aluden (éticas y profesionales) es necesario que el INEE demuestre la certidumbre que sus instrumentos aportan. Lo dudo, pero estoy dispuesto a escuchar argumentos y, sobre todo, a analizar las pruebas empíricas que muestren que quien aprueba es, y será, ético y profesional en su trabajo, y el que no, no.

Segunda: si no yerro, el espacio radioeléctrico es de todos. El Estado lo administra y hay instituciones con facultades reglamentadas para concesionarlo. No hay venta: se otorga licencia temporal para su uso a cambio de un pago. Quien cuenta con ella no es el dueño. Sigue siendo público. Entonces, ¿no prevalecen los derechos de libertad de expresión sobre las afinidades políticas de los concesionarios? El ejercicio de la crítica, apegada a códigos éticos públicos, ¿es un derecho de la audiencia? ¿No es parte de nuestra actitud ciudadana reivindicar la garantía constitucional en el ámbito público en que ocurre? ¿Valen más los lineamientos de control de quien administra lo nuestro, que la legalidad que ha de ser tutelada por el Estado, si es derecho y de Derecho? Si una carretera se concesiona, ¿puede quien tiene esa licencia impedir que la usen ciertos autos, de manera arbitraria, aunque cumplan con el pago que fue convenido como elemento temporal en la construcción y manejo de esa vía? Lo dudo, sí, pero puedo estar equivocado. ¿Cuáles son los argumentos que dan sustento legal a regulaciones de particulares que pueden violar derechos de circulación de personas o ideas?

Tercera: un partido político miente, viola la ley con esmero. Se le multa de una manera peculiar, pues “paga” al no recibir el dinero público previsto. Los responsables no ponen un solo peso de sus bolsillos. Son delincuentes. Tampoco se clausura el negocio.

Colegas apreciados dicen que la solución es no votar por ellos. ¿Y las leyes que estipulan que si infringen la ley de manera reiterada se les ha de quitar el registro? Son entidades de interés público. ¿Vale que la autoridad invite a los ciudadanos a que resuelvan el fraude con el látigo de su desprecio? Lo dudo. ¿Dispensa o alivia en algo lo remiso del INE, en caso de serlo, porque las multas se destinan a la ciencia? No. A menos que los investigadores se alegren de tener más dinero gracias al incremento de la ilegalidad. En las tres cuestiones hay aspectos éticos centrales. Es el problema crucial del país. Tal vez.