Manuel Gil Antón

El gobierno federal interpuso, ante la Corte, un procedimiento en contra de cuatro Congresos estatales por fallas u omisión en el proceso de armonizar las leyes educativas locales con la reforma educativa constitucional y sus consecuencias legales aparentemente “secundarias”. La controversia incluye a los gobernadores también. Tres quejas son por inconsistencia en lo hecho (Chiapas, Michoacán y Sonora), y la otra para Oaxaca pues, en el plazo establecido, no ha iniciado el ajuste a su legislación. El tribunal dio entrada a las impugnaciones y se desahogará el asunto como corresponde a un Estado democrático que cuenta con instituciones para resolver desacuerdos. Se estudiará la queja, habrá espacio para escuchar a las partes y el tribunal superior emitirá su fallo. Ya lo sabremos.

En Veracruz, por otro lado, se salvaron porque llegó el pitazo a tiempo: enterado que estaban en la lista negra de los congresos y ejecutivos locales a los que la Presidencia impugnaría, el señor gobernador, ni tardo ni perezoso, mandó enmendar 10 artículos problemáticos de la muy recién aprobada legislación local. ¿Mandó? Sí, tal cual: aprovechó la mayoría priísta de la que dispone en “su” Congreso y bastaron horas para resolver el entuerto. Ajustó todo para beneplácito de la armonía. Quedó perfecto. La importancia de tener buenos contactos.

El caso que se presentó en la tierra de los escualos da lugar a pensar en la necesidad de contar con un recurso adicional por parte de los ciudadanos, debido a que es muy difícil, diría imposible, que esto lo considere digno de atención la Consejería Jurídica en Los Pinos: controversias constitucionales contra gobernadores que atropellan la división de poderes, así como a legislativos locales que ni siquiera leen la ley, ni entienden la reforma constitucional: no les importa. Levantan el dedo a la vieja y renovada usanza y quedan a salvo de cualquier impugnación. Tribunos ejemplares. No deberían quedar fuera de impugnación grave los que no acatan la ley, sino instrucciones. De esta actitud deriva el servilismo perfectamente legaloide, aunque irresponsable y fuente de la contrahechura del centralismo mal llamado federal. ¿En cuántas entidades los gobernadores y Congresos hicieron un trabajo serio para armonizar las regulaciones en materia educativa? ¿En cuántos recibieron la tarea ya hecha? Misterio.

Urge una buena dosis de indignación por ausencia de impugnaciones ante esta flagrante violación a la decencia, y por eludir la mínima responsabilidad de diputados locales: entender el cambio constitucional y ubicar en su cauce y circunstancia los ordenamientos estatales.

No es ajeno a este proceder el Congreso federal: recordemos que la Ley del Servicio Profesional Docente se aprobó la noche del 1 de septiembre para sorpresa de todos. ¿Se leyó y valoró en sus méritos, o se advirtieron problemas a través de un diálogo legislativo? No. El reglamento dice que el dictamen debe ser conocido con suficiente tiempo para analizarlo. Se entregó, hay constancia, en ese momento, minutos antes de la aprobación. ¿No ha lugar, señores juristas de la casa presidencial, a una controversia o al menos un comentario? Al parecer, si la violación a las normas favorece a quien manda no hay problema, pero si lleva a contradecir su voluntad urge iniciar el litigio.

¿Demoras en el cumplimiento de los plazos que los propios legisladores se imponen? Abundan. ¿Controversias por ello? Ninguna. Y a la inversa: generación de leyes secundarias a la trompa talega, o al servicio de algunos grupos aunque contradigan lo reformado en la Constitución: muchas.

El diablo está, sí, en los detalles, pero el infierno en la perversión que convierte a lo secundario en primario, y las controversias en actos discrecionales, selectivos: hágase justicia cuando falte obediencia.