Manuel Gil Antón

Prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro. Más vale ser historiador que profeta. No adelantemos vísperas. Hay que esperar, aunque ¿Quién puede ponerle puertas al viento en descampado? ¿Alguien conoce las bridas para tal empeño? Somos seres que procuran anticipar lo venidero. Valga el riesgo: el año que viene, en materia educativa, estará marcado por el traslado (y la resistencia estridente o soterrada) de las intenciones de la reforma constitucional, en leyes adecuadas y coherentes que den soporte, luego, a los procedimientos e instituciones que se han propuesto. ¿Qué nos aguarda? La aprobación, por suficientes congresos locales, de la Reforma Educativa de manera que las enmiendas y adiciones sean parte de la Constitución.

No parece haber problemas para ello. Después iniciará el pasaje del texto a lo que se pueda hacer en un complicado contexto: modificar el artículo Tercero no fue sencillo; lo parecerá, y mucho, en comparación a las modificaciones legales que siguen, y, sobre todo, frente a la necesidad de realizar los cambios necesarios en la añeja tradición cristalizada en desaseados usos y peores costumbres.

Resulta imprescindible modificar la Ley General de Educación (LGE): ¿cómo se reflejará en ella, por ejemplo, el cambio en los procesos de ingreso, promoción y permanencia del magisterio? En ese fino trabajo que haga compatibles los propósitos constituidos con normas adecuadas, se verá de qué está hecha esta Legislatura.

No es menor la tarea pues las contradicciones y huecos entre lo aprobado y su reglamentación destrozan las mejores intenciones. Tenemos experiencia en tales desaciertos. Al revisar la situación actual hay, al menos, dos problemas. Por un lado, mientras el artículo Tercero estipula que la educación que imparta el Estado será gratuita, la LGE auspicia lo contrario. El artículo 65 señala como derecho de los padres colaborar con las autoridades escolares “…en el mejoramiento de los establecimientos educativos”.

Refiriéndose a las Asociaciones de Padres de Familia, el 67 indica que “tendrán por objeto”, entre otros: “Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar”.

Los Consejos de Participación Social (artículos 69 y 70) están “facultados” para convocar a la comunidad con el fin de llevar a cabo “…trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares”, y obtener “…recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública”.

Mejorar planteles cuesta. Cooperar implica aportaciones ya sea en dinero, donaciones o trabajo: cuotas. Ofende que la LGE diga que son necesarios, y han de obtenerse, recursos adicionales para mantener las escuelas. La gratuidad no admite grados: si la escuela pública cobra un peso, será barata.

Debe ser accesible sin costo alguno porque es responsabilidad del Estado ofrecerla, y con calidad, a todos los mexicanos con independencia de su condición económica. No es gratuita para que vayan los pobres: lo es porque importa que sea igual para todos. Se trata de la incondicionalidad de un bien público fundamental. Es un derecho, no una oferta. El otro caso de incoherencia aparece en el artículo 75 en que se detallan las infracciones al proceso educativo.

Luego de enlistarlas hay un agregado: “Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos.” Un acuerdo sustituye a lo que manda la LGE, pese a ser la que regula lo establecido en la Constitución.

La excepción a cumplir la ley proviene de la misma ley. ¿La nueva será consistente con los cambios, o vía de escape para eludirlos y anularlos? No es menor el paso a dar, ni fácil: los mandones saben que ahí, en la “letra pequeña” del contrato educativo, hay espacio para pactar todo. Se preparan desde ahora. Para los ciudadanos sólo hay una de dos: ¿los dejamos solos o le entramos? Nada más.