Manuel Gil Antón

Tiene cinco años. Ojos apagados. Mira al suelo. Relata que lo lastimaron metiéndose en su cuerpo muchas veces. Le dolía. Abuso sexual, violación, pederastia. Palabras que no entiende. Él y más de 30 niños de su edad sólo sienten el desgarro, la piel herida, estirada por la brutalidad; confusión, dolor, no saber cómo se trasiega con el silencio frente al miedo. ¿Así ha de ser vivir? Germina la raíz de un recuerdo futuro del pavor indecible. Las madres, azoradas, temerosas, ignorando sus derechos o cómo se ejercen, callaban. Carajo, esto sucedió en una escuela pública, en un preescolar. Durante más de un año. Tan lejos de la antigua expresión: jardín de niños. ¡Qué va! Peor que el desierto. César Vallejo, el gran poeta peruano, escribió sobre la España que resistía al inmenso crimen de Franco: “Niños del mundo/ si cae España —digo, es un decir—/… ¡qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano! ¡qué viejo vuestro 2 en el cuaderno!” Cuánta razón llevaba.

En una escuela de todos nosotros —eso quiere decir que es pública— donde van los niños confiados a aprender y jugar; el sitio en el que tienen que estar pues es obligatorio asistir como marca la ley; el inicio del trayecto por los libros, las letras, los dibujos. En ese lugar donde es imprescindible la confianza y se convive con otros que nos hacen ser nosotros, en la escuela Maestro Andrés Oscoy, situada en Iztapalapa, han ocurrido estos hechos: la directora, el maestro de deportes, un empleado de intendencia y el conserje, cómplices, usaron a esos niños como si fuesen cosas. Les magullaron el cuerpo y el futuro, abusaron de su poder: “… te acuso con tus padres si dices algo o sigues llorando. ¿No ves que te quiero?”

Es imprescindible decir, por elemental justicia, que en la mayoría de las escuelas de preescolar públicas esto de ninguna manera ocurre. Que en las de sostenimiento privado tampoco, aunque ha habido casos en ellas, y terribles, amparando las violaciones en nombre de Dios y esperpentos de santos, coludidos y amparados. La mayoría de las profesoras y profesores son de una probidad intachable, afectuosos, sí, pero fincan su trabajo en el respeto.

No hay duda, es un caso y generalizar no vale. Pero no puede pasar inadvertido, ni otros que, por desgracia, van apareciendo en algunas escuelas de todo tipo. Las autoridades educativas —la Administración Federal en el DF— ¿harán frente a este tipo de problemas, acaso, como la Iglesia Católica: cambiando de diócesis a los curas delincuentes? ¿Mudarlos de plantel o de zona escolar es lo que corresponde a un dizque “compañerismo” (pura complicidad), a la salvaguarda del “honor” de las escuelas, a la protección por parte del sindicato y sus socios de la SEP de los “derechos” de los trabajadores, hagan lo que hagan?

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. ha tomado el caso de esta escuela. (La dirige Margarita Griesbach: 5211 5946. Hay que apoyarles.) Sus integrantes y abogados se afanan por demostrar la gravedad de los hechos que lastimaron a los niños y a toda la sociedad. Esos cuatro están siendo procesados. Bien. Pero no es ocioso, sino imperativo, preguntar a la autoridad: ¿qué pasa con la supervisión, la inspección e incluso la coordinación regional? ¿Por qué, en lugar de hacer que se agoten en llenar formatos inútiles, no se abocan a cuidar escrupulosamente la integridad de los niños? Ya conocido este problema (¿para tapar el pozo?) se organizaron en la zona talleres para que los padres adviertan síntomas y denuncien probables conductas similares. Es, dicen, asunto exclusivo de personas que se incrustaron en el sistema. No asumen su corresponsabilidad: con los cursos tardíos, se lavan las manos e incluso afirman que no son tantos los niños afectados. “No exageren”. ¿Con qué cara pueden decir eso los funcionarios irresponsables e indolentes? Niños que fuimos nosotros. Niños que son nuestros hijos: si la escuela cae —digo, es un decir— “¡Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto/ hasta la letra en que nació la pena!”