Manuel Gil Antón

Los signos de No Estacionarse que hay en la calle República de El Salvador son tantos como los de Venustiano Carranza, la siguiente cuadra. En la primera hay coches estacionados hasta en doble fila; en Carranza ninguno. ¿Cuál es la diferencia? Se diría que los abundantes negocios de computación. Si se mira bien, lo que no hay en Carranza y sobra en El Salvador son policías. ¿Por qué dónde están los encargados de hacer cumplir la ley ocurren infracciones al por mayor? Un señor estaciona su carro donde no se puede. Le dice al agente que se acerca: “no más es un ratito, oficial; deme chance… Le doy pal chesco.” El policía asiente: “órale, apúrese”. Y como ha accedido a peticiones similares a lo largo de su tramo de calle procura agilizar el tráfico por el carril que sobra. Circulando…

Mal andamos cuando los que han de aplicar la ley son, casi siempre, instrumento necesario para pactar su incumplimiento. Si no hay con quién “arreglarme”, no dejo el coche en sitio prohibido. Hay otra modalidad: el intermediario. “No se preocupe jefe, se lo cuido. No se lo lleva la grúa; son mis cuates”. El coyote ya negoció con la autoridad el “derecho” a no cumplir la norma para sus clientes y cómplices.

La raíz de la impunidad en que descansa el hoy repudiado, con razón, “derecho de piso” que exigen los delincuentes, se finca en la costumbre que el acuerdo con el representante de la ley sea imprescindible para eludir lo establecido. Esa extorsión da continuidad a lo que las autoridades han construido, alentado y permitido interesadamente, durante décadas, como el proceder adecuado en la relación del individuo y las normas.

Se paga el derecho a mal estacionarse; a no atender los requisitos de seguridad de una guardería; sin efectivo, la conexión a la electricidad para la fábrica no ocurre. Cuesta que el servicio de limpia recoja la basura; una feria se requiere para que la grúa no se lleve a los clientes de mi taquería. ¿Cambiar el uso de suelo para poner la oficina en pleno bosque? Se lo dejo a su criterio. ¿A cuánto está el derecho de piso para el que hace malabares en una esquina o pide limosna? Si no le entras, no puedes vender en este mercado sobre monedas: la líder junta contribuciones y reparte lo convenido a la autoridad, que no debe permitir la privatización de la calle. ¿Cuánto hay que soltar, empezando por la secretaria del juez, con tal de que el expediente suba en la pila de pendientes? Sin aceite los procedimientos legales y administrativos se atoran. Los casinos pagan doble: al que desde el gobierno los autoriza sin salidas de emergencia, y a los (otros) delincuentes para no destruirlos con todo y parroquianos.

La cúpula del SNTE vende, y muy caro, a la SEP y al Ejecutivo un derecho de piso peculiar: el control del gremio y operaciones electorales opacas. Se le paga puntualmente con dinero público y en menoscabo de la educación. Les conviene. Lo presumen como coordinación institucional virtuosa o como forma inevitable de “hacer honor” a un compromiso heredado. No pasa nada.

Hay otra modalidad de esta plaga en materia educativa: las cuotas “voluntarias” que rompen la gratuidad constitucional. Venturosamente, dicen, son signo de participación social. Falso. Si no pagas, la sanción de los demás (cuando no la negativa a inscribir al niño) es fuerte. Extorsión real y simbólica.

Amplias zonas de la vida social las regula el Estado y sus instituciones de manera semejante a las del crimen organizado. Lo hace abusando del monopolio exclusivo de la violencia legítima. Así otorga beneficios, obtiene lealtades y se apodera de rentas lícitas o ilícitas de la comunidad a la que debería tratar de acuerdo a la ley. El peor derecho de piso cobrable es el que ejerce la autoridad. La más oprobiosa delincuencia organizada es la que surge del gobierno y sus agencias.

Vivir educa. Más que la escuela. Esto lo ven y viven los niños. Aprenden. En muchas casas no se leerá a 100 por hora, pero se habla de estas transacciones y parecen inevitables. Es civismo y ética vital. Formación profunda a la que no mella un libro insulso en al materia. ¿Seguimos, seguiremos pagando?