Manuel Gil Antón

Regresó don José a casa. Era viernes. Venía de recoger a su nieto de la escuela y cargaba un pupitre desvencijado. El sábado dedicó algunas horas a repararlo. El viejo mesabanco necesitaba atención urgente: rehacer las patas, una buena lijada para darle dos capas de pintura color chocolate. Hay que llevarlo el lunes a la escuela.

¿Qué significa un abuelo reparando el pupitre de su nieto? ¿Qué implica que, de no llevarlo el lunes, el muchacho no tendrá dónde sentarse en el aula? Más allá de una mirada bucólica, este hecho, solo como ejemplo, conduce a una pregunta: ¿es gratuita la educación básica que imparte el Estado? La Constitución así lo indica. La gratuidad no admite grados. Si algo cuesta un peso, será barato, pero no gratis.

En realidad, la educación pública en el nivel básico no es gratuita y, por si no bastara esta contradicción, cuesta más a los que menos tienen. No se cumple con el principio de gratuidad por dos razones: el Estado no aporta, lo hacen las familias, los materiales educativos que rebasen los libros de texto. Cada año se publica la lista de los útiles escolares, e incluso hay campañas para que les salga más barato adquirirlos en grupo. Se destinan otros pesos, y no pocos, en aspectos necesarios como el transporte y los alimentos del recreo.

La segunda razón es que, como en el caso de Don José, hay constantes solicitudes de cuotas "voluntarias", ya sea en dinero, trabajo (reparar el pupitre) o especie. Incluso, a los más pobres, se les pide que aporten el terreno, construyan las aulas y la casa del maestro. Le dan de comer. Eso tiene un costo. Afirmar que así hacen suya a la escuela es eludir el problema. La obligación del Estado es brindar educación de calidad y, a la vez, gratuita. Sólo con el hecho de autorizar como hace la Ley General de Educación, reglamentaria del artículo tercero constitucional que los padres de familia aporten a las escuelas contribuciones, se sigue lógicamente que la educación pública en México es barata (desde el punto de vista de los que pueden pagar educación privada) y está ubicada en una especie de mercado informal.

En la educación privada, al pagar se otorga una factura dado que es un intercambio formal. Es necesaria también, ya, para deducir impuestos. En cambio, las cuotas, mal llamadas voluntarias pues en muchas ocasiones se imponen como condición para inscribir al niño, o en otras la sanción social de los padres y compañeros es implacable, se aportan sin posibilidad de recuperar ni siquiera una parte de esa contribución indebida.

Para que la gratuidad en la educación básica se cumpla, como indica la Constitución, ha de ser convertida en un derecho exigible por parte de los ciudadanos. Obliga, entonces, a que el Estado se haga cargo de los costos directos de una infraestructura digna en los planteles mobiliario, baños, vidrios en las ventanas, mantenimiento y también de los costos indirectos, como los útiles escolares. De este modo, será gratuita. Una vez establecido este piso elemental para todos, un rasgo de equidad básico, tendrán sentido las becas para que no se abandone la escuela por razones económicas, o las donaciones de instituciones filantrópicas. Hoy, las cuotas (dizque) voluntarias, el gasto indirecto de las familias e incluso los goles por la educación o el "redondeo", están sustituyendo la obligación estatal de sostener, con niveles adecuados de calidad, la educación en la escuela a la que asiste la mayoría de los mexicanos. No es que Don José no pueda reparar el pupitre; el asunto es que el gobierno tiene que dotar de mobiliario digno a los planteles. La participación social en la educación es vital, pero no pasa por hacerse cargo de lo que ha de sostenerse con el dinero público bien gastado. Recursos hay. Falta coherencia legal y una perspectiva orientada por la equidad en serio.