Manuel Gil Antón

Cuando el maestro Lujambio entregó reconocimientos a 49 instituciones de educación superior, en su discurso afirmó que la creación de 75 nuevas escuelas de ese nivel en lo que va del sexenio “es una cachetada con guante blanco a quien dice que a este gobierno no le importan los jóvenes”. Fiel a su estilo, enfático, advirtió que no se vale “regatear” al gobierno esos logros. En otras ocasiones, con enfado notable, ha dicho que los logros en esta materia son “del tamaño de una catedral”, a pesar de los que se empeñan en desconocerlos.

Ese día aportó un dato importante: “En la última década se han creado uno de cada tres espacios para la educación superior en México”. En otras palabras, esto significa que un tercio del total de la matrícula actual se ha generado a partir de la llegada del PAN a Los Pinos.

Es extraño, por decir lo menos, que un gobierno reparta cachetadas, así sea con guantes impolutos; califique a la crítica o al escepticismo sobre su labor como regateo ante la “objetividad” de sus resultados, y que reclame, a través de un funcionario de tan alto nivel, a quienes, tercos, no quieren ver catedrales. Si ahí están…

Quizá fuera mejor otro tipo de lenguaje y diferente tono, pero sobre todo distinta la actitud frente a la discrepancia, pero como no hay más cera que la que arde, y para no regatear, vale la pena atender a lo dicho por el señor secretario.

Según las cifras del IV Informe de Gobierno, es correcto lo que indicó Alonso Lujambio: en el ciclo escolar 2000-2001 había un millón 919 mil alumnos de educación superior en la modalidad escolarizada, sin contar al posgrado; 10 años después, se estima que hay 2 millones 766 mil. El incremento es de 847 mil espacios, lo que significa 31% del total. Casi un tercio. Igual proporción se obtiene si se incluye al posgrado.

Ahora bien: ese número de nuevos sitios ha sido producido por alguien. No han brotado por generación espontánea. La misma fuente permite distinguir que del total de nuevos lugares, algunos son parte del sector público y otros del privado. Esto conduce a una vuelta de tuerca interesante: del crecimiento total de la matrícula en la década, el sector público no ha sido el único proveedor. Ha aportado el 70%. De cada 10 nuevos lugares, siete han sido generados con base en recursos fiscales, y tres por inversión de particulares.

Esta precisión no contradice lo dicho por el maestro Lujambio; sólo distingue las fuentes financieras del incremento. ¿Para qué? Para matizar las cosas: en la misma reunión, el subsecretario de educación superior, Rodolfo Tuirán, afirmó que el 80% de los alumnos de universidades privadas, realizan sus estudios “en programas que no cuentan con la certificación de calidad”. Expuso que dos de cada tres programas de estudio en instituciones particulares no cuentan con prácticas ni mecanismos de aseguramiento de la calidad. Pero, ¿sabe usted, estimado lector, con lo que sí cuentan? Con los famosos RVOE, esto es, con el Reconocimiento de la Validez Oficial de los Estudios, documento que otorga (¿obsequia?) la SEP federal, o las estatales en su caso, a las instituciones privadas que lo solicitan para que sean reconocidos “de manera oficial” (y por ende, válidos para el ejercicio profesional) los títulos que otorgan (¿venden?) a sus egresados.

La SEP del PAN puede, con toda razón, presumir que en lo que va de sus dos gestiones federales, se ha generado una tercera parte de la matrícula total con que cuenta el país, pero si de lo que se trata no es de ampliar a la trompa talega el acceso simple a un pupitre, sino asegurar el acceso al conocimiento relevante, hay varias preguntas que hacer: ¿Se ha cuidado seriamente la calidad de los insumos en la conformación de nuevas instituciones públicas? ¿Ha crecido la capacidad para atender bien a más estudiantes en las instituciones públicas de viejo cuño, o se han hinchado las listas y atiborrado los salones para beneficio de las cuentas oficiales? Eso es lo que importa aclarar.

Y no es ocioso preguntar, todo lo contrario, si la tercera parte del crecimiento presumido, que ocurrió en instituciones particulares, lo hizo con estándares adecuados para ser, realmente, educación superior. A la autoridad educativa le compete, por ley, asegurar la validez de los estudios que imparten los particulares; si eso puede ocurrir, y ha ocurrido, sin que los dueños tengan ni procuren mecanismos para asegurar la calidad de los programas que ofrecen, lo que está en duda no es la cantidad de nuevos sitios de estudio, sino su pertinencia.

Hay más lugares, sí. No regateo. Pero se vale cuestionar. Es más, se requiere hacerlo: ¿tiene el país más sitios para estudiar, o sólo incrementó el número de pupitres? ¿Son crecientes los espacios para encontrarse con el saber, o se han multiplicado las licencias baratas para lucrar con la esperanza de las familias y los jóvenes, y embellecer estadísticas? Es eso lo que una autoridad que se precie de serlo ha de explicar.