Manuel Gil Antón

Otra vez se le presenta una oportunidad inmejorable al maestro Alonso Lujambio de unir su vocación por la transparencia con la responsabilidad que implica ocupar el ya mítico despacho, y escritorio, de don José Vasconcelos.

Un segundo antes de ser nombrado secretario de Educación Pública, era el consejero presidente del IFAI. Llegaría, se supone, por elemental coherencia entre los valores que se defienden en el IFAI, y la importancia de la educación pública, la transparencia, la rendición de cuentas y claridad en una secretaría de estado con zonas muy opacas. Casi negras.

Alberto Cuenca dio a conocer en EL UNIVERSAL, que la Auditoria Superior de la Federación encontró dos irregularidades relevantes al revisar las cuentas de la SEP en 2008: por un lado, 134 millones para pagar a 670 comisionados del SNTE que, paradójicamente, tenían a cargo encomiendas sindicales “sin goce de sueldo”.

Y por el otro, que se otorgaron 17 millones 325 mil pesos a los jerarcas del sindicato para asignar 13 mil 544 becas. A su libre albedrío: sin regulación alguna.

El oficial mayor, Bernal Miranda, afirmó que la SEP está averiguando lo que sucedió para responder a la Auditoría como debe ser, en el plazo establecido: hasta el 10 de abril. Falta poco. Ojalá se haga con apego a la verdad.

Para comprender la magnitud del problema, en cuanto a los 134 millones destinados al pago indebido de 670 comisionados sindicales, una simple división arroja que —si se trata del 2008 nada más— a cada uno se le entregó en promedio 200 mil pesos en números cerrados. Entre 12 meses, la cifra (de nuevo en promedio) es de 16 mil 679 pesos, lo cual significa 556 pesos diarios: cerca de diez salarios mínimos cada 24 horas.

No es mal sueldo en nuestros tiempos, sobre todo si la labor sindical estipula que no se deben percibir ingresos por realizarla y mucho menos otorgados por la secretaría.

Con respecto a las becas, otro ejercicio de aproximación —que esperemos se aclare con la rendición de cuentas de la SEP— es que al dividir los 17 millones entre la cantidad de becas, el saldo es de 1,280 pesos.

Supongamos que son mensuales. Entonces, cada beca significó 15 mil 350 al año. Cerrando el círculo, esa cantidad es suficiente para dar tal ayuda a mil 129 personas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Misterio.

A pesar de lo impreciso de estos cálculos, dada la falta de información específica, es ilustrativo saber que lo presuntamente entregado sin fundamento legal al sindicato, sería equivalente a 670 personas cobrando, ilegalmente, más de 16 mil pesos al mes, y la graciosa concesión a una buena cantidad de hijos de sindicalizados, de mil 280 pesos mensuales por concepto de beca.

La ausencia de reglas, la falta de claridad, la misma sorpresa de los funcionarios actuales de la SEP son un indicador de opacidad.

Dirán que, en comparación con el presupuesto de la secretaría, lo que está en entredicho “no pinta”: es morralla. Pienso, luego insisto: no pintará, pero cómo mancha.

No es la cantidad lo que importa. Es la calidad y claridad en el ejercicio de la función pública educativa lo que está en juego. Y eso sí no es morralla. No son centavos ni cacahuates.