Manuel Gil Antón

Para Nacho Maldonado por sus 90 años, por las obras que ha llevado a cabo y emprenderá en adelante, y por ser, como dice Machado: “en el buen sentido de la palabra, bueno”.

En la discusión sobre el sistema para asignar estudiantes en los planteles de educación media superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, es necesario entender que no es lo mismo emplear un procedimiento para distribuir a cada persona en las diferentes opciones disponibles, que otro en el que se haya establecido, previamente, un criterio de logro mínimo o suficiente para seleccionar a quienes se acepta de acuerdo con las necesidades específicas de cada tipo de institución.

En el caso que atendemos, el asunto a resolver es el de la distribución, con visos de legitimidad académica, de cientos de miles de aspirantes en las distintas escuelas del nivel: el supuesto es que existen suficientes lugares para dar un sitio a cada sustentante, pero con diferente capacidad de absorción en los diferentes subsistemas (el Colegio de Bachilleres y los de la UNAM, por ejemplo) y planteles (la Prepa 8, o el Bachilleres 10, por mencionar un par de ellos).

Si el problema no es la cantidad de espacios total, sino la diferente posibilidad de recepción cuantitativa de cada escuela, es preciso aplicar un instrumento estandarizado —que en apariencia garantiza igualdad de oportunidades: es el mismo examen— para que, de acuerdo a la cantidad de aciertos obtenidos, se otorgue prioridad diferenciada en el acceso a los planteles a los que aspira cada persona.

En síntesis: no es el número de aciertos el que determina el cupo, sino que es el cupo posible el que determina el número de aciertos mínimo para ingresar. Si fuera un proceso de selección, sólo ingresarían los que obtengan la calificación previamente establecida como norma, y si la cantidad que lo cumpliera fuese inferior a la disposición de lugares, habría espacios vacíos.

Se ha empleado un examen de opción múltiple, con diversas versiones equivalentes en el grado de dificultad a juicio de sus hacedores (ya sea Ceneval o la UNAM). El instrumento es académico (sic), y la igualdad de oportunidades está garantizada de tal manera que la desigualdad de destinos es legítima: se basa en que el mérito individual, reflejado en la cantidad de aciertos, es el criterio de la distribución. ¿De veras?

No. La situación de la que se parte es desigual (por origen social, condiciones de vida y oportunidades equitativas de trayecto escolar previo, entre otras), y las opciones posibles ofrecen futuros incomparables. ¿Hay más “calidad educativa” en los planteles de la UNAM? No existe evidencia empírica que responda a esta pregunta. ¿Hay mayores posibilidades de ingresar, luego, a una licenciatura en la UNAM? Sin duda: el pase reglamentado, si se cumplen ciertos requisitos, lo garantiza.

El problema que enfrentamos es complejo: desigualdad de inicio, avituallamiento variable y sesgado para superar la confusión múltiple, y destinos de escolarización futura que ahondarán la desigualdad inicial.

Esta situación será la misma si se conserva o no la Comisión Metropolitana para el Ingreso a la Educación Media Superior (COMIPEMS), pues las condiciones propicias o desfavorables de arranque devienen de la estructura social y su impacto educativo previo. Y no es, sostengo, la calidad formativa que se ofrece la que genera el sesgo hacia unas instituciones, sino los diferentes circuitos escolares futuros que de ello se siguen.

Es ese el problema y las soluciones no son triviales o inmediatas. Es un reto serio para la nueva administración educativa: ha sido así para las anteriores y lo han eludido. Hay que entrarle ya. Es urgente.