Marion Lloyd

El programa federal, que empezó en 2005 con las primeras 112,000 becas, cubre el 50% o el 100% de la colegiatura en universidades privadas para estudiantes de bajos recursos. Los candidatos compiten por becas en base a su calificación en el Examen Único de Enseñanza Medio (ENEM), aplicado a los estudiantes del último año de la preparatoria a nivel nacional, y deben comprobar ingresos familiares de un máximo de 3 veces el salario mínimo (USD 1,060).

La política brasileña va a contracorriente de la tendencia en educación superior en el mundo, en donde cada vez más países están optando por sistemas de préstamos estudiantiles para financiar la expansión de su matrícula. En América Latina, los países que otorgan becas generalmente lo hacen en forma de apoyos a manutención, no para pagar colegiaturas.

ProUni representa una alternativa relativamente barata al sistema de créditos, ya que funciona a través de extender exenciones de impuestos a las 1,300 instituciones de educación superior participantes. En 2009, el gobierno dejó de percibir USD 307 millones por mantener a 248,000 becarios, según las cifras más recientes de la Receita Federal de Brasil (equivalente a la Secretaria de Hacienda). Es decir, implicó un costo promedio de USD 100 por mes por estudiante.

Aunque Brasil también tiene un programa de créditos - el Fondo de Financiamiento del Estudiante de la Educación Superior (FIES) – éste funciona como alternativa para los estudiantes que no logran inscribirse en ProUni. Además, da preferencia a estudiantes pobres, sin necesidad de un aval, y cobra una tasa de interés de entre 3 y 5.5%. En contraste, el Programa de Financiamiento a la Educación Superior, anunciado por el Presidente Calderón en México el mes pasado, está limitado a estudiantes que pueden conseguir avales y cobra el 10% de intereses.

Con Lula, ampliación de la cobertura

La política brasileña en educación superior representa un cambio en un país que durante décadas figuraba entre los más desiguales del mundo. A partir de la llegada de Luis Inácio Lula da Silva a la presidencia en 2003, el gobierno ha buscado ampliar la cobertura, de abajo para arriba. Los resultados son contundentes: la matrícula se ha duplicado para llegar a unos 6.5 millones de estudiantes en 2010.

A su vez, ha mejorado el acceso para los grupos menos favorecidos a través de políticas de acción afirmativa, en las cuales las universidades públicas dan preferencia a los egresados de las escuelas públicas, que suelen ser de menor calidad, y a los grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación racial. Desde que Rio de Janeiro se convirtió en el primer estado a adoptar estas medidas en sus universidades estatales en 2002, más del 70% de las universidades públicas han seguido la tendencia. Mientras en 2000, sólo el 8.1% de los afro-brasileños de entre 18 de 24 años llegaron a la universidad, en 2008 el 28.7% tuvieron acceso a ese nivel, según cifras del gobierno. Este grupo, descendientes de los esclavos africanos en el país, representa el 49% de la población brasileña e incluye a los que se auto-definen como negros o pardos.

En el caso de ProUni, el programa obliga a las instituciones participantes a reservar un porcentaje de las becas para afro-brasileños e indígenas equivalente a la presencia de estos grupos en la población del estado respectivo. También, están obligadas a dar preferencia a estudiantes con discapacidad y a profesores de escuelas públicas. En 2011, el 35.4% de las becas fueron otorgados a pardos, el 12.5% a negros y el 1.8 % a indígenas. El 1% fueron para personas con discapacidad y el 1% para profesores, según la página Web oficial del ProUni.

Sin duda, el nuevo enfoque gubernamental a favor de los grupos menos favorecidos merece ser aplaudido. Representa un intento de resarcimiento histórico, en un país que fue el último en el mundo en abolir la esclavitud, en 1888, y cuya distribución de ingresos sigue siendo altamente desigual.

Salvavidas a la educación privada

Pero no todo es color de rosa. La decisión por parte del gobierno de financiar la expansión en la matrícula a través del sistema privado, revela la continuidad de políticas que favorecen a este sector, con altos costos sociales.

Brasil lidera la región en el porcentaje de estudiantes de educación superior inscrito en instituciones privadas de educación superior: 75%. Con contadas excepciones, son instituciones de dudosa calidad. Mientras tanto, hay una enorme competencia por entrar a las universidades públicas, que suelen ser las mejores y producen la vasta mayoría de la investigación científica del país. El resultado es un sistema que subsidia a los ricos, mientras la mayoría de las clases media y baja no tiene otra opción más que pagar por una educación de segunda.

Esta situación no es más que un legado de la dictadura militar, que gobernó Brasil de 1964 a 1985. Aunque los gobiernos militares fortalecieron las universidades públicas, sobre todo a nivel posgrado, también facilitaron el crecimiento masivo del sector privado sin controles de calidad. Hoy en día, la mitad de la matrícula en educación superior en Brasil se encuentra en instituciones con fines de lucro, las cuales representan la mayoría de las 2,500 instituciones de educación superior en Brasil. Sin embargo, a la mitad de la década pasada muchas de estas instituciones empezaron a sufrir bajas en su matrícula, debido a la explosión en la oferta.

Ante este panorama, algunos críticos ven a ProUni como una medida de rescate por parte del gobierno al sector privado, y a las instituciones con fines de lucro en particular. Estas últimas son las más beneficiadas por el programa, ya que al ofrecer una beca por cada 10 alumnos que pagan, queden exentas a impuestos. Por ley, las instituciones sin fines de lucro ya no pagan impuestos en Brasil, pero benefician de ProUni a través de las cuotas que perciben de los estudiantes con becas de 50%, y que de otra forma no podrían asistir a instituciones privadas.

“ProUni no es nada más que una salvavidas para el sector privado”, acusó Roberto Leher, ex presidente de la Asociación Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (ANDES), durante los debates sobre el programa a finales de 2004. Presentó cifras indicando que las instituciones de educación superior privadas tenían vacantes del orden del 40%.

En años recientes, no obstante, el programa ha crecido en aceptación, en la medida que ha permitido a cientos de miles de brasileños a acceder a la educación superior. En una encuesta reciente, el 74% de los entrevistados opinó que ProUni debería ser expandido, y el 24% dijo que se debería mantenerse igual, mientras sólo el 2.5% estuvo en contra del programa. La mayoría (65%) también dijo estar de acuerdo con el exentar de impuestos a las instituciones participantes, según la encuesta realizada el año pasado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada, del gobierno federal.

Hoy, muchos expertos en educación superior en Brasil, inclusive académicos de las universidades públicas, ven a los apoyos al sector privado como un camino pragmático para mejorar el acceso a la educación superior. A pesar del enorme crecimiento en la matrícula en la última década, la matrícula bruta de este nivel es de sólo 35%, y la tasa neta (el porcentaje del grupo de edad de 18-24 años) es de sólo 16%, según cifras oficiales. Como punto de comparación, la matrícula bruta promedio de la región latinoamericana es de 37%, mientras Chile cuenta con una tasa de 59% y Argentina de 69%. México reporta una matrícula bruta de 31%, y la matrícula neta está estimada en un 24%.

“Es imposible expandir a las universidades públicas para lograr una expansión tan grande como la de las ultimas años”, dice Marcelo Knobel, vice-rector de programas de licenciatura de la Universidad de Campinas, una de las universidades públicas más prestigiosas de Brasil. “Necesitarías inversiones de mucho mayor magnitud. Hay que involucrar al sector privado.”

Argumenta que en contraste con México, en donde la mayoría de la matrícula en educación superior aún está en el sector público, Brasil no tiene otra opción más que rescatar a las instituciones privadas. Sin embargo, agrega, “la idea [de ProUni] no es mala, si viene acompañada de una acción muy fuerte en el sistema pública”.

La estrategia del gobierno brasileña es precisamente esa: fortalecer a ambos sectores con la meta de ampliar la cobertura y llegar a los sectores más pobres. Durante el gobierno de Lula (2003-2010), se crearon 10 nuevas universidades federales, sobre todo en áreas del país con poca cobertura en educación superior. Roussef, su sucesora y partidaria, anunció en agosto la creación de 4 nuevas universidades federales, 47 campus universitarios y 208 nuevas unidades de los institutos tecnológicos para 2014. Con esta expansión, el gobierno prevé aumentar la matrícula en el sector público en 850,000, lo que representaría un incremento de 44%.

Aún así, falta mucho por hacer en Brasil en términos de equidad social. En 2009, sólo el 3.3% de los jóvenes del primer quintil de ingresos estaban inscritos en educación superior, comparado con el 48.8% del quintil más alto, según la Base de Datos Socioeconómicos de América Latina y el Caribe (SEDLAC, por sus cifras en inglés). En México, en contraste, el 15.6% del quintil más pobre tiene acceso a educación superior y el 44% del quintil más alto.

ProUni está ayudando a cambiar este panorama de desigualdad, pero tiene sus propias debilidades. Por ejemplo, la escasez de apoyos adicionales de manutención para los más pobres, para evitar que se vean obligados a abandonar sus estudios. También, ha habido fraudes. En enero, el gobierno anunció que había removido del programa a 57 instituciones privadas que no habían otorgado el número de becas pactado. Peor aún, están aumentando las denuncias en contra de instituciones que cobran de más a los estudiantes con sólo el 50% de beca, elevando el costo de la matrícula para que terminen pagando más que los estudiantes sin beca.

A pesar de esos problemas, hay cada vez mayor demanda por entrar al programa. Un record de 1.2 millones de personas concursaron para las becas ProUni de 2012, un aumento de un 15% sobre el año pasado. De estos, más de 250,000 estudiantes fueron aceptados. Es decir, 10 veces más que los 25,000 estudiantes que según el Presidente Calderón se beneficiarían de su programa de préstamos estudiantiles. No sólo eso. En el caso de ProUni, la mayoría son libres de deuda.