Marion Lloyd

Su definición fiscal lo dice todo: universidades con fines de lucro. Así que no debe de sorprender el empeño con que estas instituciones persiguen ganancias, que rebasaron los 20 mil millones de dólares el año pasado en Estados Unidos. Pero sí sorprende —y ofende— el grado de complicidad que existe entre la industria de educación superior for-profit y los congresistas en Washington, sobre todos los republicanos. Juntos, buscan bloquear los intentos por parte del Presidente Obama de frenar los bien documentados problemas y abusos del sector; éstos incluyen tácticas poco éticas de reclutamiento, el bajo nivel de muchos de sus programas, y el alto nivel de endeudamiento de sus estudiantes.

La protección brindada por los republicanos a esta industria no sólo tiene implicaciones en Estados Unidos. En la última década, la industria de educación for-profit ha crecido a ritmos exponenciales en todo el mundo, incluyendo en América Latina. A grandes rasgos, la diferencia entre estas instituciones y las sin fines de lucro está en lo que hacen con sus ganancias y cómo están catalogadas en términos de su régimen fiscal: en el primer caso, dividen sus ganancias entre sus accionistas y tienen la obligación de pagar impuestos; en el segundo caso, a cambio de no pagar impuestos, tienen la obligación de reinvertir sus ganancias en la propia institución. Pero en realidad, existen muchos arreglos fiscales y la línea entre las for-profit y las not-for-profit es borrosa, sobre todo en la mayoría de los países en donde no existe legislación para reglamentar al sector no tradicional, es decir, el nuevo modelo de empresas de educación.

En Brasil, las universidades con fines de lucro ya representan la mitad de la matrícula en educación superior en el país. Y en México, las tres instituciones compradas durante la última década por Laureate Education Inc., una de las compañías for-profit más grandes de EEUU, ahora tienen inscritos más de 80,000 estudiantes a nivel superior. En 2009, la Universidad del Valle de México, que forma parte de la red Laureate, rebasó al Tec de Monterrey (institución privada sin fines lucrativos) como la institución privada con mayor matrícula a nivel superior: la UVM reportó 61,524 estudiantes en 2009 contra 60,686 en el Tec, según cifras de la Secretaría de Educación Pública.

Es, sin duda, una industria en plena expansión en todo el mundo. Y tiene amigos poderosos.

Según un documento interno atribuido a la industria, los líderes republicanos en Washington están “dirigiendo” la estrategia de cabildeo de las for-profit en el Congreso estadounidense. El documento, hecho público en marzo por el blog independiente Republicreport.org, describe las acciones que debe tomar el grupo para frenar “las amenazas más serias al sector”, incluyendo una serie de reglas federales y una investigación del sector coordinada por varios procuradores estatales. Según el blog, el documento fue elaborado por la Association of Private Sector Colleges and Universities (APSCU), que representa a las más de 1,000 instituciones de educación superior con fines de lucro en el país y cuyo actual presidente, Steven Gunderson, es un ex congresista republicano.

La afinidad entre los dos grupos es en parte ideológica, dado el apoyo tradicional del Partido Republicano a las políticas de libre mercado. Dentro de esta lógica, la educación es un servicio comerciable como cualquier otro. Pero también hay motivos económicos para los propios congresistas, quienes han recibido donativos de miles de dólares para sus campañas electorales, según reportan en sus declaraciones de impuestos.

Entre los recipientes de fondos de la industria está John P. Klein Jr., republicano de Minnesota y el presidente del comité de educación en la cámara baja del Congreso estadounidense. Durante su campaña de reelección en 2010, Klein recibió US$56,500 de personas asociadas con las universidades for-profit, en lo que representó su cuarta fuente más importante de fondos, según un reportaje de la agencia Bloomberg. En febrero de 2011, Klein y sus partidarios lograron imponer legislación que pospone la entrada en vigor de nuevos controles sobre el sector for-profit. “Esto es un ataque al sector privado de la educación superior,” dijo de las nuevas reglas durante un debate en el Congreso. “Es un asalto a la capacidad de los estudiantes de encontrar una escuela que satisface sus necesidades.”

Luego, en febrero de este año, todos los republicanos y algunos demócratas votaron 303 a 114 para poner fin a nuevas reglas federales que buscan imponer mayores controles de calidad sobre las universidades; en particular, las reglas buscan establecer una definición común de “horas de crédito”, que es el fundamento para lograr un título universitario y bajo la cual el gobierno otorga becas y créditos estudiantiles. También, obligan a los estados a imponer mayores controles sobre los programas de educación a distancia, un área en donde domina el sector for-profit. La ley enfrentará mayor dificultad en el Senado, en donde tienen la mayoría absoluta los demócratas.

Otro tema en que el lobby for-profit se ha concentrado sus esfuerzos —y dólares— es en luchar contra las llamadas reglas de gainful employment (empleo remunerado). Las reglas, anunciadas por el presidente Obama en junio de 2011 y que tomarían efecto en julio de este año, buscan responder al enorme problema de las deudas estudiantiles en Estados Unidos, cuyo monto total rebasó el record de un millón de millones de dólares en este año. Las reglas condicionan la ayuda federal a la institución, a la habilidad de sus estudiantes de solventar sus deudas.

Entre los deudores, los estudiantes de las universidades con fines de lucro tienen un peso desproporcional. Mientras estas instituciones atiendan a 12% de la matrícula en el país, sus estudiantes contratan 26% de todos los préstamos estudiantiles y deben 46% de los dólares en incumplimiento, según el Departamento de Educación de Estados Unidos. Esto se explica en gran parte por los altos costos de las colegiaturas en la mayoría de estas instituciones, por el bajo nivel socio-económico de sus estudiantes, y por la baja tasa de egreso (22% en un periodo de 6 años, comparado con 55% en las universidades públicas y 66% en las universidades privadas sin fines de lucro, según el reporte Condition of Education del Departamento de Educación de 2011).

Aún entre los que logran graduarse de las universidades con fines de lucro, hay serias dudas acerca de la calidad de la educación que reciben. En promedio, estas instituciones gastan la mitad que las universidades públicas por estudiante, aunque cobran casi dos veces más, según el mismo reporte. Si nada más se toma en cuenta el gasto por estudiante en instrucción, la brecha es aún más grande: US$2,659, contra US$9,418 en las universidades públicas y US$15,289 en las privadas sin fines de lucro. También, llama la atención el hecho de que mientras las instituciones “tradicionales” gastan más en instrucción que en servicios estudiantiles, las for-profit, gastan cuatro veces más en servicios que en docencia y casi nada en investigación.

Con las nuevas reglas, el gobierno busca garantizar que las universidades realmente están preparando a sus alumnos para conseguir trabajos suficientemente bien remunerados para poder saldar sus deudas.

Al anunciar las nuevas reglas, el secretario de educación Arne Duncan insistió que el gobierno no estaba en contra del sector for-profit en general, sino de los abusos por parte de algunas instituciones: “Mientras que las escuelas con fines de lucro se han beneficiado y han prosperado gracias a los dólares federales, no ha sido así para algunos de sus estudiantes. Este es un flaco favor a los estudiantes y los contribuyentes, y socava la valiosa labor que está realizando el sector de la educación con fines de lucro en su conjunto”.

Para las instituciones con fines de lucro, las reglas representan un riesgo mayúsculo. A pesar de que son empresas con altos niveles de ganancia, las becas y préstamos federales representan hasta 90% de sus ingresos, dado que la mayoría de sus estudiantes no podrían pagar las colegiaturas desde sus propios bolsillos. Dicho de otra manera, sin estos fondos federales, la mayoría de las empresas educativas con fines de lucro se declararían en bancarrota.

Por eso el estado de alarma por parte de la industria. En una presentación powerpoint en 2010 ante otros líderes del sector for-profit, Arthur Keiser, presidente de Keiser University en Florida, llamó a sus colegas a la guerra contra el gobierno de Obama. En el documento, titulado “llamada a armas”, Keiser describía lo que llamaba “el relajo en Washington” y el “ataque al sector” por parte del gobierno federal. En ese momento, la universidad estaba en el ojo del huracán de las investigaciones federales en torno a las instituciones con fines de lucro.

Invocando el imagen del Tío Sam buscando reclutas para la guerra, Keiser aconsejaba a sus colegas a “preparar para la batalla” a través de donativos a miembros del congreso federal. Y al parecer, le escucharon. En 2010 la industria invirtió un record de US$8.1 millones en cabildeo en Washington, comparado con US$3.3 millones en 2009, según un estudio por el periódico en línea The Huffington Post y otros medios.

La industria estaba haciendo control de daños, después de que una investigación por parte de la Oficina de Contabilidad General (GAO) del gobierno federal realizó una investigación encubierta a 15 universidades con fines de lucro en seis estados y el distrito federal. En todos los casos, los investigadores, que fingieron ser prospectivos estudiantes, encontraron prácticas poco éticas o ilegales.

Ejemplos de los abusos incluían casos en que consejeros de las universidades sugirieron a los “estudiantes” mentir sobre su situación económica, para calificar por un mayor monto de ayuda federal. En otros casos, representantes de las universidades dieron cifras falsas sobre el porcentaje de estudiantes que lograron titularse de la institución y sobre los ingresos promedio de sus egresados. Otras utilizaron tácticas muy agresivas para enlistar a nuevos “clientes”, el término que usan muchas de las instituciones para describir a sus prospectivos estudiantes, según datos del GAO.

Si aún en su país de origen, estas instituciones buscan esquivar los controles de calidad impuestos por el gobierno federal, ¿qué se puede esperar de sus subsidiarios en América Latina? ¿Y qué están haciendo los gobiernos en México, Brasil y otros países para evitar que sus estudiantes vuelvan víctimas de tales abusos? Al parecer, muy poco. Pero falta más espacio para revisar el tema en la región. Lo que sí queda claro es que las instituciones de educación superior con fines de lucro están procurando su propia supervivencia y expansión, a como dé lugar.