Marion Lloyd

Por primera vez en décadas, el tema del acceso a la educación superior se ha colocado al centro del debate público en Estados Unidos. En los últimos meses, tanto el Presidente Obama, como el Congreso y la sociedad civil, han presentado iniciativas que buscan mejorar el acceso para minorías raciales y otros grupos desfavorecidos a la universidad. Las iniciativas responden, en gran medida, al impacto de la crisis económica de 2008-2009, que exacerbó las enormes desigualdades, tanto sociales como raciales, que aquejan a la sociedad estadunidense.

A 50 años del emblemático discurso de Martin Luther King Jr., el “sueño” de una sociedad sin discriminación racial y con igualdad de oportunidades para todos está lejos de ser realidad. Hoy, tanto los afroamericanos como los hispanos siguen siendo subrepresentados en las universidades del país, a pesar del creciente peso del segundo grupo dentro de la población.

Entre 1995 y 2009, la proporción poblacional de estos grupos aumentó de 27 por ciento a 33 por ciento, mientras que su proporción de la matrícula universitaria creció en mayor medida, de 12 por ciento a 18 por ciento, según un estudio de la Universidad de Georgetown (Separate & Unequal, de julio de 2013). Sin embargo, gran parte del crecimiento en la matrícula de estos grupos—83 por ciento en el caso de los hispanos y 91 por ciento en caso de los afroamericanos— fue absorbida por instituciones de educación superior de mediana o baja calidad, sobre todo por las universidades con fines de lucro. En contraste, 83 por ciento del crecimiento de la matrícula de anglosajones durante el mismo periodo se dio en las 468 universidades de mayor prestigio, según el estudio de Georgetown.

La falta de equidad también tiene un trasfondo socioeconómico. El costo astronómico de las colegiaturas universitarias, que rondan los 40 mil dólares al año, ha golpeado fuertemente a los estudiantes de escasos recursos y de la clase media. En las últimas tres décadas, el costo de estudiar una licenciatura de cuatro años ha incrementado 250 por ciento, según datos del gobierno federal. Como resultado, millones de estudiantes — y en mayor proporción, los estudiantes afroamericanos e hispanos—han contratado deudas impagables, en su afán por conseguir un título universitario. Por primera vez en 2012, la deuda total de préstamos estudiantiles rebasó la cifra de un millón de millones de dólares, superando inclusive el monto de la deuda por concepto de tarjetas de crédito. Al mismo tiempo, el promedio de la deuda por persona superó los 26 mil dólares, según datos del Banco Federal.

Ante este panorama, han surgido tres iniciativas importantes—todas altamente controvertidas. La primera es una demanda ante la Suprema Corte de Estados Unidos a favor de las políticas de acción afirmativa en las universidades públicas. Las medidas compensatorias, que tienen su origen en los movimientos de derechos civiles en el país de los años 60, buscan mejorar las oportunidades para las minorías raciales desfavorecidas. La corte aceptó en marzo revisar el caso, conocido como Schuette vs. La Coalición para la Defensa de la Acción Afirmativa, y se espera que empiece a oír los primeros argumentos el próximo mes.

La controversia constitucional fue promovida por la Coalición para la Defensa de la Acción Afirmativa, Integración y Derechos de los Inmigrantes, y la Lucha por la Igualdad por Cualquier Medio Necesario, (un grupo de la sociedad civil, conocido como BANF). Busca revertir una ley aprobada en 2006 en el Estado de Michigan, que prohibió a las universidades públicas tomar en cuenta la raza de los solicitantes en el proceso de selección. La resolución del caso tendrá implicaciones importantes para leyes similares, que han sido aprobadas en los estados de Arizona, California, Nebraska, Oklahoma, y Washington.

Representa la segunda vez en un año en que la Suprema Corte revisa la constitucionalidad de las políticas de acción afirmativa. En junio, la Corte resolvió en el caso de Fisher vs. La Universidad de Texas, que las universidades deberían constatar la “necesidad imperativa” de utilizar criterios raciales para lograr sus metas de diversidad racial. Aunque la corte decidió devolver el caso a un tribunal de menor jerarquía, los argumentos expuestos por algunos de los jueces dejaron en claro sus reservas ante las políticas compensatorias con base en la raza.

Sin embargo, el caso de Michigan presenta algunos aspectos novedosos. Por primera vez, se sumaron a la defensa de las políticas de acción afirmativa las principales asociaciones de educación superior del país. A principios de septiembre, el Consejo Americano de Educación (American Council on Educación), junto con otros 48 asociaciones de educación superior, firmó una petición a la corte a favor de la demanda introducida por BANF. En ella, argumentan la importancia de las medidas para lograr una mayor diversidad racial dentro de las universidades, y dentro de las instituciones de prestigio, en particular.

Otra iniciativa que busca democratizar el acceso a la educación superior es la Ley Bipartidista de Certeza en los Préstamos Estudiantiles (Bipartisan Student Loan Certainty Act), que fue aprobada por el Congreso en julio. Busca reducir en el corto plazo la carga económica de los préstamos estudiantiles federales, al bajar las tasas de interés a un máximo de 5.41 por ciento para este año. También, fija los topes para los próximos 10 años en 8.25 por ciento y 10.5 por ciento, según el tipo préstamo.

Sin embargo, críticos de la ley argumentan que no representa una solución al problema de la deuda estudiantil, sino que la posterga. Bajo el complicado esquema de pagos, muchos estudiantes terminarán desembolsando más a largo plazo, según un análisis de Christine Lindstrom publicado en agosto en The Chronicle of Higher Education. Argumenta que el verdadero beneficiario de los cambios será el gobierno federal; ganará más de 184 mil millones de dólares en intereses por el programa, dinero que se destinaría al pago de la deuda federal. “El gobierno no debe beneficiar del endeudamiento de los estudiantes”, sostiene Lindstrom, quien es directora de programas del Grupo de Investigación del Interés Público, en Washington D.C.

El tema se volverá a discutir en el Congreso en las próximas semanas, en el marco del debate sobre la reautorización de la Ley de Educación Superior (Higher Education Act). Defensores de la ley, que se aprueba por periodos de cinco años, la ven como un vehículo para controlar los abusos en la educación superior, sobre todo en el sector con fines de lucro. Entre cambios recientes están las nuevas reglas que buscan uniformar los sistemas de cobros en las universidades. Sin embargo, los críticos afirman que la ley sólo ha servido para aumentar la burocracia, sin tener un impacto favorable en términos de proteger a los estudiantes.

La tercera iniciativa, liderado por el Presidente Obama, busca tener un impacto más eficaz en términos de equidad. A finales de agosto, el presidente lanzó su Plan para Hacer Alcanzable la Universidad (College Affordability Plan), que tiene como meta abatir dramáticamente los costos de colegiatura en las universidades. En las palabras de Obama, el plan va dirigido a la clase media, cuyo poder adquisitivo se ha reducido en las últimas décadas, y sobre todo a partir de la reciente crisis económica.

El plan se conforma de tres partes. Primero, crearía un nuevo sistema de rankings universitarios nacional, que evaluaría a las instituciones de educación superior según el “valor” de la educación que imparten. Se tomarían en cuenta indicadores como la eficiencia terminal, el promedio de ingresos de los recién egresados, y el porcentaje de estudiantes provenientes de familias de bajos recursos y de minorías raciales. Según Obama, el sistema haría más transparentes a las instituciones al obligarlas a proveer datos que frecuentemente no son del dominio público.

Segundo—en uno de los aspectos más controvertidos del plan —condicionaría los subsidios federales al posicionamiento de las instituciones en los rankings. Tercero, fomentaría modelos de préstamos estudiantiles, en donde los estudiantes pagan un porcentaje de sus ingresos en vez de un monto fijo. El plan también buscaría promover innovación y competencia entre instituciones, como una forma de abatir costos.

En un giro a varias universidades públicas en agosto, Obama argumentó la necesidad de modificar el actual esquema desigual de acceso a las universidades, a beneficio de todos. “Entendemos que ante una cada vez mayor competencia mundial, en el contexto de la economía de conocimiento, una gran educación es más importante que nunca.” En la lógica del modelo, los estudiantes escogerían a las universidades que ofrecen el mejor valor para su inversión. También, evitarían a fraudes académicos, como es el caso de algunas de las instituciones con fines de lucro—el equivalente estadounidense de las universidades “patito”.

No obstante, muchos críticos han atacado la propuesta de Obama como naif, poco realista, y hasta contraproducente. Por ejemplo, un artículo en la revista U.S. News & World Report argumenta que el plan produciría incentivos perversos, al empujar a las universidades a bajar sus estándares en un intento por aumentar su eficiencia terminal. También, dice, las universidades se volverían más selectivas, lo cual perjudicaría estudiantes con menor “capital cultural”.

La revista, que produce los rankings universitarios de mayor influencia en el país, también señala que muchos de los datos que pretendería utilizar el ranking de Obama —como el promedio de ingreso de los recién egresados o el impacto de la universidad en promover movilidad social de sus estudiantes—actualmente no existen o son prohibidos por las leyes de protección a la privacidad.

Otros críticos han señalado como peligrosa la propuesta de condicionar fondos federales al porcentaje de estudiantes que logren pagar sus deudas estudiantiles. Tales restricciones, afirman, condicionaría el tipo de carreras que estudiantes podrían escoger con base en su futura rentabilidad. El debate señala lo difícil que resulta modificar el actual esquema desigual del acceso universitario en Estados Unidos—y en el mundo en general. Pero el hecho de que se está debatiendo el tema en la cuna del modelo elitista de universidad, ya es ganancia.