Marion Lloyd

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Estatal de California Northridge (CSUN) crearán un nuevo Centro de Estudios de México y América Latina, con sede en la universidad californiana. Es la quinta colaboración de este tipo entre la UNAM y una institución de educación superior en el extranjero, y la primera en Estados Unidos. Los otros centros se encuentran en la Sorbonne, en Paris; el Instituto Cervantes, en Madrid; la Universidad Nacional de Costa Rica; y la Universidad de Estudios Extranjeros, en Beijing.

A su vez, es el primer centro de la UNAM ubicado en una institución con una gran población mexicana. CSUN, cuyo campus está en el corazón de Los Ángeles, cuenta con 36,000 estudiantes: 31,000 de licenciatura y 4,000 de posgrado. De estos, los hispanos (principalmente mexicanos) representan el grupo étnico más grande, con 37 por ciento de los estudiantes. Siguen los anglosajones, con 28 por ciento, asiáticos (11 por ciento), y afroamericanos (6 por ciento). CSUN también destaca por estar entre las diez universidades que más títulos otorgan a latinos en Estados Unidos.

“Es una oportunidad increíble para nuestras instituciones”, afirmó la rectora de CSUN, Dianne F. Harrison, antes de firmar el convenio de colaboración en la UNAM el 3 de marzo. “UNAM y CSUN tienen misiones muy parecidas: proveer una educación de calidad que es accesible a gente de orígenes étnicas, sociales y económicas muy diversas, con académicos muy respetados en sus respectivos campos”.

Diego Gutiérrez, director del Centro de Extensión de la UNAM, firmó por parte de la institución mexicana. Destacó la importancia de estrechar relaciones académicas entre México y Los Angeles, en donde 55 por ciento de la población es de origen hispano. También estuvo presente el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, quien hizo énfasis en el papel que jugará el nuevo centro en capacitar estudiantes para el mercado global. “La educación es la base de una economía fuerte—afirmó— y los intercambios abonan para la colaboración internacional en el futuro”.

El centro, que tiene previsto abrir en el otoño, formará parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (College of Social and Behavioral Sciences) de CSUN. Tiene el propósito de fomentar el intercambio de estudiantes y académicos, así como de permitir una mayor colaboración en investigación, según la página web de CSUN. Aunque en un principio, el centro privilegiará a la comunidad académica de las dos universidades, después incorporará a académicos y alumnos de otras instituciones de la región, además de organizar actividades multiculturales para el público en general.

Las voces discordantes

Sin embargo, el proyecto no ha sido del todo bien recibido en la universidad californiana. Algunos miembros de la comunidad latina alegan que no fueron consultados, y que el nuevo centro quitará fondos de departamentos existentes. El más férreo opositor es Rodolfo Acuña Acosta, historiador de origen mexicano, quién fundó el Departamento de Estudios Chicanos en CSUN hace 45 años. Alega que él y sus colegas no fueron consultados sobre el proyecto, al que ven como redundante y costoso, además de elitista.

“En Estudios Chicanos, tenemos unos 12,000 latinos y ofrecemos 172 secciones de cursos, casi todos con contenidos sobre México,” dijo en entrevista con el medio electrónico independiente VOXXI. “Así que uno pensaría que por lo menos nos tomarían en cuenta. El proceso normal en cualquier universidad es el de la consulta”.

Acuña, quien ahora es profesor emérito de la universidad, afirma que los miembros de su departamento fueron informados del proyecto apenas en noviembre, cuando la decisión ya estuvo tomada. También, acusó a la UNAM de “faltar el respeto” hacia la comunidad mexicana dentro de la universidad al pactar un acuerdo “clandestino” con CSUN.

“Mexicanos al norte de México siempre han estado bajo la ilusión de que son importantes para el gobierno mexicano y para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que éstos protegerán sus intereses”, escribió Acuña en noviembre, en un artículo publicado en el sitio electrónico, Counterpunch. “Ilusoriamente, creyeron que formaron parte de la familia mexicana”. El texto intitulado “La ilusión de inclusión”, también acusó a CSUN de querer marginalizar al único departamento que tiene una mayoría de profesores latinos. En cambio, afirmó, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con solo cinco profesores chicanos, de un total de casi 150. La universidad no ha respondido públicamente a las acusaciones de Acuña. Pero la confrontación ha enfrentado a académicos latinos de distintas áreas de la universidad. En noviembre, dos profesores del Departamento de Estudios Centroamericanos, Douglas Carranza y Beatriz Ortíz, tacharon a Acuña de “nacionalista” por oponerse al nuevo centro.

Después, ex estudiantes centroamericanos salieron en defensa de Acuña, citando el apoyo que brindó el historiador en la creación de su centro entre 1997 y 2004. “Estar en solidaridad con los Estudios Chicanos significa ayudar a proteger y a defenderlo, sin importar nuestras propias identidades”, escribieron Siris Barrios y Mónica Novoa, ambas fundadoras del Departamento de Estudios Centroamericanos, en un comunicado de prensa. También coincidieron con Acuña en criticar la colaboración entre su universidad y “el controversial gobierno de Peña Nieto” en México. Pero quizás más controvertido fue la acusación de Acuña de que el nuevo centro busca lucrar con la educación, a través de cobrar colegiatura a estudiantes visitantes. Él citó como precedente las altas colegiaturas que cobra la universidad a través de sus programas de extensión. Una maestría en línea en salud pública, por ejemplo, cuesta US$31,000, mientras una maestría presencial en trabajo social asciende a US$41,400.

No obstante, esas tarifas son bajas en comparación con el costo de colegiaturas en la mayoría de las universidades de Estados Unidos, inclusive las públicas, que pueden rebasar los US$100,000. En el fondo, el debate refleja la creciente competencia para fondos en las universidades estatales de Estados Unidos, en una época de fuertes recortes por parte de los gobiernos de los estados. El área de la investigación ha sido de las más afectadas; entre 1987 y 2012, la proporción del presupuesto proveniente del estado ha disminuido a la mitad, según un estudio realizado por The Chronicle of Higher Education. Como respuesta, las universidades han aumentado sus colegiaturas entre 20 y 40 por ciento durante la última década, con fuertes repercusiones para los estudiantes y sus familias. Al mismo tiempo, las instituciones están buscando atraer a un número cada vez mayor de estudiantes extranjeros, que son vistos como una fuente de dinero fácil. En el año escolar de 2012-2013, estudiantes internacionales inyectaron $24 mil millones a la economía de Estados Unidos, según el reporte de Open Doors—un dato que no ha pasado desapercibido en Washington, ni la Ciudad de México.

Durante una visita oficial a México en mayo, el presidente Obama anunció la meta de atraer 100,000 estudiantes de América Latina—un mercado potencial que ha sido poco explotado. México ha fijado una meta igual para estudiantes de Estados Unidos, a pesar de que el número de extranjeros estudiando en el país ha bajado casi a la mitad en los últimos años, a raíz de la violencia por el crimen organizado.

En los últimos meses, los gobiernos de ambos países han sostenido reuniones de alto nivel para discutir formas de incrementar la colaboración en educación superior. Y el lunes, el gobierno de Obama anunció los primeros 10 becas para universidades latinoamericanos, como parte del programa La Fuerza de los 100,000 en las Américas, que se lanzó de forma oficial el 17 de enero. Las instituciones premiadas en México son: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y la Universidad Autónoma de Querétaro. Y del resto de la región: el FAE Centro Universitario, el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sudeste de Minas Gerais, y la Universidad Federal de Vicosa, todas de Brasil; la Universidad EAFIT, de Colombia; la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador; y la Universidad Católica Santa María la Antigua, de Panamá.

Cada institución recibirá US$25,000, lo que parece poco dinero para una meta tan ambiciosa. También, llama la atención la falta de instituciones líderes de la región, como la UNAM o la Universidad de Sao Paulo, en la lista de los beneficiarios.

Quizás se cree que no hay necesidad, dada la capacidad de las instituciones de forjar sus propios acuerdos internacionales. Pese a la controversia, el nuevo centro en Los Angeles es un ejemplo de ello.