Marion Lloyd

El periódico New York Times publicó recientemente un perfil de Mary-Faith Cerasoli, mejor conocida como la “Profesora sin Hogar”. Como decenas de miles de profesores adjuntos en Estados Unidos, Cerasoli, 53, lucha por sobrevivir. Desde hace un año, duerme en casa de amigos o conocidos. O en su coche. Se baña en los gimnasios universitarios, y come gracias a la ayuda gubernamental.

La profesora de lenguas romances en Mercy College, Nueva York, captó la atención de los medios en marzo cuando protestó al frente del congreso estatal. Portando un chaleco con la frase “Homeless Prof.”, buscaba presionar por mejores condiciones laborales para los profesores adjuntos en el estado. Después inició una huelga de hambre y lanzó una campaña en Twitter, #HungryHomelessProf, que invita a otros profesores a sumarse a su lucha.

La historia de Cerasoli refleja una triste realidad del sistema universitario estadounidense: a pesar de que las colegiaturas son las más altas del mundo, la mayoría de sus profesores ganan sueldos de miseria. Los adjuntos (adjuncts en inglés), cuya precaria situación laboral es parecida a la de los profesores por horas en México, suman unos 900 mil a nivel nacional. Cobran por curso impartido, percibiendo en promedio $22 mil por año—rozando la línea de pobreza— según un estudio de 2014 comisionado por el Congreso federal. Además, muchos adjuntos dan clases en múltiples universidades, a veces manejando cientos de kilómetros a la semana entre trabajos. Y muy pocos tienen acceso a seguro médico, oficina u otras prestaciones, según el reporte.

Sin embargo, esta situación podría cambiarse, con la decisión de miles de adjuntos de optar por la lucha sindical. Durante los últimos dos años, los adjuncts en docenas de universidades en todo el país han votado por formar un sindicato, generalmente afiliándose con gremios y a sindicatos existentes con presencia nacional o regional.

Tal es el caso del Service Employees International Union, que reporta 2.1 millones de miembros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La organización, que tiene presencia en los sectores de salud, inmobiliaria y servicios públicos, lanzó una campaña en 2012 por afiliar a los adjuncts en ciudades con una fuerte presencia universitaria. En Boston, por ejemplo, se han sumado en los últimos meses profesores de universidades prestigiadas como Northeastern y Tufts, además de Lesley College. La organización también está en pláticas con la Universidad de Boston y Simmons College, entre otras.

En la capital, se han afiliado profesores de la Universidad Americana, la Universidad de George Washington y Montgomery College, en Maryland. También, hay esfuerzos por formar sindicatos en Georgetown y la Universidad del Distrito de Columbia. Otras ciudades o estados en donde los profesores adjuntos están en el proceso de sindicalización son Connecticut, Los Angeles, Maryland, Minneapolis/St. Paul, New York, Philadelphia, Pittsburgh, San Francisco, Seattle, y St. Louis.

No les faltan potenciales compañeros de lucha. En 1970, la proporción de profesores adjuntos dentro del conjunto de profesores universitarios fue apenas de 20 por ciento. Ahora, es de 50 por ciento. Y esa cifra no toma en cuenta el 25 por ciento de los profesores e instructores que trabajan medio tiempo o como estudiantes de posgrado. Es decir, 75 por ciento del profesorado del país trabaja de forma contingente, según un reporte de la Coalition on the Academic Workforce, asociación paraguas que trabaja por mejorar las condiciones laborales de los académicos en el país. En cambio, la proporción de profesores con definitividad (tenure), o que están en camino para obtenerla, ha caído en picada, de 50 por ciento en 1975 a 25 por ciento hoy, según datos de The Chronicle of Higher Education.

El incremento en el número de profesores contingentes se debe a cambios más amplios en las políticas laborales en Estados Unidos, y en el mundo en general. Incluyen la precarización de los trabajos, a través del outsourcing, y la reducción en el número de contratos laborales y de prestaciones laborales. En el caso de las universidades, esta tendencia se traduce en la dependencia cada vez mayor a los profesores adjuntos, que representan una mano de obra barata. Dos estudios recientes dan cuenta del impacto humano de las nuevas políticas laborales en las universidades.

El primero, “A portrait of part-time faculty members” (Un retrato de los académicos de tiempo parcial), fue publicado en 2012 por la Coalition on the Academic Workforce. La organización, que agrupa a 27 asociaciones académicas del país, aplicó una encuesta en 2010 a 30 mil profesores del país.

Estos son algunos de los resultados más llamativos:

• El promedio de pago por curso fue $2 mil 700. Variaba entre $2,235 en instituciones de dos años (community colleges) y $3 mil 400 en universidades con programas de doctorado.

El reporte concluye que tales políticas “pueden tener sentido en el cálculo económico de corto plazo para las instituciones”, pero, “para la coalición, no representan una buena política educacional”. El Segundo reporte, “The Just-in-Time Professor” (El profesor justo a tiempo), fue elaborado por el Comité de Educación y la Fuerza de Trabajo, del Congreso federal. Incluye información más cualitativa—y a menudo chocante—derivada de los comentarios de más de 800 profesores adjuntos en el país.

Por ejemplo, en las palabras de un profesor: “Para sobrevivir, aparte de dar clases en unacommunity college, también soy repartidor de pizzas. ¡Siento que pierdo el respeto de mis estudiantes cuando me ven repartiendo pizzas!”

Otro confesó que, a pesar de que le encanta su trabajo, su vida personal es “un desastre”, ya que “nunca compro nada nuevo, y suelo pagar mis cuentas tarde o nunca”.

El reporté concluyó que “mientras la profesión de ´profesor universitario´ aún es considerada un trabajo de clase media… en realidad, muchos profesores contingentes serían mejor clasificados como trabajadores pobres”.

Por su parte, las universidades insisten en la necesidad de cortar costos, ante la fuerte reducción en subsidios públicos para la educación superior en las últimas dos décadas. Pero hay otros factores en juego. La creciente competencia por atraer a estudiantes, tanto nacionales como internacionales, ha llevado a muchas instituciones a cambiar sus prioridades presupuestales. En vez de invertir en la docencia, gastan en mercadotecnia y en edificios de lujo—por ejemplo, nuevos gimnasios o centros estudiantiles.

También, hay un simple cálculo de oferta y demanda. Mientras hay un cada vez menor número de plazas con permanencia, el número de egresados de programas de doctorado sigue en aumento. En 2012, el número de estadounidenses con el doctorado creció 45 por ciento, un incremento de 1 millón de personas con Ph.D. El resultado es un gran superávit de doctores buscando trabajo. En 2009, de los 1.8 millones de profesores e instructores universitarios, más de 1.3 millones ocuparon puestos sin permanencia, según datos del Departamento de Educación federal. Estos se dividieron entre tres categorías: los adjuncts, los profesores de tiempo parcial o los estudiantes de posgrado.

Aun ante ese panorama, el proceso de sindicalización no ha sido fácil. Los organizadores han tenido que enfrentar la resistencia de las administraciones universitarias, y el miedo de los profesores a ser despedidos. En muchos casos, las universidades se niegan a proporcionar datos de sus adjuntos a los organizadores sindicales. A su vez, la dinámica de trabajo, en donde muchos adjuncts trabajan en múltiples instituciones, dificulta aún más los procesos de toma de decisión.

También, ha habido fracasos. Una propuesta de sindicalización en Bentley College, una escuela de negocios en Boston, perdió por dos votos en octubre. En otras instituciones con una larga tradición de sindicalización, las administraciones se han negado a respetar el contrato colectivo. Tal fue el caso de Nassau Community College, en Long Island, en donde los profesores adjuntos se fueron a huelga en septiembre para exigir aumentos salariales. Finalmente, un tribunal ordenó a los profesores a regresar a sus aulas, ya que no se permiten huelgas de empleados públicos en el estado de Nueva York.

Sin embargo, el movimiento parece estar cobrando fuerzas—y atención pública. Entre los aliados del movimiento más influyentes está el congresista George Miller, demócrata de California, quien coordinó el reporte del Congreso sobre las condiciones laborales de los adjuntos. También ha salido a favor de otro sector en busca de la representación sindical: los atletas universitarios.

“Los colegios y universidades deben ser pilares de justicia y honor en todas sus comunidades, con misiones para expandir el conocimiento y la oportunidad para todos”, escribió Miller en The Chronicle of Higher Education en junio. “Sin embargo, hemos visto que muchos colegios están explotando el trabajo barato en las aulas y en las canchas deportivas”.

El congresista exhorta a los presidentes universitarios a “hacer lo correcto” y mejorar las condiciones para estos dos grupos. “Uds. son los dueños de sus condiciones laborales. Las pueden seguir defendiendo y tratando de justificar estas prácticas nocivas, pero recomiendo que mejor las cambien”. Los esfuerzos de activistas como Cerasoli también han levantado conciencia sobre su causa. Ella fue entrevistada en marzo en el canal público de televisión, PBS, después de su protesta en frente del congreso estatal. “Ser adjunto es un puente a la nada—dijo— Jamás recomendaría ser profesor a ninguno de mis estudiantes”.