Marion Lloyd

Después de 114 días, se acabó la huelga en la Universidad de Sao Paulo (USP), la institución de educación superior mejor posicionada de América Latina. Pero las causas que desataron el conflicto, en que también participaron otras dos instituciones líderes de Brasil —la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp y la Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)— están lejos de ser resueltas.

La huelga, que acabó este lunes y fue la más larga en la historia de las tres instituciones, dejó importantes lecciones para universidades públicas en toda la región. Durante años, hacedores de políticas universitarias han señalado a las tres universidades paulistas como el ejemplo a seguir. En conjunto, éstas realizan más de la tercera parte de la producción científica del país, son altamente selectivas en su proceso de admisión, y suelen estar entre las primeras 10 instituciones mejor ranqueadas de América Latina. A su vez, las tres instituciones estatales tienen garantizado un presupuesto equivalente al 9.57 por ciento de la recaudación fiscal del estado más rico y populoso de Brasil, lo cual, en principio, les permite un nivel de planeación envidiable.

No obstante, la huelga—cuarta desde 2007 en la USP— dejó en claro la profundidad de los problemas que acechan a la universidad de investigación líder de la región. El conflicto es en parte resultado de las políticas de educación superior al nivel mundial, en donde las universidades enfrentan fuertes presiones por mantenerse como instituciones de “clase mundial”, aspiración que, en países en vías de desarrollo como Brasil sale muy cara.

La razón oficial por la que la huelga estalló fue una crisis financiera resultado de malos manejos por parte de funcionarios estatales e universitarios. El nuevo rector de la Universidad de Sao Paulo, Marco Antonio Zaga, heredó en enero compromisos de sueldos equivalentes a 105 por ciento del total del presupuesto universitario. Y las otras dos instituciones también andan en números rojos, en parte debido a la creciente carga que representan sus planes de retiro, que contemplan el pago de pensiones equivalentes al total o a la mayor parte del sueldo de sus trabajadores.

De las tres instituciones, la crisis en la Universidad de Sao Paulo es la más aguda. La universidad fue fundada en 1934 por la élite local, como parte de una estrategia para aumentar el poder económico y político del estado a nivel nacional. Hoy, con 90, mil estudiantes, es la universidad pública más grande e importante de Brasil. En 2013, produjo más de mil 800 artículos científicos en revistas indexadas en ISI y graduó más de 2 mil 400 estudiantes de doctorado. Las cifras, que representan la cuarta parte de la producción anual del país en esos rubros, rebasan por mucho a la producción de cualquier otra institución de la región, incluyendo la de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sin embargo, en años recientes, la USP ha sido asediada por conflictos sindicales y estudiantiles, que culminaron en la reciente huelga de casi cuatro meses.

Zaga, el nuevo rector, culpó a su antecesor, João Grandino Rodas, por la crisis financiera. En particular, apuntó a la creación de más de 2 mil nuevos puestos administrativos entre 2011 y 2013. Mientras tanto, otros críticos citaron la decisión de Rodas de abrir costosas oficinas en el extranjero, en un aparente intento por mejorar la posición de la USP en los rankings internacionales. Durante la última administración, se gastó casi la mitad del fondo de ahorros institucional de unos 4.2 mil millones de reales ($1.8 mil millones), según Zaga. Esto, a pesar de que el monto que recibió la USP del estado creció de 2.8 mil millones de reales (1.17 mil millones de dólares) en 2008 a 4.12 mil millones de reales (1.73 mil millones de dólares) en 2013, según cifras de la institución.

Para enfrentar la crisis, los rectores de las tres instituciones anunciaron el pasado 13 de mayo un plan de austeridad. Incluía el congelamiento de los sueldos de los académicos y funcionarios, un freno sobre nuevas contrataciones, y un plan de retiro voluntario para cargos administrativos y técnicos. En el caso de la USP, Zaga también propuso traspasar dos de los cuatro hospitales pertenecientes a la universidad al control del gobierno estatal, desatando más protestas de la comunidad. Los hospitales, además de atender a decenas de miles de personas en todo el estado, le han permitido a la USP colocarse como líder regional en la investigación médica. Gran parte de los artículos científicos en revistas arbitradas producidos por investigadores de la USP son en ese campo—algo que también sirve para aumentar su prestigio a nivel internacional.

En respuesta, miles de funcionarios, académicos, y estudiantes (en solidaridad) se lanzaron a la huelga el 27 de mayo. El resultado fue una confrontación a menudo violenta. El 20 de agosto, la policía militar arrojó gas lacrimógeno y balas de goma para desalojar a profesores y estudiantes que intentaban bloquear dos de las entradas al campus principal de la USP. Varios profesores y trabajadores fueron heridos, según reportes de prensa.

Finalmente, intervino como mediador entre el sindicato y la administración de las tres universidades el Tribunal Regional de Trabajo. Y en las últimas dos semanas, las autoridades universitarias echaron para atrás sus planes de austeridad. Acordaron aumentos salariales del orden del 5 por ciento para los académicos y administradores, pagados en dos partes, y un bono de 28 por ciento del sueldo. Sin embargo, no queda claro cómo van a solventar esos compromisos, dada la crisis económica de las instituciones.

Tampoco quedaron resueltos otros temas polémicos que provocaron huelgas en la USP en 2007, 2009 y 2011. La más larga de estas ocurrió en 2007, cuando estudiantes tomaron la rectoría de la universidad durante 51 días para protestar por lo que vieron como un intento por parte del gobierno estatal de tomar control de las finanzas universitarias. Después, en 2009, los estudiantes se volvieron a levantar en huelga para exigir reformas democráticas, incluyendo la elección directa del rector. Y en 2011, hubo protestas masivas después de que la universidad firmó un convenio con la policía militar para que esta última se encargara de vigilar los 11 campus universitarios.

El rector en turno, Rodas, justificó la medida por el aumento alarmante en asaltos contra estudiantes y profesores, que culminaron con el asesinato de un estudiante de contaduría en mayo de 2011 en el campus principal en Sao Paulo. En agosto de ese año, la policía arrestó a tres estudiantes por posesión de mariguana, una táctica que provocó grandes protestas por parte de estudiantes y culminó con otras 70 detenciones.

Para muchos miembros de la comunidad universitaria, la presencia de la policía militar trae malos recuerdos de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985. La Universidad de Sao Paulo, que fue a la vez bastión de apoyo y cuna de resistencia al régimen, fue de las instituciones más afectadas por la represión. Durante los años más duros del régimen, miles de estudiantes y profesores opositores en todo el país fueron detenidos, encarcelados y “desaparecidos”. Entre las víctimas del régimen estuvieron la presidenta Dilma Rousseff y el Secretario de Educación Superior, Paulo Speller.

En 1979, se aprobó una ley de amnistía para ex guerrilleros y militares que participaron en la represión. Y una nueva constitución de 1988 otorgó autonomía a las universidades públicas, medida que fue entendida como una prohibición en contra de la intervención de los militares en los campus universitarios. Sin embargo, ante el fuerte aumento en criminalidad dentro de las instalaciones durante la última década, las instituciones están recurriendo a la policía militar para combatir la delincuencia—y para sofocar la oposición política.

La huelga de 2009 terminó después de que la policía lanzó balas de goma y gas lacrimógeno, hiriendo a varios estudiantes y arrestando a docenas. También hubo fuertes enfrentamientos entre la policía y estudiantes en 2011. No obstante, un 58 por ciento de estudiantes de la USP dijeron apoyar la presencia de la policía militar en una encuesta aplicada por Datafolha en noviembre de 2011—un dato que cita la administración para justificar la intervención policiaca.

En cambio, la Universidad de Campinas rechazó una propuesta convenio con la policía militar en 2013, debido a la fuerte oposición por parte de estudiantes y académicos. Ubicada a 80 kilómetros de la Ciudad de Sao Paulo, Campinas es la universidad número dos de Brasil y una de las más prestigiosas de la región latinoamericana.

La huelga ha impactado fuertemente en la imagen de las instituciones paulistas. USP y UNICAMP, en particular, ya enfrentaban presiones por abrir el acceso a grupos desfavorecidos, a través de las llamadas políticas de acción afirmativa. Son de las pocas universidades públicas en Brasil que se han rehusado a reservar lugares para afrobrasileños y egresados de escuelas públicas, alegando la necesidad de mantener su nivel de competitividad.

Ahora, ante el panorama de una aguda crisis financiera, tendrán que justificar sus políticas elitistas. En juego está nada menos que su legitimidad institucional.