Marion Lloyd

En medio de la peor crisis racial en Estados Unidos en cincuenta años, la Suprema Corte aceptó emitir juicio en un polémico caso sobre las políticas de acceso para minorías en las universidades —las llamadas políticas de acción afirmativa—. El caso, que busca prohibir el uso de criterios raciales en el proceso de admisión de la Universidad de Texas, podría tener importantes repercusiones para los estudiantes negros e hispanos en el estado y en el país. También, podría aumentar aún más las tensiones raciales, que estallaron en motines en las ciudades de Ferguson y Baltimore, después de que policías blancos asesinaron a hombres negros, sin aparente justificación.

A su vez, han aumentado el número de incidentes racistas y ataques en contra de minorías étnicas en las universidades. Estos incluyen la colocación de sogas en los árboles —un símbolo histórico que invoca los linchamientos de los negros por parte de supremacistas blancos— en algunos campus en el sur del país. En otro caso, en febrero, un hombre blanco mató a tres estudiantes muslmanes en Carolina del Norte. Y varios estudiantes de la Universidad de Arkansas fueron expulsados en marzo, después de que fueron captados en un video cantando eslóganes racistas durante un evento de su fraternidad. El video después se volvió viral en YouTube, provocando protestas en muchas universidades contra el racismo.

La crisis encrudeció el pasado 17 de junio, cuando un supremacista blanco abrió fuego en una iglesia históricamente negra en Charleston, Carolina del Sur. Ocho feligreses y un senador estatal (y también pastor de la iglesia), todos negros, murieron en el ataque.

Fue en ese contexto que la corte anunció el 30 de junio que revistará el caso Fisher vs. la Universidad de Texas. La demandante, Abigail Fisher, acusa a la universidad de discriminar en contra de los solicitantes blancos, al dar preferencia en ciertos casos a aspirantes negros e hispanos en su proceso de admisión. Fisher y otra estudiante blanca demandaron a la universidad en 2008 después de que les fue negada la admisión, alegando que las políticas compensatorias de la universidad eran anticonstitucionales (Fisher después fue aceptada en la Universidad Estatal de Luisana, de donde se graduó en 2012). El caso llegó a un tribunal estatal y después a la Suprema Corte en 2012. Pero en ese momento, los jueces devolvieron el caso al tribunal inferior, pidiendo una revisión más detallada. Después de que el tribunal estatal resolvió de nuevo a favor de la universidad, Fisher apeló, y el caso fue retornado a la Suprema Corte.

Los debates sobre las políticas de acción afirmativa han sido recurrentes en el máximo tribunal del país. Aunque la India fue el país pionero en implementar las políticas, a finales de los años 50, el término “acción afirmativa” fue acuñado por el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson en los años 60. El político texano argumentaba la necesidad de nivelar la cancha del juego para los grupos desfavorecidos como parte de la lucha por los derechos civiles en el país. Las medidas comenzaron a ser aplicadas en los procesos de contratación de puestos gubernamentales y después pasaron a formar parte de los procesos de admisión en muchas universidades— sobre todo en las públicas y en las privadas de élite.

Sin embargo, en décadas recientes, grupos conservadores han luchado en los tribunales porque se prohíban las medidas, alegando que violan el principio constitucional de la igualdad. Esos grupos han redoblado fuerzas en los últimos años, logrando la prohibición o limitación de las políticas en por lo menos diez estados del país, según un recuento en 2014 de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Apenas en abril de 2014, a tres meses de los disturbios raciales en Ferguson, Misuri, la Suprema Corte resolvió un caso de acción afirmativa en el estado de Michigan. En ese caso, la corte declaró constitucional una ley estatal que prohibe a las universidades públicas de Michigan a utilizar criterios raciales en sus procesos de admisión, argumentando que así dicidió la mayoría en el estado. Sin embargo, la corte podría emitir un juicio distinto en el caso de Fisher vs. la Universidad de Texas, debido a que la política de la universidad no viola las leyes tejanas. La corte también podría optar por mandar un mensaje político a los extremistas blancos. Estos parecen decididos a regresar el país al periodo de ataques racistas que acompañaron la lucha por los derechos civiles en los años 60. En en caso Charleston, el presunto asesino, Dylann Roof, de 21 años, no pudo haber escogido mejor su blanco en términos simbólicos. La Iglesia Emanuel Africana Methodista y Episcopal fue fundada en Charleston en 1816 por feligreses negros libres que luchaban por el fin de la esclavitud. La iglesia después jugó un papel importante en el periodo de la Guerra Civil (1860-1865) y en el movimiento por los derechos civiles hace medio siglo.

La matanza en Charleston recuerda a otro ataque en contra de una iglesia negra en la ciudad de Birmingham, Alabama, en 1963, en la cual murieron tres niñas negras. Ese incidente sirvió para galvanizar el movimiento de derechos negros en todo el país.

¿A qué se debe el brote en la violencia ahora?

Para muchos analistas, los ataques son una reacción por parte de los grupos más conservadores a la elección de Barack Obama como el primer presidente negro en el país en 2008. El presidente, en un discurso emotivo después de la matanza en Charleston, afirmó que el ataque no fue “un acto aislado” sino que el asesino buscó “incitar miedo, violencia y sospechas” y “profundizar las divisiones que remiten al pecado original de nuestra nación”.

Son palabras fuertes para un presidente quien es conocido por su mesura, sobre todo en temas raciales. Inclusive, Obama ha mostrado ambivalencia en torno a las políticas de acción afirmativa con base en la raza, aunque sí apoya medidas que buscan combatir la desigualdad socioeconómica. Sin embargo, al hacer referencia a la época de la esclavitud, Obama quiso remarcar que el país está lejos de ser una sociedad pos-racial, como alegan algunos conservadores.

Después del ataque en Charleston, y de las afirmaciones racistas del precandidato republicano Donald Trump, será difícil mantener ese discurso de supuesta neutralidad racial. Pero inclusive, en algunos reductos del viejo sur, hay símbolos de apertura.

Como muestra de respeto a las víctimas, el presidente de la Universidad de Carolina del Sur, Harry Pastides, pidió quitar la bandera confederada del capitolio del estado. La bandera, que fue el estandarte de la facción pro esclavista de la Guerra Civil estadounidense, es hoy vista como un símbolo racista. Después, el 23 de junio en la Universidad de Texas, manifestantes pintaron a varias estatuas de líderes del lado confederado con la frase “las vidas negras sí importan”. El nuevo presidente de la universidad, Gregory L. Fenvez, después se reunió con los estudiantes y dijo que se formaría un comité para discutir la posible remoción de las estatuas.

Reflejo de la cultura

Los incidentes racistas son reflejo de la cultura de racismo que aún prevalece en muchos espacios del país, incluyendo dentro de las universidades.

Una encuesta de estudiantes en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, encontró que 39 por ciento de los estudiantes no blancos reportó haberse sentido incómodo en el campus por causa de su raza o color. Más de la mitad (51 por ciento) reportó haber tenido experiencias con estereotipos en las aulas. Y un 27 por ciento dijo haber sufrido discriminación por su forma de hablar, según la encuesta, que fue aplicada a 4,800 estudiantes en el año académico de 2011-2012. En el reporte Racial Microaggressions (Microagresiones Raciales), los investigadores argumentaron que ese tipo de actos discriminatorios tienen un impacto significativo sobre la experiencia académica y emocional de los estudiantes de minorías raciales y otros grupos desfavorecidos.

Es decir, no es suficiente abrir las puertas de las universidades a las minorías, sino hay que asegurar que pueden —y quieren— seguir allí.

La Universidad de Texas está buscando lograr justamente eso. Aparte de sus políticas de acción afirmativa en el proceso de ingreso, que incluyen el garantizar espacios para los estudiantes que se gradúan en el primer decil de cada escuela preparatoria en el estado, la universidad recientemente comenzó un ambicioso programa que busca retener a los estudiantes con menor capital cultural o económico. Gran parte del grupo visto como “vulnerable” de abandonar la universidad son latinos (mayormente de ascendencia mexicana) y negros de los barrios pobres del estado, aunque también hay estudiantes blancos de bajos recursos en ese grupo. Pero en los últimos dos años, un equipo de psicólogos y tutores ha trabajado por subir el nivel académico de ese grupo, con una combinación de apoyos psicológicos, tutorías especializadas y becas de $5,000 por año. Los resultados han sido impactantes. Después del primer semestre del programa, la distancia entre el rendimiento escolar de los estudiantes “riesgosos” y los otros se redujo a la mitad, según un reportaje en el New York Times Magazine del año pasado (Paul Tough, Who Gets to Graduate, 15 de mayo, 2014).

La decisión de la Suprema Corte tendrá repercusiones para el futuro de programas así en universidades que buscan nivelar el campo de juego para sus estudiantes desfavorecidos. En muchos casos, esos alumnos enfrentan dobles retos —por su situación económica y por el racismo—. La decisión de la corte mostrará si la corte realmente quiere cambiar la balanza de poder y de oportunidades en Texas, y en el país en general. Dado el clima actual en el país, cualquier decisión estará cargada de significado.