Marion Lloyd

Es casi un hecho que Donald Trump sea el candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos. Queda claro que un eventual presidente Trump sería desastroso para la relación bilateral entre Estados Unidos y México —sin hablar del impacto sobre otras áreas prioritarias de la actual administración, como son la reforma migratoria o el cambio climático. Pero ¿qué implicaciones tendría para la educación superior de su país?

Para contestar eso, sólo hay que echar un vistazo a la “universidad” con fines de lucro que fundó el magnate republicano en 2005. La Universidad Trump, con sede en Nueva York, tenía una visión abiertamente mercantil. Ofrecía cursos en línea de bienes raíces, administración de activos, emprendimiento y creación de capital, con tarifas que iban de los mil 500 a los 35 mil dólares. En el proceso, la empresa prometía enseñar a sus estudiantes los secretos de negocio de Trump —cuya fortuna se estima en 4.5 mil millones de dólares— y de otros “empresarios exitosos” del mundo de los bienes raíces.

La realidad, sin embargo, fue otra. Más que una universidad, Trump U. fue una estafa monumental, según varias demandas colectivas lanzadas en contra del precandidato republicano desde 2010. En el acontecimiento más reciente del 26 de abril, un juez de Nueva York mandó al tribunal una demanda colectiva presentada por el procurador general del estado, Eric Schneiderman, por 40 millones de dólares. Schneiderman, del partido demócrata, acusa a Trump y sus socios de operar sin licencia y de engañar a miles de estudiantes con promesas falsas sobre los cursos. El caso, presentado por primera vez en 2013, busca la restitución de daños y compensación a favor de más de 5,000 estudiantes en todo el país, incluyendo a 600 neoyorquinos.

Trump había intentado evitar que el caso llegara hasta el tribunal, debido a la atención negativa que esto generaría en los medios de comunicación. Sin embargo, es probable que tendrá que declarar ante la corte en plena campaña presidencial.

También hay otras dos demandas colectivas pendientes por parte de estudiantes —una a nivel nacional y otra por parte de estudiantes de California, Florida y Nueva York . — En todos los casos, los demandantes alegan ser víctimas de una estafa multimillonaria, orquestada por parte del propio Trump.

Según Schneiderman, la Universidad Trump operaba a través de una estrategia de anzuelo y engaño; atraía a los estudiantes con cursos baratos, y después los exhortó a contratar seminarios mucho más caros con tal de tener acceso a los “expertos” cercanos a Trump. Los instructores también presionaban a los estudiantes a ampliar sus líneas de crédito, para poder pagar los cursos, según la demanda.

Cómo hacerse rico en 90 minutos

Un anuncio promocional de la Universidad Trump, en donde sale el fundador, da cuenta de las tácticas publicitarias empleadas para atraer clientes. “En solo 90 minutos, los instructores que yo he seleccionado personalmente compartirán mis técnicas, desarrolladas a través de toda mi carrera”, dice Trump. E insiste, “Después, solo copia exactamente lo que yo he hecho y hazte rico”. No obstante, en una deposición en 2012, Trump admitió que no conocía a los supuestos expertos. Peor aún, muchos de los instructores habían sido contratados después de haber declarado sus propias compañías en bancarrota, según reportes de prensa estadounidenses.

El mismo nombre de la empresa era engañoso. Al no contar con una licencia de operación como universidad, Trump U. no podía emitir títulos. En cambio, daba certificados firmados por el propio Trump. Sin embargo, en sus videos promocionales, la empresa prometía que esos certificados tendrían el mismo valor en el mercado—promesa que resultó no ser cierta, según las demandas colectivas.

Desde 2005, oficiales del Departamento de Educación de Nueva York avisaban a Trump que su empresa estaba violando la ley al ostentarse como una universidad. Pero fue hasta 2010, cuando los avisos volvieron más insistentes, que Trump cambió el nombre de la empresa a The Trump Entrepreneur Initiative (La Iniciativa Empresarial Trump). Meses después, él cerró la compañía. Por su parte, el magnate insiste que la Universidad Trump fue “una escuela maravillosa”. Se ampara en evaluaciones señalando que 98 por ciento de los estudiantes estaban satisfechos con la educación recibida. Sin embargo, muchos de los estudiantes después declaraban que fueron obligados a contestar los formularios de forma positiva para poder avanzar en sus cursos, según las demandas colectivas.

El caso Makaeff

En 2010, Trump demandó por difamación a una de sus acusadoras, la ex estudiante Tarla Makaeff, por 1 millón de dólares. Makaeff, una de las principales testigos de la primera demanda colectiva, originalmente otorgó una evaluación positiva a la compañía. Pero después escribió en las redes sociales que había gastado 60 mil dólares para un aprendizaje de un año con “expertos”, pero que sólo tuvo acceso a un seminario de 3 días. También acusó a sus supuestos mentores de prácticas poco éticas, al proponer inversiones en bienes raíces en que ellos mismos tenían intereses económicos.

Como Trump no pudo comprobar malicia en el caso, tuvo que pagarle a Makaeff cerca de 800 mil dólares para cubrir sus costos legales. Al pronunciar su sentencia, el tribunal de apelaciones federal declaró que “las víctimas de los estafadores frecuentemente cantan las bondades de sus victimarios, hasta el momento en que se dan cuenta de que los han estafado”.

A su vez, Trump acusa al procurador Schneiderman de buscar frenar su campaña a la presidencia. “No es más un político de pacotilla en búsqueda de publicidad”, el magnate declaró el año pasado, en su típico estilo provocador.

No obstante, no solo los demócratas están sacando provecho de las acusaciones en contra de Trump. También lo han hecho sus contrincantes republicanos, quienes han sumado fuerzas en los últimos meses para frenar la candidatura de Trump. En marzo, un grupo conservador, El Fondo del Futuro Americano, lanzó un anunció con testimonios de las “víctimas” de la Universidad Trump. Y durante los debates republicanos, varios de los precandidatos sacaron a relucir las acusaciones en contra del magnate.

Las acusaciones también han sido retomadas por estudiantes universitarios, quienes han lanzado fuertes protestas en contra del precandidato en las últimas semanas en varios estados. La magnitud de las manifestaciones inclusive ha llevado a Trump a cancelar actos de campaña en algunas universidades.

No obstante, Trump, egresado de la prestigiada Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, insiste que le tiene sin cuidado la falta de apoyo del sector más educado del país. Después de su reciente victoria en las primarias republicanas en Nevada, el precandidato se jactó que “ganamos con la gente poco educada. Me encanta la gente de escasa educación”.

La declaración se ha convertido en otra de las frases célebres de su campaña. A su vez, aunado a su fallido experimento educativo, aporta pistas sobre el tipo de políticas de educación superior que adoptaría el magnate neoyorquino si fuera presidente.

Primero, es probable que apoyaría las instituciones con fines de lucro. El sector, que representa 10 por ciento de la matrícula del país y que tradicionalmente ha contado con el apoyo de congresistas republicanos, está enfrentando su peor crisis en décadas. Varias de las empresas han cerrado en los últimos meses, después de ser acusadas de defraudar a miles de estudiantes con prácticas engañosas y predatorias. El gobierno también ha impuesto nuevas reglas para el sector, que buscan reducir su acceso a préstamos estudiantiles federales—y con ellos, potenciales clientes. Sin embargo, Trump podría revertir esa tendencia.

Segundo, parece poco probable que Trump seguiría con la iniciativa de Obama, que busca hacer gratuitos los community colleges públicos, instituciones de educación superior que otorgan títulos después de dos años de estudios. El plan ha enfrentado fuerte oposición por parte de los republicanos en el Congreso por a su alto costo—un estimado 60 mil millones de dólares durante la próxima década.

Tercero, Trump ha declarado que acabaría con las utilidades que recibe el gobierno federal de su programa de préstamos estudiantiles. Según las cifras del precandidato, éstas rebasaron los 41 mil millones de dólares en 2013. Sin embargo, no ha dicho cómo cambiaría el programa. Tampoco ha propuesto reducir el costo para los estudiantes, como sí han hecho los precandidatos demócratas.

La falta de propuestas claras para la educación superior refleja el poco interés que tiene Trump hacia el sector. No obstante, sus propuestas acera de otros niveles del sistema dan una idea del tipo de políticas que apoyaría en caso de llegar a la Casa Blanca. Por ejemplo, propone abrir la competencia educativa a través del sistema de vouchers estudiantiles y de las escuelas chárter, que operan como empresas privadas. También, buscaría reducir el papel del gobierno federal en la educación del país, incluyendo la posibilidad de “desaparecer” el Departamento de Educación. Por último, dice que acabaría con el sistema de contenidos comunes (Common Core) para las escuelas básicas—aunque en realidad el sistema fue aprobado a nivel estatal, con un mínimo de intervención federal.

Lo que resalta de esas propuestas es la idea de que la educación es un negocio como cualquier otro, en vez de un bien público. Si la Universidad Trump sirve como ejemplo, la educación superior también lo es.