Marion Lloyd

A casi 50 años del mayo de 68, otra revuelta popular estalla en las calles de Francia. En esta ocasión, la ira está dirigida hacia el gobierno de Emmanuel Macron. El ex banquero de inversión, cuya elección en mayo de 2017 lo convirtió en el líder francés más joven desde Napoleón, ha procurado reinventarse como un “populista de centro”. Sin embargo, sus ambiciosas reformas económicas y políticas lo han confrontado con importantes sectores de la sociedad.

Como sucedió en 1968, entre sus opositores más férreos hay grupos estudiantiles que protestan una nueva ley de acceso universitario. La llamada “Ley de Orientación y Éxito de los Estudiantes”, aprobada por el Parlamento francés el 15 de febrero, introduce los primeros requisitos de admisión para la educación superior pública. Las nuevas reglas rompen con más de 200 años de acceso libre y gratuito a las universidades francesas.

Los estudiantes han respondido saliendo a las calles y cerrando universidades en ciudades como Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes y Nancy. En algunos casos, la policía ha reprimido las protestas con violencia, como sucedió el 4 de abril en la Universidad de Strasbourg. Docenas de agentes antimotines utilizaron gas lacrimógeno para desalojar a estudiantes que buscaban tomar control del palacio universitario, exacerbando aún más las tensiones.

Para la semana pasada, 9 de las 70 universidades públicas del país estaban en huelga, según el diario Le Monde. Por su parte, el gobierno reportó 3 instituciones clausuradas y 8 más con bloqueos parciales. Entre las afectadas estaba la Universidad de Nice Sophia Antipolis, en donde la actual ministra de educación superior, Frédérique Vidal, fungió como rectora. Los estudiantes señalan a Vidal como la autora de la nueva ley universitaria.

Para el movimiento estudiantil, la gota que derramó el vaso fue el desalojo violento del auditorio de la universidad en Montpellier el pasado 22 de marzo. Una docena de encapuchados irrumpieron en la facultad de derecho y golpearon con bates de béisbol a un grupo de unos 50 estudiantes huelguistas que, días antes, habían tomado un auditorio. Tres estudiantes fueron hospitalizados con lesiones en el cráneo, según reportó AFP.

Los estudiantes identificaron al decano de la facultad, Phillippe Pétel, como el organizador del ataque, además de otros profesores. Pétel después dijo en una entrevista que estaba “orgulloso” de los que habían resistido la ocupación de la universidad, según reportes de prensa locales. El decano fue arrestado el 28 de marzo y después destituido por la ministra de educación superior, junto con otro profesor. Ambos niegan haber participado en el desalojo. Pero los videos, que muestran estudiantes gritando mientras son golpeados por hombres vestidos de negro, volvieron viral en las redes sociales, provocando manifestaciones solidarias en varias ciudades.

El ataque en Montpellier sucedió justo 50 años después de otro desalojo violento en la Universidad de Nanterre por parte de la policía francesa. El incidente, que dio origen al movimiento estudiantil “22 de Marzo”, formó parte de una serie de enfrentamientos entre estudiantes y el gobierno. Éstos culminaron en las protestas nacionales masivas en Francia en mayo de 1968, en donde se sumaron los principales sindicatos, paralizando al país durante varias semanas. El entonces presidente Charles de Gaulle se fugó de Francia durante varias horas, levantando el espectro de una guerra civil.

Aunque las actuales manifestaciones aún no han llegado a ese extremo, hay similitudes entre los dos periodos de protesta. Ambos surgen de un contexto de fuertes cambios económicos a nivel mundial y de críticas al capitalismo. Y ambos han unido a sectores muy diversos, con los estudiantes y los sindicatos al centro.

También hay diferencias. Las protestas de los últimos meses tienen metas más puntuales: más que reformar todo el sistema económico y político, buscan revertir las reformas de Macron. Éstas abarcan temas explosivos, desde la flexibilización de las leyes laborales y la reestructuración del sistema ferrocarril hasta una propuesta de reforma migratoria, que abriría la puerta a la deportación masiva de migrantes indocumentados.

La protesta más multitudinaria contra el gobierno ocurrió el 22 de marzo, en conmemoración al movimiento de 1968. Decenas de miles de trabajadores públicos, jubilados y estudiantes salieron a las calles, chocando con policías en algunas ciudades. Después, el 3 de abril, una huelga parcial en la SNCF, la compañía estatal de ferrocarriles, paralizó el tránsito dentro y fuera del país. Fue la primera de docenas de paros anunciados por el sindicato para los próximos tres meses. El gremio busca preservar sus generosas prebendas, incluyendo aumentos de sueldo anuales garantizados, seis semanas de vacaciones al año y boletos gratuitos para familiares de los trabajadores, según reportó la BBC.

También se han unido otros sectores a las protestas nacionales, aumentando el caos en el país. Air France tuvo que suspender 25 por ciento de sus vuelos a principios de la semana pasada debido a una huelga parcial de sus empleados. A la vez, los recolectores de basura tomaron algunas plantas de tratamiento de residuos en protesta a los cambios a las leyes laborales. Y los sindicatos del sector energético han anunciado huelgas para exigir un fin de la liberalización de ese mercado y su desregulación, según la BBC.

Macron insiste en que las reformas son necesarias para volver más competitivo al país en el contexto de la globalización. “Aseguraré que todas las voces son escuchadas, incluyendo las que son contrarias. Pero no dejaré de actuar”, afirmó en su primer discurso de año nuevo como presidente. Para sus críticos, sin embar-go, Macron se ha convertido en “el presidente de los ricos”, con un programa de reforma que se parece cada vez más al de su contraparte inglesa ultraconservadora, Theresa May. Acusan al presidente galo de atentar contra algunas de las ganancias más preciadas de la Revolución francesa, entre ellas, las protecciones laborales más fuertes del continente europeo y el acceso universal a las universidades públicas.

La reforma universitaria, en particular, ha tocado fibras sensibles. Anteriormente, todos los egresados del nivel media superior tenían acceso garantizado en la educación superior. Solo tenían que aprobar el examen final de la preparatoria, conocido como el baccalauréat (o bac, abreviado), sin importar el puntaje. La prueba fue introducida por Napoleón en 1808 como único requisito de acceso a las universidades públicas. En el contexto de las políticas neoliberales de las últimas décadas, el bac se ha convertido en el símbolo más visible del principio francés de “educación para todos”, en contraposición al sistema altamente selectivo y caro de Inglaterra.

Durante el último siglo, el porcentaje del grupo de edad que toma el examen ha incrementado de 1 por ciento en 1990 y apenas 20 por ciento en 1970 a 80 por ciento en 2017, según AFP. No obstante, el sistema universitario no creció al ritmo de la demanda. Por ello, en las últimas décadas, el gobierno implementó un sistema de lotería para seleccionar estudiantes para los cursos más concurridos, como psicología, deportes y derecho. Los que no entraban tenían la oportunidad de escoger otra carrera o intentar de nuevo el siguiente ciclo escolar.

Bajo el nuevo sistema, ya no habrá lotería, sino que las universidades podrán seleccionar entre los candidatos en caso de carreras saturadas. La ley también introduce un sistema de asesoría vocacional a estudiantes del último año de la preparatoria, para ayudarles a escoger una carrera afín a su perfil. Los que no entran al curso deseado tendrán que tomar cursos propedéuticos para ingresar a la universidad.

La reforma también inyectará otros mil millones de euros (US$1.2 mil millones) al sistema durante los 5 años restantes del gobierno Macron. Los fondos se destinarán para abrir 130 mil lugares en las carreras sobresaturadas, crear nuevos programas en las universidades públicas y construir 60 mil lugares en los dormitorios estudiantiles.

La reforma busca responder a varios problemas del sistema universitario francés: la sobresaturación de algunas carreras, la poca presencia de las universidades francesas en los ranking internacionales, y—sobre todo—la altísima tasa de deserción escolar. Actualmente, un 60 por ciento de los que ingresan a la universidad terminan abandonando después de uno o dos años, según el gobierno. Para los críticos, sin embargo, el nuevo sistema es elitista y perjudica a estudiantes de menores recursos. Insisten en que la reforma introduce una “selección disfrazada”, en perjuicio del principio de la educación superior como un bien común.

También critican a los planes del gobierno de fusionar varias universidades existentes, con el fin de mejorar su presencia en los ranking internacionales. La estrategia obedece a la lógica de que mayor el tamaño de la institución, mayor la producción científica—un factor clave en los rankings. Tal es el caso de la Universidad de Toulouse—Jean Jaurès, que fue tomada por estudiantes desde hace un mes en protesta a los planes de unir su institución con las otras dos universidades públicas de la ciudad.

Sin embargo, no todos los estudiantes apoyan las protestas. Entre los opositores está la mayor federación de estudiantes, la FAGE, que denunció que algunos de sus miembros habían recibido amenazas por parte de los huelguistas, según Reuters. En algunas universidades, también ha habido enfrentamientos violentos entre ambos grupos sobre el tema de los exámenes finales, que están programados para abril y mayo. La semana pasada, la ministra Vidal hizo un llamado a los manifestantes para que eviten la violencia y que permiten la aplicación de los exámenes.

Dado el escalamiento de las tensiones en semanas recientes, parece poco probable que su petición sea respetada. Día con día, nuevas universidades se suman a las protestas, junto con sectores cada vez más amplios de la sociedad francesa.

En entrevista con Reuters, un universitario parisino resumió la lógica del movimiento estudiantil: “El gobierno está determinado, pero nosotros también. Nuestra demanda principal es que desechen la reforma universitaria, pero también buscamos unir nuestras batallas con las de los demás afectados por Macron”.

Ante ese contexto, cabe preguntar si las protestas se desembocarán en otro 1968. Y si es así, ¿logrará Macron sobrevivir la revuelta estudiantil?