Marion Lloyd

La propuesta del presidente López Obrador de establecer el acceso gratuito y obligatorio a la universidad busca colocar a México en la vanguardia de los países en donde la educación superior es vista como un bien público y un derecho universal. Bajo esta lógica, se plantea que mayor acceso es igual a mayor equidad—uno de los principios rectores de la llamada Cuarta Transformación anunciada por el nuevo presidente. Sin embargo, la propuesta se construye a partir de muchos mitos acerca de la gratuidad, como demuestran las experiencias internacionales.

En los últimos años, han surgido movimientos populares que exigen educación superior gratuita en países tan disímiles como Chile, Estados Unidos, Gran Bretaña, Filipinas, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los proponentes de estas políticas insisten en que la gratuidad es la mejor forma de garantizar la igualdad de oportunidades, compensar por crímenes del pasado (Sudáfrica) o bien resolver las crisis provenientes de deudas estudiantiles (Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile). No obstante, tales propuestas muchas veces se basan en ideologías y buenas intenciones más que en evidencia.

Mito #1: la gratuidad universal es realmente gratuita

Para empezar, son muy pocas las naciones que garantizan el acceso universal y gratuito a la educación superior. Destacan los países nórdicos, además de Alemania y Austria, que tienen sistemas universitarios gratuitos para sus ciudadanos y estudiantes de países miembros de la Unión Europea—aunque no necesariamente para extranjeros de otras regiones. Pero en todos estos casos, la política de universalidad se sostiene sobre la base de impuestos sobre la renta del orden del 40 por ciento. En comparación, los trabajadores mexicanos pagan un promedio de 10 por ciento en impuestos, según las últimas cifras de la OCDE. Es decir, la gratuidad sí cuesta y cuesta caro. Mientras la mayoría de los países que garantizan este derecho se ubican entre las economías más ricas del mundo, México evidentemente no.

La política de gratuidad en esos países ha permitido tasas de cobertura de 75 por ciento, cifra muy superior al 60 por ciento promedio de la OCDE. Y 55 por ciento de los alumnos se beneficia de becas y/o préstamos subsidiados por el Estado para manutención, según un estudio publicado en 2014 (Ricardo Paredes, Reflexiones sobre las propuestas de gratuidad para la educación superior en Chile). No obstante, aún en estos países, hay signos de agotamiento del modelo gratuito. Por ejemplo, Suecia y Finlandia recientemente introdujeron cuotas para estudiantes de países fuera de la Unión Europea, que van de 1,500 euros a 35 mil euros al año en cursos altamente especializados, según reportes de prensa.

El caso de Chile también es ilustrativo. En 2013, Michelle Bachelet ganó la presidencia con la promesa de introducir la educación superior gratuita y universal de forma gradual hasta 2020. Fue un giro radical para un país que cuenta con uno de los sistemas universitarios más caros del mundo—un legado de las políticas ultra neoliberales implementadas bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“La idea es que cambie el paradigma de lo que entendemos de educación. Hoy es entendida como un bien de consumo. La idea es pasar a un derecho social, donde no sea la capacidad de pago la que determine las decisiones”, afirmó Bachelet durante su campaña presidencial. Prometió que el 70 por ciento de los alumnos más pobres estudiarían gratis para finales de su gobierno en 2018. Sin embargo, debido a la falta de acuerdos en el Congreso chileno para una reforma fiscal y la caída en el precio internacional de cobre—una de las principales fuentes de financiamiento del país—solo se ha podido implementar la política para el 50 por ciento de los estudiantes.

Mito #2: el acceso gratuito y universal no tiene implicaciones para la calidad o la permanencia

Otros países que ofrecen educación superior gratuita y universal son Francia y Argentina. Ambos sistemas, sin embargo, enfrentan graves problemas de falta de financiamiento, lo que ha llevado a problemas de calidad, la sobresaturación de aulas y altísimos niveles de deserción escolar. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ha buscado introducir un nuevo sistema de admisión y asignación de lugares en las universidades públicas, en un intento por reducir los niveles de deserción y elevar la calidad del sistema. Actualmente, seis de cada 10 estudiantes franceses abandonan la universidad después del primer año, según cifras del gobierno. Eso se debe en gran medida a la crisis de financiamiento en el sector. Los presupuestos universitarios no han crecido al ritmo de la población estudiantil, llevando a alarmantes niveles de hacinamiento en las carreras más concurridas y faltas de apoyos para la manutención y hospedaje de los estudiantes.

La Ley de Orientación y Éxito de los Estudiantes, aprobada en febrero de 2018, busca cambiar ese panorama al eliminar el actual sistema de sorteo para las carreras más demandadas. En su lugar, establece un nuevo sistema de puntos, en donde los estudiantes con menores rendimientos en los exámenes de admisión deban cursar programas propedéuticos. Las universidades tendrán la última palabra sobre quién ingresa y en qué carreras. El gobierno también anunció una inversión de casi mil millones de euros (1.2 mil millones de dólares) durante cinco años para crear nuevos programas y abrir espacios en las carreras más demandadas. No obstante, la ley ha generado protestas masivas por parte de los estudiantes, que acusan al gobierno de Macron de atentar contra el principio de acceso universal —uno de los logros más emblemáticos de la Revolución Francesa.

En Argentina, el sistema universitario también está en crisis debido a la falta de financiamiento. La combinación de altos niveles de titulación en el bachillerato y el acceso universal a la universidad ha llevado a una de las tasas de matrícula en la educación superior más altas de la región latinoamericana: 88 por ciento, cifra que coloca a Argentina sólo detrás de Cuba, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, tal nivel de crecimiento no ha sido acompañado por mayores inversiones en el sector, lo que ha impactado en la calidad de la educación y las condiciones laborales de los docentes. Tampoco existen muchos apoyos para alumnos de bajos recursos. Todo ello ha contribuido a tasas de abandono hasta de 76 por ciento, con casi 6 de cada 10 alumnos dejando la carrera después del primer año, según varias encuestas citadas por el diario Clarín.

La crisis del sistema argentino se agudizó con los recortes financieros anunciados por el gobierno conservador de Mauricio Macri a principios del año pasado. En agosto de 2018, las 57 universidades públicas del país se fueron de huelga para exigir mayores fondos para los profesores universitarios, cuyos salarios han estado en caída libre en los últimos años. La huelga se acabó a principios de septiembre, después de que el gobierno de Macri prometió incrementar los sueldos de los profesores en un 25 por ciento. No obstante, los ingresos de los académicos argentinos siguen siendo muy bajos, comparados con los de sus contrapartes en Brasil y México. A partir del próximo año, un profesor titular con el máximo nivel de antigüedad ganará el equivalente a 2,500 dólares al mes, mientras que un profesor que trabaja por horas percibirá un máximo de 500 dólares, según reportó Infobae.

En resumen, como demuestran los casos de Francia y Argentina, no hay relación entre la gratuidad y la calidad de la educación—mucho menos la “excelencia”, para usar una de las palabras clave de la propuesta de López Obrador.

Mito #3: la gratuidad garantiza aumentos en la matrícula

Aunque algunas naciones con sistemas gratuitos, como Argentina y los países nórdicos, han logrado altas tasas de matrícula, no es el caso para todos. Un estudio de Johnstone y Marcucci de 2010 (Financiang Education Worldwide. Who pays? Who should pay?) identificó 48 países en donde las universidades públicas son gratuitas. Una mayoría de ellos están en Europa, Asia Central y África subsahariana, aunque la lista también incluye algunos países de América Latina, Asia Oriental, Medio Oriente y Europa del Este. Sin embargo, existen enormes variaciones en las tasas de cobertura, que van desde 116 por ciento en Grecia y 63 por ciento en Alemania a 2 por ciento en Níger, según los autores.

El estudio incluye a México entre los países con educación superior gratuita, aunque en realidad casi todas las universidades públicas estatales del país cobran algún tipo de arancel. Tales cobros representan entre 5 y 35 por ciento de los presupuestos de las 35 universidades estatales, según Javier Mendoza, experto en financiamiento universitario e investigador de la UNAM. Él estima que el monto generado por esos cobros es de 14 mil millones de pesos anuales, la pérdida de los cuales generaría serios problemas presupuestales para las instituciones.

Tampoco hay correlación entre la cobertura y las tasas de graduación. Por ejemplo, en Grecia solo 29 por ciento de los estudiantes logra titularse—es decir, la cuarta parte de los que ingresan a la universidad. Mientras tanto, en Islandia, con una tasa de cobertura de 81 por ciento, un poco más de 61 por ciento se titulan, según los últimos datos de la Unesco.

Por otro lado, muchos países en desarrollo han logrado grandes aumentos en la cobertura a través de la expansión del sistema privado y políticas de préstamos estudiantiles. Tal es el caso de Chile, cuya cobertura aumentó de 20 por ciento a más de 70 por ciento en un periodo de 20 años, mientras que Noruega y Suecia tardaron 40 años lograr avances similares, según el estudio de Ricardo Paredes sobre el caso chileno. No obstante, el modelo de préstamos estudiantiles provocó una crisis de endeudamiento en Chile—lo que desató las protestas masivas a favor de la gratuidad en ese país a partir de 2011.

Mito #4: gratuidad es igual a acceso universal

Como hemos visto, existen algunos países en donde todos los egresados del nivel medio superior pueden acceder a la universidad de forma gratuita. Pero son una pequeñísima minoría. En una mayoría de países en donde existen políticas de gratuidad—inclusive en casos como Rusia, donde el principio está garantizado por la constitución—éstas son limitadas a ciertos sectores de la población. Existen tres esquemas de gratuidad parcial en el mundo, según un estudio de 2018 de Arianne de Gayardon (There is no such thing as free higher education: A global perspective on the (many) realities of free systems). El estudio demuestra la enorme variabilidad en los mecanismos de financiamiento en el mundo, inclusive entre los países que ostentan sistemas de educación superior “gratuitos”.

Bajo el primer esquema, las instituciones cobran aranceles “disfrazados” por conceptos como transporte, hospedaje, seguros médicos o servicios deportivos. El caso más llamativo de este modelo es Irlanda, que no cobra colegiaturas, pero sí exige “contribuciones estudiantiles”. Tales aportaciones originalmente se destinaban para servicios estudiantiles y exámenes. Sin embargo, entre 1997 y 2016, el monto de las contribuciones aumentó de 170 euros a 3 mil euros al año—rebasando el costo de las colegiaturas en muchas universidades europeas.

El segundo esquema se conoce como doble vía (dual track), en donde una proporción de estudiantes pueden asistir a la universidad de forma gratuita mientras que otros deben pagar. El sistema, que opera en Rusia y otras exrepúblicas soviéticas, generalmente otorga lugares gratuitos con base en el desempeño académico previo. Algunos países en África oriental también implementaron sistemas de doble vía a principios de este siglo, pero después adoptaron algunas cuotas para estudiantes, según el estudio.

Una variante sobre este modelo son los sistemas que cobran colegiaturas para estudiantes provenientes de otros países o regiones—el caso de la mayoría de las naciones europeas. “El sistema de doble vía permite a los países a mantener el pretexto de ofrecer educación superior gratuita, mientras no tienen que enfrentar el costo de la creciente demanda”, argumenta Gayardon.

A su vez, existen países en donde la educación superior pública es gratuita pero inaccesible para la mayoría de la población. Tal es el caso de Brasil, en donde las universidades públicas—que son las mejores y realizan la mayoría de la investigación científica del país—representan solo 23 por ciento de la matrícula terciaria. El otro 77 por ciento de los estudiantes paga por estudiar en instituciones privadas, generalmente de muy dudosa calidad.

Hasta la reciente introducción de políticas de acción afirmativa en Brasil, las universidades públicas fueron bastiones de la élite blanca. Sin embargo, hoy una mayoría de las instituciones públicas estatales y federales reservan la mitad de sus lugares para afrobrasileños y egresados de bachilleratos públicos. Dichos grupos tradicionalmente han sido subrepresentados en la educación superior del país, a pesar de que representan la mayoría de los estudiantes. Bajo el expresidente Lula da Silva (2003-2010), el gobierno también implementó el programa ProUni, que da incentivos fiscales a instituciones privadas que otorgan becas a estudiantes desfavorecidos. También, durante los gobiernos de Lula y su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016), se aumentó diez veces el número de estudiantes con préstamos subsidiados para llegar a 1.4 millones de beneficiarios en 2013, según datos del gobierno.

Mito #5: la gratuidad garantiza la equidad

La experiencia internacional demuestra que la gratuidad, por sí sola, no garantiza la equidad. Francia y Argentina son ejemplos en este sentido. En ambos casos, las tasas de deserción son mucho más altas para los estudiantes pobres, quienes enfrentan déficits académicos y problemas económicos en su paso por la universidad.

Por ello, una mayoría de países han implementado mecanismos para aumentar el acceso a la educación superior a estudiantes de bajos recursos y otros grupos desfavorecidos. Apoyos que van desde becas y préstamos altamente subsidiados, a políticas compensatorias (de acción afirmativa). En el caso de Chile, por ejemplo, el primer gobierno de Sebastían Piñera (2010-2014) redujo la tasa de interés para los préstamos estudiantiles para estudiantes pobres de 6 a 2 por ciento, en un intento por reducir la carga de la deuda estudiantil. El país después implementó la gratuidad para los 5 deciles más bajos, como parte de una estrategia focalizada en beneficio de los más necesitados.

En otros ejemplos, India, Malasia y Brasil reservan lugares para estudiantes de grupos históricamente excluidos o subrepresentados en la educación superior, mientras que muchas instituciones en Estados Unidos dan preferencia a esos grupos—sobre todo estudiantes afroamericanos e hispanos—en los procesos de admisión. Estas medidas han sido más exitosas, sin embargo, cuando van acompañadas de becas de manutención y acompañamientos académicos para compensar por la falta de preparación académica en los niveles previos.

En México, en contraste, la principal política de equidad consiste en los programas de becas, como Pronabes, que otorga montos entre 750 y mil pesos mensuales, según el año de estudios. Las cantidades son tan pequeñas que solo sirven para cubrir gastos de transporte en la mayoría de los casos. Dichos programas no han reducido la brecha de acceso universitario entre los deciles más bajos y los más altos de forma significativa, debido a que no resuelvan la situación económica o la escasez de instituciones de educación superior en comunidades rurales.

El gobierno de López Obrador busca cambiar ese panorama a través de la creación de 100 colegios universitarios en comunidades pobres—el anunciado Programa para las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García—y al otorgar apoyos de 2,400 pesos mensuales a unos 300 mil estudiantes universitarios de bajos recursos. No obstante, los beneficiarios de las becas representan menos del 10 por ciento de la matrícula en educación superior. A su vez, se espera que las nuevas instituciones tendrán un presupuesto de mil millones de pesos y un cupo para 130 mil estudiantes—lejos de los 1.1 millones de nuevos lugares que se tendría que crear para llegar a la meta de 50 por ciento de cobertura para 2024.

A fin de cuentas, como dice el título del artículo de Gayardon, no existe la educación superior gratuita. Todo servicio público tiene su costo. Pero lo que distingue a las naciones más igualitarias es la forma en que gastan sus recursos limitados, en beneficio de las personas que más los necesitan.