Marion Lloyd

Las universidades públicas brasileñas enfrentan su peor amenaza desde la dictadura militar. En las últimas semanas, el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha anunciado un recorte de 30 por ciento al gasto discrecional de las 63 universidades federales, las cuales acusa de ser bastiones del marxismo con poca utilidad para el país. A su vez, Bolsonaro autorizó un recorte aún mayor para el Ministerio de Educación y ha atentado contra la autonomía universitaria.

El Decreto Nº 9.794, emitido por Bolsonaro el 14 de mayo, quita el poder de las universidades de escoger a sus propias autoridades y de realizar consultas internas. “Autonomía universitaria no es soberanía”, dijo el ministro de Educación, Abraham Weintraub, al defender la medida en una comparecencia ante el Congreso el día siguiente. El ministro también amenazó con mandar a las fuerzas de seguridad a los campus para aplacar la resistencia al gobierno. “Las universidades tienen que respetar las leyes, y al ser necesario, la policía sí necesita entrar a las universidades”, enfatizó.

Las medidas vienen en represalia por las protestas de estudiantes y profesores en muchas universidades en contra del gobierno ultraconservador. A finales de abril, Weintraub anunció los primeros recortes de 30 por ciento a los presupuestos de las tres universidades más combativas: la Universidad Federal de Bahía, la Universidad de Brasilia y la Universidad Federal Fluminense. El ministro acusó a las instituciones de “sembrar desorden” contra el gobierno, después de que estudiantes allí organizaron protestas en “contra del fascismo”—una clara referencia a las políticas ultraderechistas de Bolsonaro, que incluyen autorizar el uso de armas por parte de la población civil para combatir el crimen.

Por su parte, el presidente anunció que estaba considerando reducir o eliminar fondos para las carreras de sociología y filosofía en las universidades federales; su gobierno no tiene incidencia en las más de 40 universidades públicas que están bajo control de los estados y municipios. En su cuenta de Twitter, el presidente argumentó que los programas son fábricas de desempleados y que el objetivo es “enfocarse en áreas que generen un retorno inmediato al contribuyente, como: veterinaria, ingeniería y medicina”.

Dos semanas después, Weintraub anunció recortes para las otras 60 universidades de entre 30 y 50 por ciento al gasto no obligatorio, que incluye los pagos de los contratistas, compra de equipo, agua, luz, teléfono e internet. Los recortes llegan en un momento en que las instituciones ya enfrentan serios déficits presupuestales debido a la creciente carga de los fondos de pensiones, entre otras áreas.

Las universidades se levantan

La respuesta de la comunidad universitaria no se hizo esperar. El 15 de mayo se lanzó una jornada de protestas en más de 170 ciudades bajo el nombre del “Día nacional de lucha en defensa de la educación pública”. Según reportes de prensa, fue la mayor movilización desde el desafuero de la ex presidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016, que marcó el giro de Brasil hacia la derecha.

A su vez, se anunció otra megamarcha para el 30 de mayo y un paro nacional para finales de junio. “Convocamos otra movilización nacional para demostrar que nuestra lucha apenas comienza, que seguirá hacia la conquista de nuestro objetivo, revertir los recortes. Tenemos fuerza,” aseveró Marianna Días, presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes, en entrevista con el periódico en línea Kaosenlared. Los estudiantes han juntado fuerzas con los principales sindicatos de profesores, y juntos, han sonado la alarma a nivel internacional.

El mismo 15 de mayo, un grupo de profesores presentó al Congreso una petición firmada por más de 1.5 millones de personas de distintos países en defensa de las universidades brasileñas. Los organizadores aprovecharon la comparecencia de Weintraub en el Congreso para ganar aliados para su causa; a pesar de ser mayoría en ambos cámaras, los partidos de oposición han sido lentos en responder a la embestida contra las instituciones federales.

“Las universidades están bajo fuerte ataque del gobierno”, empieza la petición, que fue lanzada a principios de mayo en change.org. El texto enfatiza el hecho de que las universidades públicas, en su conjunto, son responsables por producir más de 90 por ciento de la investigación científica en Brasil. También menciona las grandes aportaciones de la educación superior pública al desarrollo económico, social y democrático del país.

Sin embargo, se aclara que las represalias del gobierno en contra de las universidades no fueron inesperadas. “No podemos decir que esa actitud del gobierno, de cortar sin justificación 30 por ciento de los presupuestos ya aprobados para las universidades sea una sorpresa. Al final, desde el inicio, e inclusive durante la campaña, el gobierno Bolsonaro ha demostrado una fuerte visión anti intelectual, contraria a la ciencia y la cultura, y a la democracia. Elegir a la Universidad como el gran enemigo no es, por lo tanto, algo inesperado”.

El impacto de los recortes

Los recortes anunciados la semana pasada, para un total de 2.5 mil millones de reales (USD$600 millones), también afectan a los 38 institutos federales; a diferencia de las universidades, estas instituciones ofrecen programas a nivel media superior y superior pero no realizan investigación. A su vez, el gobierno anunció recortes al Ministerio de Educación por 7.4 mil millones de reales ($1.8 mil millones), según el diario Folha de São Paulo. Los recortes a las universidades regresan el presupuesto discrecional a los niveles de 2008, año en que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva empezó una campaña ambiciosa de expansión del sistema federal, conocido como REUNI.

Durante los 13 años de gobiernos de izquierda, de 2003 a 2016, se incrementó el número de universidades federales de 54 a 68, incluyendo 5 en proceso de creación. A su vez, desde 2008, los gastos ordinarios (de salarios y pensiones) aumentaron de R$22.8 mil millones (USD$5.6 mil millones) a los R$38 mil millones ($9.3 mil millones) proyectados para este año. Mientras tanto, el número de profesores universitarios en el sistema federal casi se duplicó, de 57 mil a 96 mil, según Folha.

Pero si el tamaño del sistema aumentó de forma masiva, también se dispararon los gastos obligatorios de las instituciones, en sueldos y pensiones. Tales gastos brincaron de R$22.8 mil millones ($5.5 mil millones) en 2007 a R$38.1 millones ($9.1 mil millones) presupuestados para este año, según el mismo diario. Sin embargo, el nivel de crecimiento de los pagos es mucho mayor que el aumento en subsidios del gobierno federal, situación que ha llevado a muchas instituciones a la crisis financiera. El golpe a las políticas de equidad.

Los recortes también pegarán a los esfuerzos por democratizar la educación superior brasileña, que históricamente ha sido de las más regresivas del hemisferio. Durante el gobierno de Lula (2003-2010) y su sucesora Rousseff (2011-2016), se implementaron políticas de acción afirmativa para estudiantes afrobrasileños y egresados de escuelas públicas—grupos históricamente excluidos de la educación superior, a pesar de representar la mayoría de los estudiantes. Bajo la Ley de Cuotas 2012, la mitad de los lugares están reservados para estos dos grupos, con consideración especial para estudiantes de bajos recursos.

Como resultado, el perfil de los estudiantes que asisten a las universidades federales ha cambiado radicalmente, volviéndose más representativa de la sociedad brasileña. Entre 2010 y 2018, la proporción de estudiantes provenientes de familias de bajos recursos aumentó de 44 a 70 por ciento en 2018, según una investigación presentado por los rectores de las universidades federales el 16 de mayo.

El nuevo presidente, sin embargo, es un fuerte opositor a las medidas compensatorias y las cuotas raciales en particular. Por ejemplo, insiste en que los afrobrasileños, que representan más de la mitad de los 210 millones de brasileños, son pobres porque “son demasiado flojos hasta para procrear”. Otros grupos que han sido blancos de sus diatribas son las mujeres, los indígenas y, de forma particularmente recurrente, los homosexuales.

La defensa del gobierno

El gobierno ha argumentado que los recortes a nivel superior son necesarios para resanar las finanzas públicas después del “despilfarro” de los gobiernos de izquierda anteriores (de 2003 a 2016). “El gobierno, que tiene cuatro meses, no es responsable por la situación… No somos responsables por el desastre de la educación brasileña”, dijo Weintraub en su comparecencia ante el Congreso.

El ministro insiste en que los recortes se tratan de una “contingencia” y que en realidad afectan poco a las universidades. El funcionario también argumenta que los recortes son necesarios para poder dirigir mayores fondos al nivel básico, ya que hasta ahorita el gobierno se “colocó más dinero en el techo y se olvidó la base”, según reportó Notimex. Explicó que el Plan Nacional de Educación del nuevo gobierno prevé destinar recursos a campañas de alfabetización, la educación media y la educación técnica.

Tal estrategia sigue las recomendaciones de la OCDE, que ha señalado en repetidas ocasiones el hecho de que el gobierno brasileño gasta cuatro veces más por estudiante a nivel universitario (USD$14,300) que a nivel básico ($3,800). El gasto a nivel terciario se coloca al país solo un poco detrás de la media de los países de la OCDE, que gastaron $15,300 por estudiante en 2015. La OCDE también ha señalado la baja proporción de egresados en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas): 17 por ciento contra el promedio de 24 por ciento de los países de la OCDE.

No obstante, las medidas del gobierno parecen más punitivas que propositivas. El decreto referente a la autonomía universitaria, en particular, parece diseñado para aplacar la disidencia dentro de las instituciones. Bajo la Constitución de 1988, las universidades gozan de autonomía “didáctico-científica, administrativa y de gestión financiero y patrimonial”. Sin embargo, no está estipulada la autonomía de escoger a sus funcionarios o rectores—un hueco que ha aprovechado Bolsonaro para aumentar su control sobre las instituciones.

El decreto, que entra en vigor el 25 de junio, quita la facultad a los rectores de nominar a vice rectores y otros cargos administrativos, y elimina los procesos de consultas internas. En adelante, todas las designaciones de rector, vicerrector, directores, procuradores y auditores serán sometidos a ejecutivo vía el Ministerio de Educación, que tendrá la competencia de nominar los demás cargos de dirección. Igual de alarmante para la comunidad universitaria son los pronunciamientos de Weintraub sobre la entrada de la policía dentro de las universidades. Durante el periodo de gobierno militar, de 1964 a 1985, miles de profesores y estudiantes fueron asesinados, desaparecidos o enviados al exilio. Casi 30 años después, las memorias de la represión han resurgido con los discursos de Bolsonaro, un ex militar y apologista de la dictadura.

“Entiendo por qué en el pasado fue creado esta soberanía universitaria, pero hoy no hay más necesidad de prohibir la entrada de la policía en el campus. ¿Por qué la policía no puede entrar?, dijo Weintraub durante un desayuno con periodistas el 14 de mayo, según reportes de prensa brasileñas. “Por qué las universidades deben tener distintas leyes que el resto de Brasil?

El hostigamiento hacia las escuelas

El gobierno de Bolsonaro también ha lanzado una cacería de brujas contra los profesores universitarios, a quienes acusa de promover ideas marxistas y otras corrientes “radicales”. Durante la campaña presidencial, algunos profesores fueron detenidos bajo cargos de violar las leyes electorales, después de criticar a Bolsonaro en frente de sus estudiantes. El mandatario también ha instigado a sus seguidores a filmar a profesores “indoctrinadores” y denunciarlos a las autoridades.

Entre profesores afectados por la campaña de hostigamiento fue Camila Marques, profesora de sociología del Instituto Federal de Goiás. El 15 de abril la policía civil entró al aula de Marques y la detuvieron, junto con otros tres estudiantes, bajo cargos de desacato a la autoridad. Marques es coordinadora general del Sindicato Nacional de Funcionarios de Educación Básica (SINASEFE), una de las organizaciones gremiales más críticas del gobierno. “Bolsonaro ha transformado al Ministerio de Educación en una verdadera máquina ideológica”, dijo Marques, en entrevista con el diario español Público. Agregó que “las universidades son objetivos prioritarios de sus ataques justamente porque han sido, históricamente, lugares de resistencia y lucha en defensa de la democracia y de la educación”.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior (ANDES) ha alertado que “el resultado de estas políticas desastrosas será la entrega de las universidades a la iniciativa privada”. Brasil ya cuenta con uno de los porcentajes más altos de matrícula en instituciones privadas—77 por ciento de las cuales la mitad en están en universidades con fines de lucro.

Mientras tanto, en las últimas semanas han circulado en las redes sociales videos y fotos que buscan pintar a las universidades federales como nidos de iniquidad y que han sido denunciadas como fake news. Salen imágenes de estudiantes desnudos o carátulas de tesis supuestamente defendidas en las universidades, en donde se tratan temas sexuales, sobre todo referentes a la homosexualidad—uno de los grandes tabús para el presidente y sus seguidores.

Aunque el gobierno no ha tomado responsabilidad por las imágenes, siguen el mismo estilo de las noticias falsas diseminadas por sus partidarios durante la campaña presidencial. Si antes la meta era asegurar la victoria de Bolsonaro, esta vez se busca justificar el ataque frontal contra las universidades. En ambos casos, los impactos para el país serán de largo plazo.