Marion Lloyd

Las universidades se han convertido en el nuevo campo de batalla en Hong Kong, en el sexto mes de protestas a favor de la autonomía del territorio chino. El movimiento, que empezó de forma pacífica en junio, se ha vuelto cada vez más violento ante la negativa de Pekín a dialogar con un grupo que ha tachado de “separatistas” y “terroristas”. En las últimas semanas, dos instituciones—la Universidad China de Hong Kong y la Universidad Politécnica—se convirtieron en virtuales zonas de guerra entre manifestantes y la policía, con enfrentamientos esporádicos en otras instituciones de educación superior.

Los manifestantes—una mayoría de ellos estudiantes universitarios—tomaron control de las dos universidades durante una semana, convirtiéndolas en las bases de operación del movimiento. Sin embargo, no resistieron la ofensiva de las fuerzas de seguridad, que tuvieron el orden de poner fin al conflicto. Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, hubo más de mil detenciones, de un total de 5 mil en lo que va de las protestas. Mientras tanto, la Universidad Politécnica quedó devastada, después de los peores enfrentamientos entre manifestantes y la policía a principios de la semana pasada.

El jefe regional de la policía, Michael Cheuk, dijo que los detenidos mayores a 18 años serán procesados bajo el cargo de participar en motines, lo cual conlleva una sentencia de hasta 10 años de cárcel, según reportó University World News. Ya han empezado los juicios, con unos 242 detenidos sentenciados el 20 de noviembre por su participación en la ofensiva contra la policía en las afueras de la universidad, según el medio internacional. Los procesos tomaron lugar de forma simultáneo en seis tribunales que trabajaron hasta altas horas de la noche. Y aún faltan los juicios en contra de los más de mil manifestantes que lanzaron una batalla contra las fuerzas de seguridad desde adentro de la Universidad Politécnica.

La primera ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, ha descrito a los manifestantes como “enemigos del pueblo” y la policía de Hong Kong se refiere despectivamente a ellos como “cucarachas”, por el uniforme negro adoptado por los manifestantes y por su habilidad subversiva. Por su parte, los manifestantes insisten en que están defendiendo la autonomía del territorio y su sistema democrático ante la intromisión cada vez más flagrante del gobierno comunista de Pekín. Se han mostrado dispuestos a luchar hasta el final, inclusive arriesgándose la vida por su causa.

Más de 5 meses de protestas han dejado un saldo de más de 2 mil lesionados y por lo menos 3 muertos, según reportes de prensa locales e internacionales. Entre las víctimas está un estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología, quien murió al caerse del tercer al segundo piso de un estacionamiento, aparentemente mientras intentaba escaparse de las rondas de gas lacrimógena, según reportó la BBC. También murió un hombre de 70 años por un impacto de ladrillo en la cabeza, y un legislador pro-Pekín fue acuchillado en la calle por alguien que fingió ser partidario. A su vez, un joven de 15 años está en condición crítica después de que fue alcanzado por una lata de gas lacrimógeno. La policía disparó al estómago de un estudiante de 21 años, y manifestantes prendieron fuego a un hombre de 57 años mientras discutía con ellos, según la BBC.

Las protestas son el mayor desafío al presidente chino Xi Jinping desde que éste tomó poder en 2012. El mandatario se ha mostrado implacable en enfrentar a sus opositores—desde la juventud comunista en las universidades de la China continental, que han sido detenidos bajo cargos de subversión, hasta los musulmanes uigures en el oeste del país, cientos de quienes han sido enviados a campos de “reeducación”, según reportó el New York Times la semana pasada. Ante ese panorama, las posibilidades para una resolución pacífica al conflicto en Hong Kong se ven cada vez más remotas.

La batalla en las universidades

A partir del 11 de noviembre, las universidades se han colocado al ojo del huracán. Ese día, miles de manifestantes interrumpieron el tráfico cerca de la Universidad China de Hong Kong, en la zona norte de la ciudad, para facilitar una huelga general. A la vez, desde adentro de la universidad, se lanzaron objetos hacia los rieles de tren cerca de la estación universitaria. Siguieron dos días de enfrentamientos, en que la policía irrumpió al campus, disparando cientos de rondas de gas lacrimógeno y un líquido azul ardiente contra los manifestantes. Estos respondieron lanzando bombas molotov y otras armas caseras y prendiendo fuego a barricadas.

El enfrentamiento duró 5 días, y una mayoría de las universidades de la ciudad cancelaron clases para el resto del semestre. El gobierno después denunció que la universidad—la segunda más antigua de la ciudad y una de las prestigiadas—se había convertido en una “fábrica de armamento”. La policía reportó haber recuperado 8 mil bombas molotov dentro del campus, según reportes de prensa.

Sin embargo, los peores choques empezaron el 17 de noviembre en la Universidad Politécnica de Hong Kong, al sur de la ciudad. Ese día, policías antimotines intentaron sacar a la fuerza a más de mil manifestantes que habían tomado control de la universidad y dos puentes vehiculares durante una semana. Para defenderse, los manifestantes construyeron muros de ladrillo sobre los accesos de la universidad y prendieron fuego a una torre ubicada en un puente. También atacaron a los policías con flechas y resorteras cargadas con bombas molotov, logrando detener el avance de las fuerzas de seguridad durante 24 horas. La policía respondió disparando gas lacrimógeno y cañones de agua, lesionando a decenas de manifestantes.

Lo que siguió fue un juego del gato y el ratón, con los manifestantes tratando de escapar por cualquier vía para evitar ser golpeados y arrestados. Al principio, no se permitió la entrada de paramédicos para atender a los heridos ni a los familiares de los estudiantes. Algunos manifestantes lograron escapar descendiendo de puentes en rapel y luego subiendo a motos que los esperaban, para después ser detenidos. Otros intentaron fugarse por el sistema de desagüe, pero tuvieron que ser rescatados. También fueron detenidos, según el South China Morning Post.

Finalmente, la mayoría de los estudiantes empezó a rendirse ante la falta de comida y agua, el cansancio y la necesidad de ayuda médica. Para el lunes 18 en la noche, hubo más de mil detenidos, una mayoría de ellos estudiantes universitarios, según reportes oficiales. También hubo cientos de menores de edad—mayormente estudiantes de preparatoria— que fueron liberados a cargo de sus familias, pero que podrían enfrentar procesos judiciales en el futuro, según reportes de prensa. Para finales de la semana pasada, unos 50 manifestantes seguían refugiados entre los escombros de la universidad, en un intento desesperado por escapar de la policía.

PolyU, como se conoce a la universidad, es una de las instituciones mejor posicionadas de China, ubicándose en el lugar 91 del último ranking global de QS. Después de los enfrentamientos, sin embargo, la universidad parece haber sido arrasada por un huracán. Cientos de botellas de plástico y restos de bombas molotov fueron amontonados por los patios, al lado de montañas de sillas, mesas, cajas y muebles de la biblioteca, según reporteros de CNN que lograron entrar al campus. A su vez, las pertenencias de los manifestantes cubrían los pisos de las aulas y auditorios, incluyendo los tapetes de hule en donde más de mil jóvenes durmieron durante una semana de protesta. Los muros estaban quemados o pintados con grafitis en contra del gobierno.

El origen de la protesta

El catalizador de las protestas fue una propuesta de ley de extradición introducida en abril por el gobierno de Carrie Lam, a quien los manifestantes acusan de ser un títere de Pekín. La ley abriría la puerta para que sospechosos que se encuentran en el territorio pudieran ser enviados a China para enfrentar procesos judiciales. Aunque Hong Kong mantiene tratados de extradición con unos 20 países, no así con China. Los críticos temían que la ley sería utilizada para castigar a activistas y periodistas. A la vez, sometería a los residentes de Hong Kong al sistema draconiano de justicia china, en donde una mayoría de los juicios termina en condena, según el New York Times.

Tras semanas de protestas, Lam retiró la propuesta de extradición, pero era demasiado tarde. Ahora los manifestantes exigen una investigación independiente de abusos de la policía, que está acusada de tortura y otras violaciones de derechos humanos en contra de los manifestantes. También piden garantías democráticas para Hong Kong, aunque sin proponer la independencia del territorio, que se extiende a través de mil kilómetros cuadrados al sureste de China.

El domingo pasado, hubo elecciones para el Consejo Distrital de Hong Kong, en lo que fue visto como un referendo de facto contra el gobierno de Lam. Un récord de 70 por ciento de votantes acudió para elegir a los 452 representantes locales, que tomarán decisiones sobre el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Para el domingo en la noche, se anunciaron grandes avances para los candidatos pro-democráticos—algo que aumentará aún más las tensiones con Pekín.

En juego está el futuro del territorio semiautónomo, cuyos 7.5 millones de habitantes han disfrutado de libertades democráticas impensables en la China continental. Sin embargo, ese estatus privilegiado está en peligro ante las aspiraciones unificadoras del presidente Xi, quien es considerado el líder más poderoso desde Mao Zedong. Xi ha buscado afianzar el control de Pekín sobre Hong Kong, en violación del acuerdo pactado en 1997 entre China y Gran Bretaña, que fungió como poder colonial en el territorio durante 150 años. Bajo el acuerdo de “dos sistemas, un país” firmado entre ambos países, Hong Kong tiene derecho a conservar su sistema democrático durante 50 años como un territorio semiautónomo. Pero Pekín ha asumido un papel cada vez más activo en el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, actualmente nombra la mitad de los miembros del Consejo Legislativo y el ejecutivo en jefe, la máxima autoridad del territorio.

La postura de Pekín

Aunque inicialmente el gobierno central tomó distancia de las protestas, la magnitud de las mismas ha provocado reacciones cada vez más fuertes por parte de Pekín. Por un lado, el gobierno ha emprendido una campaña de intimidación en contra de los estudiantes que apoyan a las protestas—tanto dentro como fuera de Hong Kong—amenazándolos con ser detenidos o con represalias en contra de sus familias. También ha bloqueado el acceso a las pocas redes sociales que están disponibles en la China continental, para evitar muestras de apoyo.

Por otro lado, el gobierno de Xi se ha entrometido en la política interna de Hong Kong. Cuando un tribunal local desechó una nueva ley que prohibiría el uso de máscaras en público—en un intento por frenar las protestas—oficiales en Pekín no tardaron en expresar su disgusto. Un vocero del congreso federal declaró a la prensa que solo el gobierno central tenía el poder de declarar anticonstitucional una ley en el territorio. Y la semana pasada, en una aparente concesión a Pekín, un tribunal de Hong Kong restableció la prohibición en contra de las máscaras antes de las elecciones distritales del domingo pasado.

La respuesta internacional

Por la magnitud de las protestas y el peso económico y político de China, no es de sorprenderse que las protestas han provocado reacciones en todo el mundo. No obstante, son pocos los países que han condenado abiertamente la postura del gobierno chino.

Estados Unidos es una excepción. El 20 de noviembre, el Congreso estadounidense aprobó con un solo voto en contra una resolución condenando el uso de fuerza en contra de los manifestantes en Hong Kong. “El Congreso está mandando un mensaje inequívoco al mundo de que los Estados Unidos se mantiene en solidaridad con el pueblo amante de libertad de Hong Kong y que apoyamos completamente su lucha por la libertad”, dijo Nancy Pelosi, la líder de la cámara baja, después de la aprobación de la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong (Hong Kong Human Rights and Democracy Act). La legislación condicionaría la renovación del estatus especial de comercio entre Estados Unidos y Hong Kong al respeto de los derechos humanos por parte del gobierno del territorio. También, obligaría al gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones en contra del cualquier funcionario chino que incurra en abusos de derechos humanos.

El gobierno de Xi respondió con furia a la aprobación de la nueva ley. El periódico oficialista People´s Daily lo llamó “un pedazo de papel de baño” y “una provocación seria en contra del pueblo chino”, en un editorial publicado el 22 de noviembre. Si Estados Unidos procede con la ley, “China tomará acción efectiva para contrarrestarla y todas las consecuencias recaerán en los Estados Unidos”, dijo.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump no ha dicho si firmará la ley, argumentando que podría repercutir negativamente en las actuales negociaciones comerciales con China. Trump tiene hasta principios de diciembre para decidir. Sin embargo, el Congreso aún podría sancionar la ley sin su firma con los votos de las dos terceras partes de los legisladores.

El papel de la diáspora

El conflicto también se ha extendido a universidades en todo el mundo, a través de la diáspora china. Estudiantes de Hong Kong se han enfrentado como compañeros de la China continental en instituciones en Australia, Nueva Zelandia, Inglaterra, Canadá, y Estados Unidos, entre otros países. En algunos casos, las instituciones han buscado reprimir las protestas—generando acusaciones de ceder ante el poder político y económico de Pekín.

En uno de los casos más sonados, en la Universidad de Boston, manifestantes pintaron grafitis en una docena de edificios a favor de las protestas en Hong Kong. La institución dijo que castigaría a los responsables, ya que costaría decenas de miles de dólares limpiar los edificios debido a que están hechos de una piedra porosa.

En general, sin embargo, la comunidad universitaria de Estados Unidos se ha mostrado simpatizante hacia los manifestantes. El 20 de noviembre, el mismo día en que pasó la ley de derechos humanos en el Congreso federal, estudiantes de más de 50 universidades en todo el país emitieron una declaración en solidaridad con las protestas en Hong Kong. En específico, pidieron a los legisladores de Estados Unidos y de otros países a presionar al gobierno del territorio a poner fin a la represión policiaca en contra de los manifestantes.

Ese mismo día, la policía de Hong Kong había amenazado con disparar con balas de verdad contra los manifestantes dentro de la Universidad Politécnica, si no se rendían. Tal amenaza fue una de las razones principales que motivó a cientos de estudiantes a abandonar su protesta y ponerse en manos de la policía. Ahora, el futuro de los más de 5 mil detenidos—entre ellos, los estudiantes de las principales universidades del territorio— queda en el limbo. Y con ellos, el futuro de Hong Kong.