Marion Lloyd

El futuro de cientos de miles de estudiantes mexicanos y otros jóvenes migrantes otra vez se ha convertido en botín electoral en Estados Unidos. El 18 de junio la Suprema Corte del país falló a favor de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (en inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA), catapultando la política migratoria al centro del debate político en vísperas de las elecciones presidenciales en noviembre.

El programa, creado por el presidente Barack Obama en 2012, permite que migrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos como niños y que cumplen con ciertos requisitos puedan estudiar y/o trabajar legalmente en el país. Los beneficiarios reciben permisos con una vigencia de dos años, que después pueden ser renovados. El programa ha facilitado el acceso a la universidad a cientos de miles de migrantes indocumentados. En algunos estados, los llamados dreamers pueden acceder a colegiaturas preferenciales para residentes, aunque no tienen derecho a préstamos federales. Sin embargo, en 2017 el presidente Donald Trump, cumpliendo con una de sus promesas de campaña, anunció el fin del programa, alegando que violaba las leyes migratorias. El decreto presidencial lanzó al limbo legal a casi 700 mil jóvenes, 80 por ciento de ellos mexicanos.

México, entre otros países de origen de los dreamers, se preparó para el regreso de cientos de miles de jóvenes, quienes se esperaban serían deportados en masa por parte de Estados Unidos. En 2017, la Secretaría de Educación Pública mexicana creó un programa para revalidar los estudios y dar otros apoyos a los estudiantes repatriados, muchos de los cuales habían deja do México muy jóvenes y apenas hablaban español.

No obstante, el esperado éxodo nunca sucedió. Los defensores de DACA llevaron su batalla a los tribunales y el gobierno de Trump no tuvo más remedio que dejar operando el programa mientras se resolvieran los casos, aunque no se permitió nuevas inscripciones. En los últimos tres años, se estima que 66 mil jóvenes elegibles han quedado fuera del programa a raíz del decreto de Trump. Mientras tanto, otros no han renovado sus permisos, por miedo a dar información personal que les podría convertir en blancos de deportación en el evento de que el programa se termine definitivamente.

Entre los casos más sonados en defensa de DACA está el presentado en un tribunal federal por la canciller del Sistema de la Universidad de California, Janet Napolitano. La también ex Secretaria de Seguridad Nacional, quien fue responsable de lanzar el programa en 2012, acusó al gobierno de Trump “de violar los derechos de la universidad y sus estudiantes”. California es el estado con el mayor número de inscritos en DACA —unos 200 mil—y muchos de ellos asisten a la Universidad de California.

En un artículo publicado en el periódico Hoy Los Ángeles en septiembre de 2017, Napolitano expuso los argumentos a favor del programa migratorio. “Por definición y práctica, los receptores de DACA fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. No conocen otro país que no sea el que compartimos. Pagan impuestos, contribuyen con nuestra economía —casi el 55 por ciento de ellos han comprado automóviles, el 12 por ciento poseen casas y el 6 por ciento han puesto en marcha negocios que crean empleos para los ciudadanos de los Estados Unidos—. Además, buscan servir en nuestro ejército y mejorar mediante la educación. En todos los sentidos excepto uno, son estadunidenses”.

En enero de 2018, el Tribunal de Distrito del Norte de California falló a favor de Napolitano y ordenó al gobierno federal a reinstituir las renovaciones para DACA, según el periódico universitario UCSD Guardian. Después de varias sentencias favorables en tribunales menores, el caso finalmente llegó a la Suprema Corte el año pasado.

En junio, en un voto de 5 a 4, los jueces determinaron que el gobierno de Trump no había presentado argumentos convincentes para terminar el programa en 2017. No obstante, la corte le dio la oportunidad a la administración de presentar su caso de nuevo —algo que parece poco probable antes de las elecciones de noviembre.

El presidente de la corte, John Roberts, explicó las razones detrás del fallo. Los inmigrantes jóvenes, escribió, “habían inscrito en programas universitarios, empezado con carreras y negocios y hasta se habían casado y tenido hijos” con base en la seguridad que permitió el programa. Además, argumentó que el excluir a los recipientes de DACA de la fuerza laboral implicaría pérdidas de 215 mil millones de dólares en actividad económica y otros 60 mil millones de dólares en ingresos fiscales no recaudados durante la próxima década, según The New York Times.

La decisión de la corte fue un fuerte golpe político para Trump, quien ha construido su campaña de reelección sobre una plataforma fuertemente antiinmigrante. En un intento por fortalecer a su base dura, el presidente ha reiterado muchos de los mismos mensajes xenofóbicos de la elección pasada. Incluyen la amenaza de hacer que México pague por construir un muro a lo largo de la frontera compartida con Estados Unidos.

No obstante, Trump también ha dado mensajes mixtos en un intento por atraer el voto latino, en un momento en que se encuentra en franca desventaja ante su rival para la presidencia, el demócrata Joseph Biden. Biden, quien sirvió como vicepresidente de Obama, registró una ventaja de 12 puntos sobre Trump en la última encuesta de CNN del 20 de julio, en parte debido a sus altos niveles de aprobación entre afroamericanos y latinos.

Fue en ese contexto que el 10 de julio, en entrevista con Telemundo, Trump dijo que emitiría un orden ejecutivo sobre DACA y que firmaría una propuesta de ley que daría a los dreamers un “camino a la ciudadanía”. El presidente fue tajante, sin embargo, que tal propuesta no incluiría una “amnistía” para migrantes ilegales, algo que alienaría a su base política.

A la vez, los críticos de Trump lo han acusado de frenar nuevas solicitudes para acceder a DACA —en directa violación del fallo de la Suprema Corte. El desacato a la decisión de la Corte es algo casi inédito en la historia del país. Sólo hay dos ejemplos durante el siglo XIX, en que los presidentes Andrew Jackson (a la manera de Trump) y Abraham Lincoln (por razones humanitarias) se negaron a cumplir con decisiones del máximo tribunal, según un recuento del New York Times.

Con tanto en juego en las próximas elecciones, los defensores de DACA— quienes también suelen ser partidarios de Biden—están aprovechando al máximo el fallo de la Suprema Corte como botín político. Y tienen la ley de su lado. El 17 de julio, la Corte de Distrito de Maryland dictó que el programa debe ser reinstituido de forma inmediata.

Como fue el caso de Lincoln, Trump está gobernando a un país altamente polarizado —en gran medida por su estilo de gobernanza. Aún así, parece poco probable que seguirá ignorando las indicaciones de la Corte. En juego están no sólo los futuros de casi 700 mil jóvenes migrantes, sino también el destino del propio país.