Marion Lloyd

Las próximas elecciones en Estados Unidos serán las más importantes de la historia reciente del país, con fortísimas implicaciones para el resto del mundo. En juego están dos visiones opuestas: la de su actual presidente, el republicano Donald Trump, quien fomenta el mito del “excepcionalismo norteamericano” y la supremacía blanca, y la del candidato demócrata, Joseph Biden, quien busca sanar un país profundamente polarizado (en términos de clase, raza y región) y aislado de la comunidad internacional.

Entre los temas que han dominado las campañas presidenciales están, en el siguiente orden: la batalla contra el coronavirus, el manejo de la economía, las protestas raciales, el calentamiento global, la política migratoria, y las relaciones internacionales (sobre todo con China y Rusia). Mientras tanto, a diferencia de 2016, la política educativa ha recibido poca atención ante la doble emergencia sanitaria y económica en el país. No obstante, los resultados de los comicios del próximo 3 de noviembre también tendrán fuertes implicaciones para la educación superior, debido a las grandes diferencias entre las plataformas de Trump y Biden. En seguida, revisamos las propuestas más relevantes de ambos candidatos para el sector educativo, y para la educación superior en particular.

La visión educativa de Trump

En su plataforma para un segundo periodo presidencial, titulada “Luchando por ti”, el republicano le dedica solo 11 palabras (en inglés) al tema educativo. Trump propone dos iniciativas enfocadas en el sistema preuniversitario: “garantizar la elección escolar para cada niño en América” y “enseñar el excepcionalismo norteamericano”. El primer tema tiene que ver con los sistemas de vouchers —promovidos por muchos republicanos—, en los cuales las familias pueden optar por pagar una escuela privada con los fondos gubernamentales asignados a sus hijos para la educación. El segundo se refiere a la propuesta de Trump de crear una comisión para impulsar la “educación patriota” a través de un currículo escolar pro-norteamericano. Tal iniciativa sería muy difícil de implementar debido al grado de descentralización del sistema educativo estadounidense. Sin embargo, representa un intento por parte de Trump de apelar a su base ultraderechista y contrarrestar el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan), que ha enfocado la atención al papel del currículo escolar para perpetuar el racismo sistémico en el país.

En cuanto a la educación superior, el presidente ha sido aún más escueto, con la excepción de la referencia que hizo a “profesores radicales” en su discurso durante la Convención Nacional Republicana, en agosto. Sin embargo, el conjunto de políticas y tuits dirigidas a las universidades durante su primer periodo presidencial dan pistas sobre su visión hacia el sector. En general, ésta se caracteriza por una fuerte desconfianza y hostilidad hacia las universidades de mayor prestigio, en donde predominan los críticos a su administración. Como parte de su campaña de hostigamiento, Trump ha amenazado con cobrarles impuestos a todas las instituciones de educación superior; actualmente, sólo las que tienen fines de lucro están sujetas a pagar impuestos. “Demasiadas universidades y sistemas escolares incurren en el adoctrinamiento radical izquierdista, en vez de educación —tuiteó Trump en julio— Por eso, estoy instruyendo al Departamento del Tesoro a reexaminar su estatuto de exención de impuestos”. Ya en 2018, el congreso federal, de mayoría republicana, impuso un impuesto sobre los fondos de inversión de algunas universidades, en lo que fue tomado como un aviso para todo el sector.

Por otro lado, el gobierno de Trump ha relajado o eliminado las restricciones para las universidades con fines de lucro, que suelen ser donantes generosos a las campañas republicanas. Dichos controles fueron implementados durante el gobierno de Barack Obama para combatir la rampante corrupción dentro del sector. Esta medida también buscaba proteger a sus estudiantes, que provienen de los sectores más desfavorecidos de la población. No obstante, en 2019, la actual secretaria de educación, Betsy De Vos, eliminó el principal candado sobre el sector, que condicionaba el acceso a fondos federales (en realidad becas y préstamos federales para sus estudiantes) al nivel de transparencia de las instituciones.

Plan Biden

Si la educación superior no ha figurado prominentemente en los discursos del expresidente Biden, no ha sido por falta de interés. Al contrario, el candidato demócrata cuenta con un detallado plan para la educación postsecundaria —The Biden plan for education beyond high school—, que contiene cinco ejes principales. En conjunto, el plan busca reducir los altísimos costos de las colegiaturas universitarias y combatir la desigualdad socioeconómica y racial en el sector.

El primer eje se enfoca en los community colleges, instituciones que sirven a estudiantes de bajos recursos y minorías raciales a través de programas de estudio de corta duración. Retomando una iniciativa del expresidente Obama, Biden propone que los primeros dos años de community college sean gratuitos para incentivar a los estudiantes a terminar a tiempo y, después, completar su carrera en universidades de cuatro años. El gobierno federal cubriría el 75 por ciento del costo del programa y los estados, el 25 por ciento restante. A su vez, el demócrata ha propuesto invertir USD$8 mil millones para mejoras tecnológicas y otros USD$50 mil millones para programas de entrenamiento laboral en estas instituciones. Es un tema cercano al corazón de Biden, ya que su esposa, Jill, es profesora de una community college en el estado de Nueva York.

Tal iniciativa también beneficiaría a los llamados dreamers —migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como niños y que han acudido en grandes números a las community colleges—. En caso de ser electo, Biden ha prometido inmediatamente reestablecer el programa DACA (Deferred Acción for Childhood Arrivals), a través del cual el gobierno federal otorga permisos temporales a los dreamers para estudiar y trabajar. El programa, que fue creado por Obama en 2012, después fue congelado por Trump. Actualmente, hay unos 660 mil jóvenes, la mayoría de ellos mexicanos, que son elegibles para las protecciones del programa.

El segundo eje del Plan Biden es quizá el más radical: propone eliminar las colegiaturas en las universidades públicas para estudiantes con un ingreso familiar anual menor a USD$125 mil. La propuesta podría beneficiar hasta 70 por ciento de alumnos de estas universidades, según Inside Higher Education. Aunque algunos críticos han cuestionado la viabilidad de la propuesta, la revista Forbes —de tendencia conservadora— estimó que el plan se pagaría solo dentro de 10 años. La revista calculó que los impuestos pagados por los egresados de estas instituciones aumentarían de tal forma que rebasarían el costo del programa.

El plan también incluye medidas para reducir la gigantesca deuda estudiantil, que en 2020 rebasó los USD$1.6 billones, con un promedio de deuda de más de USD$30 mil. Entre las medidas están: 1) una reducción en la deuda de hasta USD$10 mil por estudiante, como medida de emergencia por el covid-19; 2) un moratorio en el pago de la deuda para personas que ganan menos de USD$5 mil por año; 3) un tope en el pago de la deuda equivalente al 5 por ciento de los ingresos de las demás personas; y 4) la condonación automática de la deuda después de 20 años. Asimismo, Biden propone duplicar la cantidad máxima que otorga el gobierno federal en becas para estudiantes de bajos recursos. Mientras en los años 70 las becas Pell cubrían el 70 u 80 por ciento del costo de una carrera universitaria, hoy cubren apenas 30 por ciento, según el Washington Post. Como consecuencia, una mayoría de los beneficiarios contrata préstamos estudiantiles para completar las colegiaturas.

El quinto eje del Plan Biden busca fortalecer las universidades que sirven a minorías étnicas, incluyendo afroamericanos, nativos americanos y latinos, a través de una inversión de USD$70 mil millones. El dinero se dividiría de la siguiente manera: USD$10 mil millones para apoyar la eficiencia terminal en estas instituciones; USD$20 mil millones para infraestructura y laboratorios; USD$10 mil millones para investigación científica y para incubadoras de empleo; y $18 mil millones en la forma de apoyos para colegiaturas, según la página web del Plan.

La batalla en las urnas

Para que Biden pueda implementar su ambiciosa agenda para la educación superior, tienen que pasar dos cosas. Primero, debe cumplir con las expectativas de ganarle a Trump; a principios de esta semana, el exvicepresidente llevaba una ventaja de casi 10 puntos en la mayoría de las encuestas. Segundo, los demócratas deben recuperar la mayoría en el Senado, en donde los republicanos actualmente controlan 52 de los 100 asientos. Si se logra lo primero sin lo segundo, el panorama para Biden pintará más difícil. Pero para las universidades, entre muchos otros sectores, será causa de celebración.