Marion Lloyd

Ha pasado apenas una semana desde que el demócrata Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos y el país parece otro —por lo menos en lo que concierne a la política federal—. En su primer acto como presidente, el 20 de enero, Biden firmó 17 órdenes ejecutivas y otros decretos que buscan revertir algunas de las acciones “más dañinas” de la administración de Donald Trump. Las órdenes —que incluyen temas tan diversos como el combate al covid-19, el respeto por la diversidad sexual y la flexibilización de las leyes migratorias—, tienen una meta en común: promover la equidad en el país. Las medidas también tienen importantes implicaciones para la educación superior, un tema prioritario para la nueva administración, y para las relaciones entre Estados Unidos y México, que se encuentran en su punto más bajo en décadas.

En su discurso de inauguración, Biden prometió vencer a la “supremacía blanca”. Fue una referencia clara al ataque armado al Capitolio, ocurrido el pasado 6 de enero por parte de miembros de la ultraderecha, y a las enormes tensiones raciales que acechan al país. Horas más tarde, al firmar las órdenes ejecutivas, el presidente declaró que “avanzar en la equidad, los derechos civiles, la justicia racial y la igualdad de oportunidades es responsabilidad de todo nuestro gobierno”. En este sentido, el mandatario nombró a Susan E. Rice, una diplomática afroamericana y ex embajadora a la ONU, con el fin de liderar la lucha para erradicar el “racismo sistémico” de la administración federal.

El contraste con el trumpismo, el nuevo gabinete también destaca por ser el más diverso en la historia del país; 10 de los 15 miembros pertenecen a tres categorías: mujeres, personas de color o miembros de la comunidad LGBT. Eso sin mencionar a Kamala Harris, quien es la primera mujer y persona de color en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. Los nombramientos forman parte del enfoque transversal de equidad anunciado por Biden, y que espera convertir en el sello distintivo de su administración.

La política migratoria

De particular relevancia para México fue la orden ejecutiva firmada por Biden para detener la construcción del muro fronterizo entre ambos países, uno de los proyectos más controvertidos de Trump. Biden también mandató proteger y fortalecer el programa DACA (Acción Diferida para Llegadas Infantiles), que da permisos temporales a los llamados dreamers —jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos como niños—. El programa, creado por el ex presidente Barack Obama en 2012, ha permitido que cientos de miles de migrantes indocumentados acceden a la universidad o trabajen sin miedo a ser deportados. Sin embargo, Trump paró el programa en 2017, argumentando que violaba las leyes migratorias del país. Se estima que unos 700 mil dreamers, en su mayoría mexicanos, podrán beneficiarse con el reinicio del programa.

Por otro lado, Biden anuló el llamado “veto musulmán” que evitaba la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de una docena de países, en su mayoría de naciones musulmanas y africanas, otra medida de Trump que tuvo un impacto negativo en las universidades. Entre los años escolares de 2018-2019 y 2019-2020, el número de estudiantes extranjeros en las universidades estadounidenses cayó 1.8%, el primer decremento en más de una década, según el reporte Open Doors del Instituto de Educación Internacional. En el mismo periodo, el monto que representa ese sector para la economía del país bajó de 40.5 mil millones a 38.7 mil millones de dólares, según la NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales.

Por último, Biden mandó al Congreso una iniciativa de ley para crear un camino hacia la ciudadanía para 11 millones de migrantes indocumentados, la mitad de ellos mexicanos. Esta última iniciativa enfrenta dificultades, ya que requiere del apoyo de parte de la bancada republicana en el Senado. No obstante, la propuesta puede beneficiarse de la creciente fuerza y visibilidad de los dreamers, quienes llevan más de una década impulsando una reforma migratoria comprensiva para ellos y sus familiares.

El gobierno mexicano no tardó en dar su respaldo a las medidas migratorias propuestas por Biden. El canciller Marcelo Ebrard escribió en su cuenta en Twitter: “México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un camino hacia la doble ciudadanía”. No obstante, falta ver si con eso se recompone la relación entre los dos países, que fue fuertemente golpeada por las políticas nacionalistas y xenofóbicas de Trump.

La pandemia y la educación superior

Otra de las prioridades del gobierno de Biden es lograr que la lucha contra la covid-19 sea mucho más intensiva y equitativa. El presidente firmó una orden ejecutiva instruyendo a las agencias federales a apoyar la reapertura segura de escuelas y universidades, así como para asegurar el acceso igualitario a la educación en línea. El presidente también pidió al Departamento de Educación y al de Salud y Servicios Humanos que realicen un diagnóstico del impacto desigual de la pandemia en las comunidades de color y de bajos recursos. El documento cita como prioridad apoyar a las universidades que sirven a las minorías raciales —como los Historically Black Colleges and Universities (HCBUs), Hispanic-Serving Institutions (HSIs), y los Tribal Colleges and Universities (TCUs)—. La orden también propone que la Comisión Federal de Comunicaciones incremente la conectividad de estudiantes que no cuenten con internet en casa.

Estas acciones representan un cambio radical frente al enfoque adoptado por Trump, quien dejó en manos de las instituciones de educación superior la decisión de cómo enfrentar la pandemia. La mayoría de las universidades decidió abrirse a clases presenciales, ante el miedo de perder colegiaturas. Como resultado, las instituciones se han convertido en grandes focos de infección de covid-19, con más de 400 mil casos y por lo menos 90 muertes reportados hasta el 11 de diciembre, según un recuento del New York Times. Además, la presencia de miles de estudiantes en los campus universitarios ha contribuido a picos de infección en las comunidades aledañas, según el periódico. Bajo los nuevos criterios federales, el gobierno ayudará a las instituciones a decidir cuándo es seguro reabrir los campus y de qué manera.

La deuda estudiantil

Otra orden firmada por Biden extiende el moratorio en el pago de las deudas estudiantiles hasta el 30 de septiembre de 2021 para aliviar la presión económica ocasionada por la pandemia. Además, el presidente ya prometió presentar en el Congreso una ley que cancela el pago de 10 mil dólares por persona en deudas estudiantiles federales. Esta medida acabaría con la deuda de 15 millones de personas, equivalente al 33% del total de los deudores, según The Chronicle of Higher Education. Sin embargo, algunos grupos están empujando medidas más radicales, ya que el promedio de la deuda fue de 32 mil dólares por persona el año pasado.

El tema de la deuda estudiantil, que ya suma más de 1.6 billones de dólares, ha cobrado cada vez mayor importancia en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por su parte, Biden está impulsando una ambiciosa agenda que incluye otorgar dos años gratuitos de community college y ampliar las becas federales para los estudiantes pobres, entre otras medidas.

En conjunto, las propuestas y acciones iniciales de Biden buscan colocar la equidad en el centro de su agenda presidencial. Sólo hay otros dos presidentes en la historia del país que han puesto tanto énfasis al tema durante sus primeras semanas en el poder, según el New York Times. Estos son Ulises S. Grant (1869-1877), quién abogó por un trato digno hacia los indígenas y el derecho del voto para los afroamericanos, y Lyndon B. Johnson (1963-1969), quién impulsó la Ley de Derechos Civiles a favor de la minoría negra. Aún falta ver si Biden podrá colocarse junto a compañía tan distinguida, pero por lo menos está haciendo el intento de revertir el legado nocivo de Trump.