Marion Lloyd

Un mes de protestas antigubernamentales en Colombia ha dejado como saldo más de 60 muertos y miles de lesionados, detenidos y desaparecidos —la mayoría víctimas de la represión estatal—, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Entre las personas fallecidas se encuentran varios estudiantes universitarios, grupo que ha estado a la vanguardia del movimiento contra el gobierno conservador de Iván Duque. El conflicto estalló el pasado 28 de abril en rechazo a la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” —en realidad, una propuesta de reforma tributaria que buscaba aumentar la recaudación fiscal en plena pandemia de covid-19—.

Al presentar la propuesta a principios de abril, el gobierno insistió que era necesaria para sostener los programas sociales creados para los más vulnerables durante la pandemia. Sin embargo, los críticos avisaron que cualquier aumento de impuestos en un momento de crisis sanitaria y económica sería devastador para la población. Casi 90 mil colombianos han muerto y medio millón ha perdido sus trabajos debido a la pandemia, según cifras de la Universidad de Johns Hopkins y la Organización Mundial de Trabajo (OIT). Y aún antes de la crisis sanitaria, el país contaba con una de las tasas de desempleo más altas de la región: 12.6 por ciento en marzo de 2020, según la OIT.

En ese contexto, el anuncio de la reforma fiscal fue como echar aceite al fuego. El 28 de abril decenas de miles de personas tomaron las calles de Bogotá, Cali y otras ciudades, desafiando una veda contra manifestaciones públicas implementada el día anterior para evitar mayores contagios. El gobierno respondió con el despliegue del Escuadrón Móvil Antidisturbios, o Esmad, grupo que ha sido acusado de rampantes violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso de fuerza letal contra civiles y violaciones sexuales. Al final del primer día de protestas, por lo menos seis personas habían muerto en choques violentos con la policía, según el New York Times.

Aunque el gobierno retiró la propuesta de ley días después, el uso desmedido de la fuerza en contra de los manifestantes —que rebasa por mucho el nivel de represión contra los movimientos estudiantiles de 2011 y 2018—, atizó las llamas del descontento social. Como en la mayoría de los países, la pandemia exacerbó las desigualdades existentes, tensando la ya de por sí frágil paz social. El resultado es un movimiento nacional contra el modelo neoliberal, implementado a principios de los años 90, que ha generado cada vez más pobreza en un país que ya figura entre los más desiguales del mundo.

En América Latina, sólo Brasil registra una mayor concentración de la riqueza que Colombia, según cifras del Banco Mundial, y ambos están entre los 10 países con mayor desigualdad socioeconómica. No obstante, mientras Brasil ha logrado reducir sus brechas sociales y sacar a millones de la pobreza durante las últimas dos décadas, en Colombia el nivel de desigualdad se ha mantenido estático mientras que la pobreza ha aumentado, rebasando el 42 por ciento de la población el año pasado, según el centro de estudios colombiano Dejusticia.

La política neoliberal y la educación superior

Entre las áreas más afectadas por las políticas neoliberales está la de educación superior. La Ley 30 de 1992, que rige las universidades, abrió paso a una mayor privatización en el sector con el fin de ampliar la matrícula. La ley efectivamente congeló el gasto público en educación superior, mientras que relajaba controles sobre las instituciones privadas. Además, a partir de 2005, el gobierno de Álvaro Uribe —viejo aliado de Duque—, expandió marcadamente el sistema de préstamos estudiantiles a través de la agencia estatal Icetex, una política que también favoreció al sector privado.

El modelo de créditos estudiantiles ha facilitado el enorme crecimiento de la matrícula —de 1.3 millones de estudiantes en 2007 a 2.4 millones en 2019—, pero a un costo muy alto para los estudiantes y sus familias. El Icetex actualmente otorga créditos a más de 890 mil estudiantes, con tasas de interés que varían entre 3.6 por ciento para los estudiantes más pobres a 13.7 por ciento para los de mayores recursos, según datos del gobierno.

Por ello, una de las demandas del movimiento estudiantil ha sido la gratuidad de la educación pública superior —tema que ha resurgido durante las actuales protestas—. Actualmente, las universidades públicas cobran entre 30 y 2,200 dólares por semestre, según el nivel socioeconómico de los estudiantes, mientras que las universidades privadas cobran hasta 6,000 dólares por semestre, según datos de la revista Bacánika. En un país con un ingreso per cápita anual de 7,000 dólares, tales costos son prohibitivos para la mayoría de las familias.

En respuesta a las protestas, Duque anunció el 11 de mayo que el gobierno haría una reasignación presupuestal para cubrir los gastos de colegiatura de estudiantes de los primeros tres estratos socioeconómicos durante el último semestre de 2021. La medida aplicaría a 71 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas y 97 por ciento de los institutos técnicos y tecnológicos, según el gobierno. Sin embargo, el movimiento estudiantil ha demandado que se establezca la gratuidad para todos los alumnos de las universidades públicas, y de forma permanente.

La represión del Esmad

Mientras el presidente ha buscado aplacar las protestas de programas sociales, ha hecho poco por frenar la violencia policiaca en contra de los manifestantes. El Esmad, que fue creado en 1999 durante el periodo más agudo de la guerra en Colombia, ha sido señalado por parte de organismos internacionales en conexión con docenas de violaciones y otros abusos sexuales, además del uso de armas letales en contra de los manifestantes, según la BBC. Además, más de 300 personas han desaparecido después de participar en los llamados “Paros Nacionales” en distintas partes del país, según Caracol Radio. Sin embargo, el gobierno de Duque rechazó una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de llevar a cabo una investigación independiente sobre las alegaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Entre los casos más sonados se encuentra la muerte del líder estudiantil Lucas Villa el 11 de mayo, una semana después de que fue baleado durante una marcha pacífica en la ciudad occidental de Pereira. Villa, un estudiante de 37 años, de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue abordado por encapuchados motorizados que dispararon contra los manifestantes, alcanzándolo con ocho impactos de bala. Los hermanos de Villa dijeron haber recibido amenazas de muerte, después de denunciar reportes de que el alcalde de la ciudad había convocado a un “frente común para recuperar el orden“, e inclusive ofrecido dinero para oficiales que atacaron a los manifestantes, según reportes de prensa locales. El alcalde niega las acusaciones.

En otro caso, el estudiante Sebastián Quintero, de 22 años, falleció el 14 de mayo minutos después de recibir un impacto de gas lacrimógeno lanzado por el Esmad. Quintero, quien estudiaba en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, participaba de una protesta en la ciudad en contra del supuesto abuso sexual de una joven por parte de la policía de Popayán. Dos días antes, manifestantes habían chocado con policías y prendido fuego a la alcaldía de la ciudad, resultando en detenciones masivas.

Lejos de condenar la violencia perpetrada por el Esmad, Duque ha salido a defender a las fuerzas de seguridad. En una declaración pública el 5 de mayo, el mandatario acusó a los manifestantes de haber «apelado al vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatar la tranquilidad», y afirmó: «Los hombres y mujeres que portan los uniformes de las Fuerzas Armadas y de la Policía encarnan nuestros valores democráticos. Por ello, la ciudadanía debe reconocer su valor, ser su aliada”.

Ante tal escenario, no sorprende que ha habido pocos avances en las negociaciones entre el Comité Nacional de Paro (CNP)—que agrupa a organizaciones estudiantiles, sindicatos, y otros sectores— y el gobierno federal. Mientras tanto, el CNP convocó a un nuevo paro nacional para el 2 de junio, por lo que no se vislumbra un pronto fin al conflicto ni a la violencia en el país.