Marion Lloyd

El régimen de Daniel Ortega ha asesinado, encarcelado o exiliado a miles de opositores en el afán del presidente nicaragüense por consolidar su control sobre el país y aplastar una revuelta perfecta. Ahora Ortega dirige su ira hacia las instituciones de educación superior. Desde diciembre de 2021, su gobierno ha ilegalizado 14 universidades privadas, en un intento por erradicar los últimos bastiones de resistencia a su régimen autocrático.

El último golpe en contra de la comunidad universitaria ocurrió a principios de este mes, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, erradicó la “personalidad jurídica” de las últimas seis universidades, de las 14 ilegalizadas. Días después, el 7 de febrero, el parlamento nicaragüense aprobó una ley por la cual se crean tres nuevos centros públicos de educación superior, con los documentos e infraestructuras de las universidades ilegalizadas, según EFE.

En total, ya suman 87 organizaciones no gubernamentales —entre universidades y asociaciones de la sociedad civil— que han sido despojadas de su personalidad jurídica desde las protestas antigubernamentales de 2018. El movimiento, que duró varios meses, fue liderado por estudiantes, en su mayoría universitarios. El gobierno acusa a las instituciones de “incumplimiento de sus obligaciones tras no reportar, ‘por más de diez años’, sus estados financieros, al no haber dado a conocer las juntas directivas de sus países de origen ni las donaciones provenientes del exterior ante el Departamento de Asociaciones, entre otras causas”, según el canal de televisión France 24.

Para los críticos del gobierno, sin embargo, las medidas fueron un claro intento de socavar los últimos reductos de resistencia contra el régimen de Ortega. El mandatario empezó su cuarto mandato consecutivo en diciembre, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. “Es el ataque más grave en contra de las instituciones de educación superior en la historia de Nicaragua y probablemente en la historia de Centroamérica”, escribió en las redes sociales Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

La revancha de Ortega en contra de las universidades también ha provocado una fuerte reacción por parte de la comunidad internacional. «El régimen Ortega-Murillo le roba el futuro a la juventud nicaragüense al recortar los fondos y cerrar las mejores universidades, y al poner en listas negras a estudiantes activistas», señaló Brian Nichols, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, en un tuit el 26 de enero.

Entre las universidades ilegalizadas se encuentran cuatro instituciones de origen estadounidense, incluyendo dos sedes de la Universidad Internacional de la Florida y la Universidad Estatal de Michigan, según el canal France 24. Además, se cerraron dos universidades de origen costarricense, la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (Ucem), así como la Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado, de origen panameño.

La más emblemática de las instituciones estatalizadas es la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Fundada en 1967, esta cuenta con una matrícula de más de 8 mil alumnos, y fue bastión de las protestas antigubernamentales de 2018. En uno de los momentos más crudos de la crisis nicaragüense, decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior para evitar ser capturados por la Policía Nacional. Ahora, la institución es una de las seis universidades cuyas instalaciones fueron confiscadas a principios de este mes.

A petición de Ortega, el parlamento creó la Universidad Nacional Politécnica (UPN), en sustitución de la UPOLI. A su vez, la Universidad Católica del Trópico Seco, que fue de las más críticas del régimen, se rebautizó como la Universidad Nacional “Francisco Luis Espinoza Pineda”. Finalmente, se creó la Universidad Nacional Multidisciplinaria “Ricardo Morales Avilés”, que aglutina a la Universidad Paulo Freire (UPF), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (Uneh), según el portal de noticias Swissinfo.ch.

La represión contra los estudiantes

La crisis política comenzó en abril de 2018, cuando se desataron protestas masivas contra una reforma al sistema de seguro social nicaragüense. En los tres meses de revuelta popular, por lo menos 355 personas, incluyendo un número desconocido de estudiantes universitarios, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y paramilitares, mientras que cientos más fueron lesionadas o encarceladas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, más de 100 mil nicaragüenses han huido del país desde ese año, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que acusa al régimen de mantener más de 170 presos políticos.

Las universidades privadas no son las únicas que han sufrido la brutal represión del régimen nicaragüense. En julio de 2018, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra docenas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cuando estos se refugiaban en una iglesia al lado del campus principal. Dos estudiantes fueron asesinados y otros 20 lesionados tras la llamada “operación limpieza”, que fue presenciada por un reportero del Washington Post, quien estuvo atrapado dentro de la iglesia.

Después de las protestas, la UNAN expulsó a más de 80 trabajadores, entre profesores y administrativos, y casi 100 alumnos, en algunos casos por haber asistido a estudiantes heridos o expresado apoyo al movimiento, según la revista Science. Docenas de alumnos también fueron expulsados de otras universidades, quedándose en un “limbo académico”, ya que sus expedientes no han sido liberados por las instituciones, según la revista. Otros se han fugado del país por miedo a ser asesinados o encarcelados bajo las tácticas cada vez más represivas del régimen Ortega-Murillo. Mientras tanto, las colaboraciones científicas entre universidades nicaragüenses y otras en el extranjero prácticamente se han detenido, según Science.

Elecciones bajo el miedo

En vísperas de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, el mandatario envió a la cárcel a sus principales contrincantes, logrando así ganar un cuarto mandato consecutivo, y el quinto como presidente de Nicaragua. Los resultados de la contienda fueron desconocidos por 25 países de la región al carecer de “legitimidad democrática”, según la resolución de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OAS, por sus siglas en inglés). Cabe resaltar que México, junto con otros seis países, se abstuvo del voto ante la OAS, mientras que sólo Nicaragua votó en contra.

El 11 de enero, un desafiante Ortega asumió la presidencia en medio de sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea. La ceremonia de inauguración destacó por la escasa presencia de otros jefes de estado, con excepción de los presidentes de Cuba, Venezuela y Honduras.

A medida que aumenta el repudio internacional, más audaces han sido los intentos de Ortega y sus aliados por consolidar su control sobre el país. Ante ese contexto, la ilegalización de las universidades privadas parece ser una estrategia más para callar a sus críticos. Sumado a la ilegalización, el gobierno también ha reducido los fondos públicos que tradicionalmente estaban destinados a becas estudiantiles para las instituciones privadas.

Entre las universidades afectadas por los recortes se encuentran la Universidad Centroamericana, cerrada en diciembre, y la UPOLI. «Con mucha indignación nos pronunciamos y nos solidarizamos con todos los estudiantes de otras casas de estudio, a quienes de igual manera les fue arrebatada la oportunidad y seguridad de darle continuidad a sus clases, así como de culminar sus carreras», escribieron los estudiantes de la UPOLI en una declaración pública, según EFE.

El gobierno ha insistido en que el cambio de régimen universitario no afectará a los estudiantes inscritos en dichas instituciones. Del mismo modo, la presidenta del Consejo Nacional Universitario, Ramona Rodríguez, insistió en que las medidas tomadas por Ortega garantizarán “un fortalecimiento de la educación superior” en Nicaragua, según reportes de prensa.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos tienen otra teoría. “Al centro de estas medidas está un intento descarado de desmantelar el movimiento estudiantil, que es uno de los pilares que está luchando por la democracia en Nicaragua”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de Human Rights Watch, en entrevista con el Washington Post. Otros críticos acusan al gobierno de intentar “indoctrinar” a jóvenes a través de las nuevas universidades estatales.

El presidente aún cuenta con el apoyo de algunos grupos estudiantiles que están afiliados a su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL). No obstante, debido al clima de miedo y represión, es cada vez más difícil distinguir entre los que realmente apoyan al exguerrillero y quienes simplemente temen por sus vidas.