Marion Lloyd

La filosofía que motivó 150 años de política educativa para indígenas en Estados Unidos fue “matar al indio para salvar al hombre”. Así lo declaró el director de la Escuela Carlisle para Indios, la más famosa de los más de 400 internados indígenas operados por el gobierno estadounidense entre 1819 y 1969 a lo largo del país. Estas escuelas fueron la pieza central de la política oficial de asimilación forzada, a través de la cual el gobierno buscó acabar con las comunidades indígenas y tomar posesión de sus territorios.

Bajo esta política, cientos de miles de niños y jóvenes indígenas fueron arrancados de sus familias y obligados a estudiar y trabajar en escuelas ubicadas a cientos de kilómetros de sus hogares. Los niños tuvieron prohibido hablar en sus lenguas nativas, portar cabello largo y seguir con sus prácticas religiosas o culturales, so pena de severos castigos. Muchos de ellos nunca regresaron a casa, al caer víctimas de maltratos o enfermedades mortales.

Ésta es la conclusión de una investigación ordenada por la secretaria del Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, cuyos resultados preliminares fueron dados a conocer la semana pasada. El equipo de Haaland ha localizado los restos de más de 500 niños que habían sido enterrados en los terrenos de 19 escuelas internado, descubrimiento que parece ser la punta del iceberg del terrible legado del sistema. Se estima que el número de muertes podría ascender a las decenas de miles en los 409 internados identificados por los investigadores, según el informe (Federal Indian Boarding School Initiative Investigative Report).

Haaland, excongresista demócrata y miembro de la tribu Laguna Pueblo, es la primera indígena en formar parte de un gabinete presidencial en Estados Unidos. Ella ordenó la investigación en 2021, después del descubrimiento en Canadá de los restos de más de mil niños indígenas, en los terrenos de dos escuelas residenciales en el oeste del país. La noticia fue un fuerte golpe a la imagen de una nación que se ostenta como pacífica y tolerante —particularmente en comparación con Estados Unidos—. No obstante, para los miembros de las Naciones Originarias de Canadá (First Nation), fue sólo la confirmación pública de siglos de racismo, discriminación y maltrato en contra de sus comunidades.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció una serie de medidas que buscan resarcir el daño, incluyendo la asignación de 250 millones de dólares para los trabajos forenses y para compensar a las familias de las víctimas. A su vez, a solicitud de Trudeau, el papa Francisco pidió perdón en abril por el dolor causado por las escuelas internado del país, ya que una mayoría de los internados fueron operados por la Iglesia Católica con la anuencia del gobierno canadiense.

No obstante, para muchos sobrevivientes de los internados y líderes indígenas de ambos países, el daño ocasionado por el sistema difícilmente puede ser revertido. “Sufrimos la erosión de nuestra cultura y lengua que, en algunos casos, fueron literalmente sacadas a golpes cuando los niños fueron obligados a asistir [a los internados]”, dijo Chuck Hoskin Jr., jefe de la Nación Cheroqui, en entrevista con el New York Times. Él y otros líderes indígenas exigen la ubicación e identificación de miles de niños que desaparecieron después de ser enviados a las escuelas.

Educar para extinguir

En Estados Unidos, los internados indígenas tienen su origen en el llamado “Fondo de Civilización” creado por el congreso federal como parte de su estrategia de “civilizar a los indios”. En ese año se designaron fondos para la creación y manutención de las primeras instituciones y, a partir de 1871, la asistencia a las escuelas internado se volvió obligatoria para indígenas de entre 8 y 21 años, aunque en muchos casos asistieron niños a partir de los 4 años. Aquellos padres que se rehusaron a enviar a sus hijos a los internados no pudieron acceder a apoyos federales, tanto económicos como en especie. En algunos casos, agentes federales invadieron las reservas y llevaron a los niños a la fuerza. Para finales del siglo hubo cientos de instituciones distribuidas en 37 estados o territorios (incluyendo Alaska y Hawái), con la mayor concentración de internados en Oklahoma, Arizona y Nuevo México, según el informe.

Casi la mitad de las escuelas recibió apoyo de alguna institución religiosa, ya que una de las funciones de los internados fue convertir a los indígenas al cristianismo. No obstante, el propósito principal fue reeducar a los jóvenes indígenas en “técnicas modernas” como la agricultura y distintos oficios urbanos, para que dejaran las prácticas ancestrales de la caza y la pesca —actividades que requerían grandes extensiones de territorio—. En el fondo, se trataba de promover el éxodo de los jóvenes indígenas de sus comunidades para facilitar el despojo de tierras tribales por parte de los colonos anglosajones. Fue una política de “educación para la extinción”, según el libro del mismo nombre, de David Wallace Adams, que relata la historia de estas instituciones entre 1875 y 1928.

A raíz de las guerras, entre 1722 y 1869, las tribus indígenas cedieron a los colonos y al gobierno estadounidense más de 400 millones de hectáreas, según el informe. Para los promotores del sistema, la alternativa educativa fue más humana en comparación con la campaña de exterminio indígena, llevada a cabo por parte del ejército estadounidense durante los siglos XVIII y XIX. No obstante, el sistema de internados también jugó un papel clave en el proceso de etnocidio, con efectos que perduran hasta la actualidad.

De los internados a las universidades tribales

Mientras en Canadá la última escuela internado para indígenas cerró en 1996, en Estados Unidos el sistema dejó de operar mucho antes, en 1969. Con el auge del movimiento de derechos civiles, las demandas de los pueblos indígenas tuvieron eco finalmente en Washington. En la década de los 60, se crearon las primeras universidades tribales en el país, en un intento por revertir la penosa historia de exterminio cultural.

Hoy hay más de 30 instituciones de educación superior para indígenas (Tribal Colleges and Universities, TCU en inglés) en Estados Unidos, que atienden a unos 30 mil estudiantes, según datos oficiales. Al menos 78 por ciento de la matrícula proviene de las tribus nativas, sobre todo del centro y suroeste del país. La mayoría de las instituciones ofrece grados terminales de dos o cuatro años, y dos instituciones también ofrecen maestrías. A diferencia de las universidades estatales, los TCU subsisten mayormente con fondos federales, aunque también reciben donativos privados.

Las instituciones promueven el rescate de las lenguas y culturas indígenas, a través de ofertas curriculares diseñadas por parte de las propias comunidades. Sin embargo, como es el caso de las universidades que sirven a los afroamericanos (Historically Black Colleges and Universities, HCBU en inglés), los TCU padecen de una escasez de recursos, además de altos niveles de abandono escolar.

A partir de la administración del expresidente Barack Obama (2009-2017), el gobierno federal ha buscado mejorar las condiciones de los TCU a través de un aumento en los fondos institucionales y las becas para estudiantes indígenas. En 2021, el gobierno de Joe Biden emitió la orden ejecutiva 13592 que busca “ampliar las oportunidades educativas para indios americanos y nativos de Alaska”, además de “descubrir las causas sistémicas de las desigualdades educativas”. Biden también reconoció el papel del gobierno en las políticas asimilacionistas del pasado, incluyendo de las escuelas internado —y sus efectos devastadores en las poblaciones nativas—.

La decisión de Biden de nombrar a Haaland para dirigir la Secretaría del Interior forma parte de la misión propuesta en la orden ejecutiva. Sin embargo, según Bryan Newland, subsecretario de Asuntos Indígenas y autor del informe sobre los internados indígenas, el gobierno aún no ha aportado los recursos suficientes para completar la investigación. El funcionario también culpó a la pandemia causada por covid-19, que generó retrasos en las excavaciones de posibles tumbas de niños indígenas en las afueras de las escuelas.

El reporte preliminar es “sólo el primer paso para reconocer las experiencias de los niños que asistieron a las escuelas internado federales”, dijo Newland. Agregó que la investigación “representa una oportunidad para reorientar la política federal hacia los pueblos indígenas para revertir casi dos siglos de políticas dirigidas a la destrucción de las lenguas y culturas tribales”.