Marion Lloyd

El año 2023 marcará un parteaguas en las políticas de acción afirmativa en Brasil y Estados Unidos, pero en sentidos opuestos. En el primer país, el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva ha prometido fortalecer y ampliar las políticas compensatorias en la educación superior, que ya han facilitado el acceso a las universidades brasileñas para millones de afrodescendientes y miles de indígenas. En contraste, es casi un hecho que la Suprema Corte estadounidense pondrá fin a este tipo de políticas, lo que seguramente limitará aún más la presencia de estudiantes afroamericanos, latinos y nativos americanos en las universidades más selectivas (en donde la demanda es mucho mayor que el cupo).

¿Cómo se explican estas visiones tan opuestas acerca de la equidad racial, sobre todo en dos países que han sido fuertemente marcados por su historia de esclavitud? La respuesta: todo es cuestión de política. Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos ha virado hacia la derecha en décadas recientes, en Brasil la izquierda recupera el poder y busca consolidar los avances en materia social logrados durante los primeros gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y de su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016).

Las políticas de acción afirmativa —también conocidas como de discriminación positiva—, fueron implementadas por primera vez en los años 60 en Estados Unidos y, a partir de los 2000, en Brasil. Las medidas buscan ampliar el acceso para grupos históricamente subrepresentados en las universidades, sobre todo minorías raciales (o, en el caso de Brasil, también la mayoría negra) y estudiantes de bajos recursos. No obstante, las políticas con base en la raza, más que las que toman en cuenta la condición socioeconómica, han enfrentado fuertes resistencias de los sectores conservadores de ambos países. En juego está el futuro de la diversidad racial en los dos sistemas de educación superior más grandes del hemisferio.

El impacto de 20 años de políticas de acción afirmativa en Brasil

A principios de este siglo, el sistema de educación superior brasileño fue uno de los más regresivos del mundo. Las universidades públicas —que son gratuitas, suelen ser las mejores, y atienden a apenas 23 por ciento de la matrícula—, fueron bastiones de la élite blanca y egresados de las escuelas privadas. Mientras tanto, la mayoría de los estudiantes pagaba por asistir a universidades privadas de cuestionable calidad. No obstante, a partir de 2003, se implementaron las primeras políticas de acción afirmativa en las dos universidades estatales de Rio de Janeiro, y en los siguientes años docenas de universidades públicas y cientos de privadas —apoyadas por subsidios gubernamentales—seguirían su ejemplo.

El punto de inflexión llegó en 2012, cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil avaló la constitucionalidad de las cuotas (cupos reservados) para negros, pardos (mulatos) e indígenas en las universidades. En agosto de ese año se aprobó la Ley de Cuotas, que obligó a las más de 60 universidades federales a reservar por lo menos 50 por ciento de sus lugares para egresados de escuelas públicas; además, la proporción que se auto adscribe como afrobrasileños o indígenas debe ser igual a la composición racial de estos grupos en el estado respectivo.

Es difícil exagerar el impacto de las políticas de acción afirmativa en la educación superior brasileña, sobre todo para el 55 por ciento de la población que se auto adscribe como pretos (negros) o pardos. Entre 2001 y 2015, la proporción de estudiantes afrobrasileños en las universidades públicas se duplicó, de 22 a 44 por ciento, según un estudio de Tatiana Dias Silva. A su vez, la proporción de estudiantes de bajos recursos aumentó de 50 a 70 por ciento entre 2011 y 2019, según cifras oficiales.

Numerosos estudios han demostrado que los beneficiarios de acción afirmativa —conocidos como cotistas en Brasil—, han tenido desempeños académicos similares o mejores que los no cotistas. Tal dato ha servido para desmentir los pronósticos de los críticos, que señalaban que las políticas de acción afirmativa bajarían el nivel de las universidades. Uno de estos ha sido Jair Bolsonaro, ex paramilitar ultraderechista que perdió las elecciones presidenciales recientes contra Lula, y quien había amagado con abolir las políticas de cuotas. En cambio, Lula, quien toma posesión en enero de 2023, ha prometido ampliar su alcance y extenderlas a los programas de posgrado.

El viraje en Estados Unidos

A finales de octubre, la Suprema Corte estadounidense empezó a escuchar argumentos en dos juicios contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte, sobre la constitucionalidad de sus prácticas de otorgar preferencias a aspirantes de minorías raciales. El grupo Students for Fair Admissions (Estudiantes para Procesos de Admisión Justos) acusa a las dos universidades de discriminar en contra de estudiantes blancos y de origen asiático, quienes alegan ser afectados por las preferencias hacia afroamericanos, latinos e indígenas.

Desde 1978, la Suprema Corte se ha pronunciado varias veces sobre las políticas de acción afirmativa. Cabe resaltar que conforme se han nombrado más jueces conservadores, se ha restringido cada vez más la libertad de las universidades en aplicar políticas con base en la raza. En el último caso de 2016, contra la Universidad de Texas, la Corte determinó que las instituciones sólo podrían tomar en consideración la raza de los aspirantes cuando no existían otras alternativas para lograr la diversidad. Hoy los jueces conservadores son la abrumadora mayoría —6 contra 3— y ya han señalado su intención de poner fin a dichas políticas.

Por lo menos ocho congresos estatales también han prohibido la consideración de la raza en los procesos de selección de sus universidades desde los años 90, más notablemente California y Michigan. Como resultado, la proporción de estudiantes de grupos subrepresentados ha caído 50 por ciento o más en las universidades y campus más selectivos de esos estados. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes afroamericanos en la Universidad de California-Berkeley bajó de 6.3 a 3.4 por ciento entre 1995 y 1998, cuando tomó efecto la ley, mientras la proporción de latinos cayó de 15.6 a 7.3. A pesar de “esfuerzos extraordinarios” de reclutar estudiantes afroamericanos e indígenas, su proporción en la Universidad de Michigan cayó 44 y 90 por ciento respectivamente desde que tomó efecto la prohibición en 2006, según Inside Higher Education, que citó datos de ambas universidades, proporcionados para el actual juicio.

La decisión en los casos contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte se espera para junio de 2023. Si la Suprema Corte se pronuncia a favor de Students for Fair Admissions, como se anticipa, será otro fuerte golpe en contra de la equidad racial en ese país.