Marion Lloyd

El escándalo en torno al presunto plagio cometido por la ministra de la Suprema Corte, Yazmín Esquivel Mossa, ha acaparado el debate público en México durante semanas, polarizando a la comunidad académica y avivando los ataques en contra de la academia. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Universidad Nacional Autónoma de México, alma mater de la ministra, de haberse “lavado las manos” en el caso, mientras el expresidente Vicente Fox tachó a la universidad de patito . Por su parte, la UNAM parece paralizada ante la falta de una legislación antiplagio clara y contundente que permitiría retirarle a la ministra su título profesional.

Pero Esquivel está lejos de ser la única persona poderosa acusada de cometer un fraude académico —tanto en México como en el extranjero—. La lista de altos funcionarios que han sido acusados de plagiar sus tesis u otros textos incluye al presidente estadounidense, Joe Biden; el presidente español, Pedro Sánchez; el expresidente húngaro, Pál Schmitt; así como al exministro de la defensa alemán Karl-Theodor zu Guttenberg. En México están los casos del ex presidente Enrique Peña Nieto, y del actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Eso, sin mencionar la larga lista de íconos culturales que han sido demandados o señalados por fusilar partes de su obra. Por ejemplo: Coldplay, Lana del Rey, Led Zeppelin, The Beach Boys, George Harrison, J. K. Rowling, Jane Goodall, Hellen Keller y Martin Luther King.

Si el plagio es tan común, aun entre las más altas esferas del poder, ¿por qué ha generado tanta indignación el caso Esquivel? En gran parte, es por el juramento ético que tomó la ministra como representante del máximo órgano de justicia del país. Es decir, se perdonan los lapsos morales de políticos y rockstars, pero no de los jueces. El caso también ha revelado la falta de recursos legales por parte de las universidades, sobre todo cuando quien cometió el presunto plagio ya se tituló. Entre las 40 universidades públicas autónomas en México, solo la Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con la facultad expresa de revocar el título profesional, según un análisis de Marco Antonio Zeind Chávez, catedrático de derecho de la UNAM, publicado en The Guardian.

Por otro lado, el caso Esquivel ha revelado la enorme magnitud del problema del plagio en las universidades, que enfrentan presiones por titular a cada vez más alumnos bajo las políticas de “eficiencia terminal”. La asesora de la ministra en la UNAM, Martha Rodríguez Ortiz, ha dirigido más de 500 tesis, un número estratosférico que, como mínimo, apunta a la poca supervisión por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la que fue profesora. La universidad despidió a Rodríguez por “causas graves de responsabilidad”, después de que aceptó haber proporcionado a sus estudiantes las tesis de otros alumnos, lo que levanta sospechas sobre otros posibles plagios bajo su tutela; ya se confirmaron que dirigió otras tres tesis con el mismo tema y fuertes similitudes a la de Esquivel, según Infobae.

El panorama internacional El llamado plagiogate mexicano coincidió con el lanzamiento, en noviembre de 2022, del ChatGPT, un software de inteligencia artificial desarrollado por la compañía de investigación norteamericana OpenAI. Esta tecnología ha desatado la alarma en la academia alrededor del mundo, ya que es capaz de generar textos (u obras enteras) sobre cualquier tema, con un alto nivel de credibilidad. Por ello, algunas universidades estadounidenses han prohibido el uso del software por parte de los estudiantes, según el New York Times. A su vez, algunos profesores están recurriendo a los ensayos escritos a mano, para minimizar las posibilidades del plagio.

Una posible solución al problema son los programas de detección de plagio, que comparan el porcentaje de similitud entre textos. No obstante, la tecnología suele ser muy cara y queda fuera del alcance de la mayoría de los dictaminadores de tesis, artículos y libros. En este sentido, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció la semana pasada que la universidad había comprado 150 licencias de un software antiplagio para sus académicos, pero no especificó quiénes tendrían acceso a ello ni cuál tecnología había contratado. Además, dichos programas difícilmente pueden distinguir entre textos elaborados por humanos y la inteligencia artificial.

Aún antes de la emergencia del ChatGPT, Internet ha facilitado la compra de tesis y otros documentos académicos a través de cientos de páginas virtuales, cuyas tarifas son sorprendentemente bajas. La página intellectualsden.com, por ejemplo, anuncia que vende tesis a partir de los siete dólares. El llamado “mercado de la trampa” ha crecido exponencialmente durante la pandemia de Covid-19, generando ganancias multimillonarias para estas compañías en todo el mundo, según la revista Forbes.

¿Pero qué tan extendido es el problema del plagio a nivel mundial? Muy extendido, según un estudio de los productores de Fixgerald, otro de los programas de detección de plagio. La empresa, con sede en Ciprés, combinó información obtenida de sus usuarios con los resultados de una encuesta aplicada en 2021 a 2,500 estudiantes universitarios, en seis países de habla inglesa: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Singapur. El resultado: casi la mitad (48.6 por ciento) de los encuestados reportó haber hecho trampa alguna vez en su carrera académica, y entre 12 y 15 por ciento aceptó haber recurrido al plagio. Sin embargo, solo 7.5 por ciento reportó haber sufrido alguna consecuencia por su deshonestidad.

La (poca) respuesta de la academia A pesar de la magnitud del problema, el plagio académico suele ser considerado menos grave que el robo de propiedad intelectual, que conlleva fuertes sanciones económicas o hasta condenas de cárcel en algunos países (Estados Unidos, por ejemplo). En cambio, en la mayoría de las universidades, los castigos por plagio son muy blandos, y casi inexistentes contra exalumnos, aunque existen algunas excepciones.

La nueva Ley de Convivencia Universitaria de España, aprobada en 2021, castiga al plagio de tesis (de cualquier nivel) o trabajos finales con expulsión de la universidad por un periodo entre dos meses y tres años. No obstante, la falta prescribe después de tres años, lo que muchos profesores consideran insuficiente para detectar el plagio, según el periódico El Mundo. Por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez obtuvo el doctorado en Economía y Empresa en 2012, pero no fue hasta 2018 cuando se detectó que había copiado segmentos de obras anteriores en su tesis, según el periódico. Además, no ha sido sancionado por el caso. A su vez, la ley solo aplica a universidades públicas, y no contempla la revocación del título de ex alumnos.

En contraste, Alemania es uno de los pocos países en donde el plagio está considerado como delito penal y causa de nulidad del título profesional. Durante la última década, tres ministros del gabinete de Angela Merkel, la excanciller alemana, perdieron sus títulos de doctor y fueron obligados a renunciar al cargo, después de que se les comprobó plagio en partes sustanciales de sus tesis.

El plagio en México El caso Esquivel ha señalado la falta de recursos para enfrentar el plagio en México, lo que sirve como aliciente para potenciales defraudadores. Y el problema va mucho más allá de las universidades. Cualquier texto de acceso público es susceptible de ser copiado de forma indebida —generalmente sin repercusión alguna—.

Tal fue el caso de una columna publicada por esta autora en Campus Milenio en 2015 (Las universidades interculturales siguen marginadas en México, núm. 636, pp. 10-11), que sirvió de sustento para un punto de acuerdo presentado ante la Cámara de Diputados mexicano, tres años después. En un texto abogando a favor de la Universidad de los Pueblos del Sur, el exdiputado federal de Guerrero, Oracio Flores Ruíz, reprodujo textualmente, sin citar, nueve párrafos de la columna (Sistema de Información Legislativa, 19 de abril, 2018).

Tales casos son solo la punta del iceberg del problema del plagio. (Esta autora apenas descubrió el caso citado). Si no se fortalecen los mecanismos para sancionar a los culpables, empezando por el retiro de los títulos obtenidos de manera fraudulenta, el problema seguramente irá en aumento. Ojalá sirva el caso Esquivel como lección en este sentido.