Marion Lloyd

En otra victoria decisiva para el movimiento conservador, la Suprema Corte de Estados Unidos ha puesto fin a las preferencias raciales en los procesos de admisión universitarios. El pasado 29 de junio, la Corte dictaminó en contra de las universidades de Harvard y Carolina del Norte (UNC), argumentando que sus procesos de selección, que buscan ampliar el acceso para minorías raciales marginadas, son discriminatorios hacia otras razas. Con votos de 6-2 y 6-3, en los dos juicios relacionados, los ministros acabaron con medio siglo de las llamadas políticas de acción afirmativa en la educación superior. En el proceso, el máximo tribunal, de mayoría conservadora, desmanteló uno de los principales logros del movimiento de derechos civiles en el país.

Es difícil exagerar el impacto negativo que tendrán las sentencias para la diversidad racial en la vida universitaria. A partir de ahora, las universidades solo podrán considerar la raza de los solicitantes en casos aislados, lo que seguramente limitará aún más la presencia de estudiantes afroamericanos, hispanos y nativos americanos, sobre todo en las universidades de élite. Es probable que las decisiones de la Corte también tengan un efecto escalofriante sobre las políticas de equidad racial en el mercado de trabajo.

El presidente de la Corte, John Roberts, escribió la opinión para la mayoría conservadora, diciendo que los programas de admisión de las dos universidades violaban la Cláusula de Igual Protección de la 14ª enmienda constitucional, que prohíbe la discriminación contra cualquier grupo. Argumentó, además, que los programas fomentan estereotipos raciales, en violación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y no tenían un punto final claro.

“Por mucho tiempo, muchas universidades concluyeron de manera errónea que el punto de referencia de la identidad de un individuo no son los retos superados, las habilidades que se han construido o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel” —escribió— “Tales programas deben cumplir con un escrutinio estricto, nunca deben usar la raza como estereotipo y deben, en algún punto, llegar a su fin”.

Roberts argumentó que, aunque los programas de admisión en UNC y Harvard eran “bienintencionados”, “fallaban en cumplir con estos criterios”. No obstante, la corte hizo una excepción en los colegios militares, citando “potenciales intereses” para ampliar la diversidad racial dentro de las fuerzas armadas.

La defensa de esta medida

En contraposición, la ministra Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que disintieron, dijo que la decisión representa el “retroceso de décadas de precedente [legal] y progreso monumental”. Agregó que la sentencia “solidifica una regla superficial de daltonismo racial como principio constitucional en una sociedad segregada endémicamente”. Ella presentó cifras de desigualdad racial en el país para argumentar a favor de continuar las políticas, que fueron implementadas por primera vez en los años 60.

Otra jueza en disenso en el caso de UNC, Ketanji Brown Jackson, escribió: “con una inconsciencia de déjenlos que se coman su pastel, hoy, la mayoría jaló la cuerda y anunció daltonismo racial para todos por decreto legal”. Jackson, quien es afroamericana y egresada de la Escuela de Derecho de Harvard, agregó: “considerar que la raza es irrelevante en la ley no lo hace así en la vida”. Ella tuvo que recusarse del caso contra Harvard, ya que fungió como miembro de la Junta de Supervisores de la universidad cuando el caso se presentó.

Por su parte, el presidente Biden atacó la decisión, alegando que no podría ser la “última palabra” sobre la acción afirmativa. “La discriminación aún existe en América” —dijo en un discurso televisado—, y “la decisión no cambia eso”.

Un día después, la Corte dio otro golpe a la equidad —y a las aspiraciones políticas del presidente demócrata—. En un voto de 6-3, los ministros bloquearon el programa de condonación de la deuda estudiantil de Biden, que hubiera eliminado hasta 20 mil dólares en adeudos por persona. Sin embargo, la Corte determinó que el plan, que costaría 430 mil millones de dólares, le restaría poder al Congreso y lastimaría las finanzas de los estados que administran programas de préstamos estudiantiles.

En respuesta, Biden anunció otro plan para reducir la deuda estudiantil, que ascendió a un récord de 1.78 billones de dólares en este año. No obstante, la decisión del máximo tribunal puso freno a una de las principales promesas de campaña del presidente, quien busca la reelección en 2024.

El camino legal

Los casos contra Harvard y Carolina del Norte representan la quinta ocasión en que la Suprema Corte se ha pronunciado sobre la acción afirmativa en las universidades. La primera vez, en 1978, la Corte determinó que la Universidad de California no podría fijar cuotas para minorías desfavorecidas. Sin embargo, permitió la consideración de la raza en los procesos de selección para promover la diversidad en las instituciones. Después, en dos juicios contra la Universidad de Michigan en 2003, los ministros rechazaron el uso de puntajes raciales, aunque permitieron la consideración de la raza como “un factor” en el proceso de selección. En ese momento, la jueza liberal Sandra Day O´Connor expresó fe en que las políticas solo serían necesarias para otros 25 años.

En otro juicio contra la Universidad de Texas en 2016, la Corte se mostró aún más escéptica hacia la discriminación positiva en la educación superior. En una decisión de 5-4, se determinó que las políticas serían sujetas a “escrutinio estricto”, y que solo serían justificadas cuando no quedaba ninguna otra opción para lograr la diversidad.

En las situaciones anteriores, los demandantes fueron estudiantes blancos rechazados por las universidades. Sin embargo, los juicios en contra de Harvard y UNC fueron presentados por una organización llamada Students for Fair Admissions (estudiantes en pro de admisiones justas), que representa a alumnos asiático-americanos. Estos mantienen que las políticas de admisión de las universidades de élite discriminan en su contra, al dar preferencia a afroamericanos e hispanos “menos calificados”.

Los impactos de la decisión

En las últimas décadas, nueve estados han implementado una legislación que prohíbe la consideración de raza en los procesos de admisión a sus universidades públicas. El resultado se puede ver con claridad en California, estado pionero en prohibir esta práctica, en 1996. Apenas dos años después, la proporción de estudiantes afroamericanos e hispanos en la Universidad de California en Berkeley y UCLA cayó 40 por ciento, según el New York Times. Lo mismo ocurrió en la Universidad de Michigan, que rechazó el uso de preferencias raciales a partir de 2006; lo anterior tuvo como consecuencia una caída de 44 por ciento de los estudiantes afroamericanos, según The Guardian. Michigan fue la cuna del movimiento antirracista en las universidades, en 2014, que después se extendió a Harvard, Oxford y otras universidades de élite.

Críticos de las políticas de acción afirmativa con base racial argumentan que las instituciones pueden lograr la diversidad por otros medios. Por ejemplo, a través de las llamadas “cuotas geográficas”, en donde se reservan lugares en las universidades para los “mejores estudiantes” de todas las escuelas públicas del estado. La Universidad de Texas implementó un programa así después de que la legislatura estatal vetó el uso de políticas raciales en 1996. Sin embargo, los estudios demuestran que tales alternativas no logran alcanzar los mismos niveles de representación de minorías raciales.

¿Una sociedad posracial?

Al prohibir las preferencias raciales para las admisiones a universidades, la Suprema Corte refleja una creencia común entre gran parte de la población estadounidense: que la discriminación racial es cosa del pasado. Numerosas encuestas han mostrado que la mayoría del país está en contra del uso de la raza en los procesos de selección universitaria, aunque las opiniones varían según el tipo de pregunta y el grupo racial.

Tal fe en el daltonismo es particularmente sorprendente en el contexto del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), que comenzó en 2013 y que ha protagonizado las protestas antirracistas más grandes desde los años 60. Además, Estados Unidos va en contrasentido de países como Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, que han implementado programas de acción afirmativa raciales durante las últimas dos décadas.

El viraje hacia la derecha en Estados Unidos es inesperado, ya que ocurre durante el mandato de un presidente demócrata. Aún más preocupante, la Corte, con su supermayoría conservadora, parece determinada a desmantelar cada uno de los avances en materia de derechos civiles. Pese a sus promesas de campaña, se ve difícil que Biden pueda revertir el daño en términos de equidad racial, aun cuando logre la reelección en 2024.