Marion Lloyd

La guerra entre Israel y Hamás, que ha dejado a más de cuatro mil muertos y provocado protestas masivas en las universidades de Estados Unidos, ha revivido un viejo debate en la educación superior de ese país: ¿qué postura deben tomar las universidades ante conflictos político-humanitarios? Para unos, las instituciones tienen la responsabilidad moral de tomar partido cuando hay vidas humanas en juego, mientras que, para otros, deben mantenerse al margen y preservar la libertad de expresión.

Esta pregunta ha pesado sobre las administraciones universitarias en Estados Unidos por lo menos desde los años 60, cuando sus instalaciones se convirtieron en campos de batalla sobre la guerra en Vietnam. En 1967, la Universidad de Chicago publicó un informe que postulaba cuál debería ser la posición de la institución ante los sucesos de gran envergadura (Report on the University´s Role in Political and Social Action). El llamado “Reporte Kalven” —conocido así por su autor principal, Harry Kalven Jr.—, argumentaba que la universidad debería mantenerse neutral “no por falta de valentía o insensibilidad… [sino por] la obligación de respetar una diversidad de puntos de vista”. Además, afirmaba: la universidad “es el hogar y patrocinador de los críticos; no es en sí misma un crítico”.

Por otro lado, el reporte abrió la puerta a que miembros de su comunidad universitaria se expresaran libremente, aun cuando sus ideas fueron impopulares. “Por diseño o por efecto, [la universidad] es la institución que crea descontento dentro de los arreglos sociales existentes y propone nuevos. En breve, una buena universidad, como Sócrates, siempre genera malestar”.

Medio siglo después, los defensores de la universidad apolítica y protectora de la libertad de expresión siguen invocando el Reporte Kalven como el modelo a seguir. No obstante, el conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino ha puesto en tela de juicio la posibilidad de las universidades de mantenerse neutrales. La fuerte presencia de estudiantes judíos y palestinos en las universidades de Estados Unidos ha hecho que la guerra se viva en carne propia, obligando a las administraciones a tomar partido —quieran o no—.

El conflicto entre Hamás e Israel estalló el 7 de octubre, cuando el grupo extremista islamista lanzó un ataque sorpresa a Israel por aire, mar y tierra desde su base en la Franja de Gaza. Además de lanzar misiles hasta Tel Aviv, cientos de milicianos de Hamás cruzaron la frontera con Israel y atacaron a comunidades agrícolas comunales, conocidas como kibutz, y asesinaron a los residentes en sus casas. También masacraron a más de 260 personas, mayormente jóvenes, en un festival de música en el Desierto de Negrev, según CBS News. Al final del día, los milicianos habían matado a al menos mil 200 israelís, entre soldados y civiles, y secuestrado a más de 150, según reportes de prensa.

En respuesta, Israel declaró la guerra contra Hamás, desatando bombardeos aéreos contra la Franja de Gaza, que han matado al menos 2,750 personas y lesionado a más de 9 mil, la mayoría civiles, según CNN. El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu también ordenó la evacuación de más de un millón de palestinos hacia el sur de Gaza —que ya fungía como un gran asentamiento de refugiados—, provocando una mayor crisis humanitaria en la región.

Debido al histórico papel de Estados Unidos como mediador en Medio Oriente, las reacciones en el país no tardaron en llegar. En un discurso apasionado, el 10 de octubre, el presidente Joe Biden afirmó su solidaridad total con Israel y le prometió “todos los medios de apoyo” para que pueda defenderse. También condenó los ataques “brutales” e “inhumanos” de Hamás, a quién describió como “maldad pura”. No obstante, en una muestra de la política ambivalente de su gobierno hacia el conflicto, Biden buscó distinguir las acciones del grupo terrorista de lo que llamó “el derecho del pueblo palestino a la dignidad y auto determinación”.

Si bien Washington históricamente ha sido un firme aliado de Israel, el giro hacia la derecha del gobierno en Tel Aviv en años recientes —en particular, la expansión de los asentamientos israelíes en territorios palestinos—, ha tensado las relaciones con Estados Unidos. A su vez, ha aumentado el antisemitismo en el país norteamericano, según un informe reciente de la Liga Antidifamación, un grupo con sede en Nueva York. Mientras tanto, dentro de la izquierda política, las simpatías hacia el pueblo palestino van en aumento, según la revista Time.

Si en Washington hay posturas encontradas, las comunidades universitarias están aún más polarizadas. En los últimos 10 días, se han organizado protestas en universidades de todo el país, que en algunos casos culminaron en enfrentamientos violentos entre grupos rivales. Mientras estudiantes judíos han organizado vigilias por las víctimas y rehenes de Hamás, algunos grupos pro-Palestina han defendido al grupo extremista y condenado la represión de Israel contra civiles en Gaza.

El 11 de octubre, una vigilia pro-Israel en la Universidad de Florida se convirtió en una estampida debido a una falsa alarma de un atentado terrorista. Al siguiente día, la Universidad de Columbia eligió, de forma inusual, cerrar su campus al público ante protestas entre estudiantes pro-Palestina y pro-Israel. También en Nueva York, una legisladora pro-Israel fue detenida por portar una pistola durante una manifestación en Brooklyn College, el 13 de octubre, según el Associated Press.

Al mismo tiempo, los líderes de algunas de las universidades más prestigiadas están en el ojo del huracán debido a sus posturas ante la guerra. La nueva rectora de Harvard, Claudine Gay, enfrentó fuertes críticas al emitir un comunicado tardío y poco enérgico en su condenación a Hamás, sin mencionar un comunicado de prensa firmado por una treintena de organizaciones estudiantiles pro-Palestina. El texto de los grupos responsabiliza “al régimen israelí enteramente de la violencia”, y afirma que “la violencia israelí ha estructurado todos los aspectos de la existencia palestina durante 75 años”.

El ex rector y ex secretario del Tesoro, Lawrence Summers, dijo estar “indignado”, no solo por el comunicado sino por “el silencio de los líderes de Harvard”. La universidad parece “en el mejor de los casos neutral ante los actos de terrorismo contra el Estado judío de Israel”, señaló en su cuenta de la red X (antes Twitter).

En otro caso, un donador multimillonario exigió la renuncia de la rectora de la Universidad de Pensilvania, Elizabeth McGill, después de que ella autorizó un festival de poesía palestina en el campus. El empresario, Marc Rowan, alegó que la presencia de posturas en contra de Israel constituye un aval de la universidad al antisemitismo. McGill se ha negado a dimitir. Sin embargo, emitió un comunicado diciendo “Sé lo doloroso que fue la presencia de estos ponentes en el campus para la comunidad judía”, una postura que los grupos pro-Palestina tomaron como una afrenta a su causa.

Para algunos observadores, los intentos de los rectores de mantenerse neutrales es una misión imposible. Según Brian Pusser, profesor de educación superior en la Universidad de Virginia, las universidades son y siempre han sido instituciones políticas. Lo que cambia, afirmó en una entrevista telefónica, son las correlaciones de poder. Por ejemplo, deciden en dónde invertir sus ahorros —si en compañías de hidrocarburos o energía limpia—, y qué tipo de estudiantes admitir —privilegiar a las minorías raciales o a los hijos de los grandes donantes—.

En años recientes, las universidades también han sido críticas vocales de las políticas anti inmigrantes del ex presidente Donald Trump, así como de la decisión de la Suprema Corte de desmantelar el derecho al aborto. Según Pusser: “La pregunta real es ¿quién tiene el poder de tomar decisiones sobre las posturas y políticas universitarias? Se trata del poder de ejercer el poder”.

En el caso del conflicto Israel-Hamás, ambos lados buscan ejercer poder sobre las posturas de las universidades. Conforme avance la guerra, esa presión solo va en aumento, volviendo aún más difícil las posturas neutrales.