Marion Lloyd

La propuesta del gobierno conservador en Grecia, de permitir la educación superior privada, ha desatado las mayores protestas estudiantiles en más de una década. Desde principios de enero, miles de jóvenes griegos han tomado las calles y paralizado las principales universidades del país. El pasado 8 de febrero, una marcha de 20 mil alumnos, en Atenas, terminó en enfrentamientos entre un grupo de anarquistas, armados con cocteles molotov, y la policía, que detuvo a decenas de manifestantes, según la agencia de noticias turca Andalou.

Los estudiantes defienden lo que ven como un histórico derecho y orgullo nacional, pero, para otros, es un anacronismo: un sistema de educación superior enteramente público y gratuito. Grecia, la cuna de la civilización occidental, es el único país del hemisferio —y de los pocos del mundo— cuya legislación no permite la operación de universidades privadas, con la excepción de algunos programas extranjeros. Sin embargo, eso podría cambiar con una propuesta de reforma constitucional del gobierno de Kyriakos Mitsotakis, que busca revertir medio siglo de tradición universitaria en el país. Su partido Nueva Democracia, ganador de la reelección en junio de 2023, espera lograr el cambio constitucional a finales de febrero. Así, las primeras sedes privadas podrían empezar a operar a partir de septiembre.

La crisis de la educación superior pública Al anunciar la medida a finales de diciembre, Mitsotakis argumentó la necesidad de permitir la entrada de capitales privados para frenar el éxodo de estudiantes hacia otros países. Alrededor de 40 mil jóvenes griegos estudian en el extranjero, una de las proporciones más altas del mundo, según el Ministerio de Educación. Muchos de ellos no regresarán al país después de sus estudios, fomentando la fuga de cerebros de unas 215 mil personas con títulos universitarios, según cifras oficiales.

Aun antes de convertirse en primer ministro por primera vez, en 2019, Mitsotakis propuso una reforma constitucional para permitir la entrada de universidades privadas. “Nuestra propuesta central es la revisión del Artículo 16, lo cual, desafortunadamente, ha detenido a nuestro país durante 44 años —dijo—. El Estado debe garantizar una educación de buena calidad y proveer oportunidades para todos”. No obstante, en aquel momento su partido no tuvo el apoyo necesario en el Congreso para llevar a cabo la reforma.

El líder griego argumentó que la prohibición a la educación superior privada representa una anomalía histórica, aun en una región como la europea, con una larga tradición de defensa a la educación superior como un bien público. Inclusive, países como Dinamarca, España y Francia, en donde los partidos de izquierda lograron detener la entrada del mercado en la educación superior durante décadas, ahora cuentan con instituciones privadas.

“Grecia es única en esto: es el único país en Europa, si no en el mundo entero, en donde el legislador promedio no tiene la libertad de regular el estatus de las universidades con base en las necesidades educativas, sociales y culturales de su tiempo”, dijo durante el debate sobre las reformas constitucionales, en 2019.

Aunque Grecia tiene una de las matrículas terciarias más altas de Europa —735 mil estudiantes, equivalente a 7 por ciento de la población, de 10 millones—, también cuenta con la mayor tasa de deserción de la región, según el periódico South EU Summit. Y la inversión por estudiante está muy por debajo del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 6 mil 943 USD por estudiante, comparado con el promedio de la OCDE de 10 mil 454 USD, según cifras de 2018.

La falta de inversión gubernamental también ha impactado en la calidad de la educación y la capacidad de las instituciones para realizar investigación. Un indicador de ello —aunque muy imperfecto, claro—, es el mal desempeño de las universidades griegas en los rankings internacionales. Solo 8 universidades griegas clasificaron en la última edición del QS World University Rankings, con la mejor posicionada, la Universidad Politécnica Nacional de Atenas, en el lugar 347. En comparación, Italia tuvo 42 universidades clasificadas, España, 35, y Turquía, 24.

Ante ese panorama, el gobierno ha insistido en la necesidad de volver más competitivas a las universidades griegas, al permitir la creación de sedes de universidades privadas extranjeras. La propuesta de ley también permitiría que las universidades públicas firmen convenios con instituciones de otros países; en principio, mejorando su reputación internacional.

Para los defensores del statu quo, sin embargo, la solución a la crisis de las instituciones públicas griegas no está en abrir paso al sector privado. Muchos críticos avisan que pondría otro clavo en el ataúd de la educación superior. También argumentan que reduciría la proporción de estudiantes de bajos ingresos que lleguen a la universidad, al abrir la posibilidad de que las públicas cobren aranceles; e, inclusive, podría tener efectos no deseados, al inundar el mercado con instituciones de muy baja calidad. En vez de recurrir a la privatización, insisten en que el gobierno debería aumentar drásticamente la inversión en las universidades públicas.

Muchos profesores universitarios también se oponen a la creación de instituciones privadas, las cuales —dicen— serán “fábricas de diplomas” poco viables. Cerca de 200 profesores firmaron una petición condenando los intentos “maliciosos” de superar la resistencia a las reformas, y se negaron a aplicar exámenes en línea en instituciones tomadas por los estudiantes, según AFP.

Orígenes de la prohibición La prohibición a la educación superior privada en Grecia data de la dictadura militar que gobernaba el país entre 1967 y 1974. Los generales temieron que la oposición izquierdista utilizara las universidades privadas con fines propagandísticos y enmendaron la Constitución para prohibir la participación de capital privado en el sector.

Sin embargo, en una ironía histórica, fueron las universidades públicas las que lideraron la lucha por la democracia. Todo comenzó con una protesta por parte de estudiantes de derecho que, encerrados dentro de la Universidad de Atenas, exigieron el derrocamiento de una ley de conscripción militar forzada. Meses después, en noviembre de 1973, una manifestación prodemocrática, en la Universidad Politécnica Nacional de Atenas, desencadenó una revuelta masiva en contra de la dictadura. Miles de personas de la capital entraron a la universidad para sumarse a las manifestaciones. La junta militar respondió enviando tanques y soldados a aplastar las protestas, matando a por lo menos 24 personas, según reportes de prensa. No obstante, la respuesta tan violenta del régimen terminó fortaleciendo la resistencia y la junta colapsó en 1974.

Aun con el regreso de la democracia y la aprobación de una nueva Constitución, en 1976, se conservó la prohibición en contra de la educación superior privada. Durante las primeras décadas de este siglo, hubo varios intentos por parte de partidos de derecha para revertirla. Sin embargo, ninguno había contado con el apoyo legislativo.

¿Momento de cambio? Esta vez puede ser diferente. A diferencia de los gobiernos anteriores, el partido de Mitsotakis tiene una mayoría contundente en el Congreso. Por otro lado, el país enfrenta altísimos niveles de desempleo, lo que demuestra el desfase entre los currículos universitarios y las demandas del mercado laboral. Para el ministro de Educación griego, Kyriakos Pierrakakis, es solo cuestión de “romper tabúes”. Él ha buscado minimizar las protestas como resultado de “una minoría” revoltosa e inconforme.

No obstante, no será fácil superar la resistencia estudiantil. El 1 de febrero, el gobierno envió miembros de las fuerzas especiales a frenar una protesta en una universidad en Thessaloniki, una ciudad al norte del país, desatando fuertes enfrentamientos entre estudiantes y policías. Mientras tanto, se esperan más manifestaciones en los próximos días, en defensa de uno de los últimos bastiones de la educación superior pública en el mundo.