Marion Lloyd

Por primera vez en décadas, en las últimas dos semanas la policía estadounidense invadió los campus universitarios, desmantelando campamentos pro-Palestina y arrestando a más de mil personas —entre estudiantes, profesores y otros activistas—. La policía actuó a petición de las autoridades universitarias, que están desesperadas por poner fin a las protestas contra la guerra en Gaza, que se encuentra en su séptimo mes. No obstante, lejos de calmar las aguas, el uso masivo de la fuerza solo ha echado leña al fuego. Desde las primeras 100 detenciones de manifestantes en la Universidad de Columbia, el 18 de abril, estudiantes de más de 60 universidades se sumaron al movimiento contra la guerra.

El 30 de abril, Columbia anunció la expulsión de decenas de estudiantes, después de que volvieron a ocupar el campus y tomaron un edificio central. También hubo cientos de nuevos arrestos en otras universidades, en donde activistas invadieron edificios y armaron campamentos, según el New York Times. Algunas universidades, como Harvard, han cerrado sus campus al público, mientras otras están ofreciendo clases en línea.

Son las protestas estudiantiles más grandes desde finales de los años 60, cuando grandes sectores universitarios se unieron contra la guerra en Vietnam. Esta vez, sin embargo, las manifestaciones han dividido a las comunidades universitarias —entre quienes apoyan a Palestina o Israel, y entre los que privilegian la libertad de expresión o la seguridad de todos sus miembros—, desatando una crisis existencial para las instituciones y sus líderes.

Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, también han surgido amenazas en contra de los judíos y el Estado de Israel. Por ejemplo, la Universidad de Columbia expulsó del campus la semana pasada a un líder estudiantil, después de que declaró que “los sionistas no merecen vivir”, según el New York Times.

Las primeras protestas estudiantiles surgieron en octubre, después del ataque terrorista de Hamás y la invasión de Israel a Gaza. Aunque inicialmente hubo demostraciones a favor de ambos lados del conflicto, en meses recientes han dominado las protestas pro-Palestina, que ven una lucha desigual en el territorio ocupado por Israel. Seis meses de guerra han dejado un saldo de más de 34 mil palestinos muertos, la mayoría civiles, según autoridades locales. A su vez, la Organización de las Naciones Unidos ha avisado sobre una hambruna masiva, que está cobrando aún más vidas.

Además de mostrar su oposición a la guerra, los activistas exigen que las universidades retiren sus inversiones en compañías israelís, sobre todo aquellas que producen armamento. La estrategia, conocido como divestment (desinversión, en español), fue utilizada por universitarios en la década de los 70 y 80 para presionar por el fin de la segregación racial, o apartheid, en Sudáfrica. Los manifestantes también exigen un fin de los intercambios académicos con universidades israelís, bajo el argumento de que estas colaboran con el ejército de ese país.

La respuesta de las administraciones universitarias

Durante las primeras semanas de la guerra, los líderes universitarios intentaron encontrar un punto medio entre proteger la libertad de expresión y condenar la violencia de ambos lados. No obstante, pronto se encontraron entre la espada y la pared. Ante el auge del antisemitismo y los ataques a estudiantes y profesores judíos, varios donantes multimillonarios amenazaron con retirar sus donativos a las instituciones de élite. Y en enero, las presidentas de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) fueron llamadas a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, cuando representantes republicanos las acusaron de no hacer lo suficiente por castigar los excesos de los manifestantes. Las lideres de Pensilvania y Harvard fueron obligadas a dimitir posteriormente, una lección que seguramente ha influido en la decisión de otras instituciones de recurrir a la fuerza para aplastar a las protestas.

En las últimas semanas, policías antimotines han arrestado a activistas de, al menos, 20 universidades, incluyendo a Yale, Princeton y la Universidad del Sur de California. Aunque en la mayoría de los casos los manifestantes cedieron pacíficamente, en otros hubo enfrentamientos violentos. El 25 de abril, los noticieros de Boston mostraron imágenes de un callejón con rastros de sangre, después de que la policía detuvo a 108 personas en la Universidad de Emerson; varios activistas y cuatro policías fueron lesionados. Y, en Austin, decenas de estudiantes y profesores marcharon para protestar por el uso excesivo de la fuerza, después de que la policía antimotines, armada con bastones y rifles de asalto, detuviera a más de 50 personas. El día anterior, la policía disparó pistolas Taser y balas de goma en contra de manifestantes dentro de la Universidad de Emory, en Atlanta, deteniendo a 28 personas, según Inside Higher Ed.

¿Otro 1968?

Ante el recrudecimiento de la guerra, las protestas contra Israel se han radicalizado. En abril, cientos de manifestantes pro-Palestina levantaron un campamento masivo en la explanada de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Esto motivó que, el 17 de abril, congresistas republicanos llamaran a comparecer a la rectora, Nemat “Minouche” Shafik, exigiendo una explicación por lo que vieron como una falta de acciones en contra de los estudiantes. Al día siguiente, ella pidió a la policía neoyorquina que desalojara el campamento, rompiendo con décadas de precedentes universitarios.

La última vez que la policía realizó detenciones masivas en la universidad fue en 1968, cuando Columbia estuvo al centro del movimiento contra la guerra en Vietnam. Dos años después, la Guardia Nacional mató a cuatro estudiantes en la Universidad de Kent State, en Ohio, y el uso de la fuerza en las universidades se volvió un tema cuasi prohibido.

No obstante, con la extensión de las protestas por todo el país, algunos republicanos han propuesto que se envíe la Guardia Nacional a desalojar a los estudiantes. Por su parte, el presidente Joe Biden se ha pronunciado en contra y el secretario de relaciones exteriores, Antony Blinken, declaró la semana pasada que las protestas pro-Palestina son “un sello de nuestra democracia”. No obstante, Blinken condenó las muestras de apoyo hacia Hamás por parte de algunos de los manifestantes.

Una elección en jaque

Para el presidente Biden, hay más en juego que la paz en las universidades. El movimiento estudiantil puede tener un papel importante en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, al dividir al voto demócrata entre los que apoyan o reprueban las acciones del presidente ante la guerra. No obstante, los republicanos también corren el riesgo de perder el voto de los jóvenes, al promover el uso de la fuerza en las universidades.

El 27 de abril, la policía arrestó a otras 200 personas, incluyendo a la candidata independiente a la presidencia, Jill Stein, quien participó en las protestas pro-Palestina en la Universidad de Washington, en San Luis, Misuri. Stein, candidata del Partido Verde, declaró que “vamos a apoyar a los estudiantes que defienden los derechos humanos y el fin del genocidio”, en un video grabado antes de su detención.

A su vez, este fin de semana hubo contraprotestas en el MIT, Pensilvania y la Universidad de California-Los Ángeles, donde surgieron enfrentamientos entre activistas pro-Palestina y pro-Israel, según el New York Times.

El costo de la protesta

Los líderes universitarios justifican el uso de la fuerza bajo el argumento de que muchos de los manifestantes son personas ajenas a las instituciones. Sin embargo, han surgido decenas de testimonios de estudiantes y profesores, arrestados y después liberados, y que muchos de ellos aún enfrentan procesos disciplinarios. Entre ellos está Isra Hirsi, hija de la congresista demócrata Ilhan Omar, única legisladora federal de origen palestino. Hirsi, estudiante de la Universidad de Barnard, fue arrestada por participar en las protestas en Columbia y suspendida por el resto del semestre. Aunque Barnard después revocó las sanciones contra “la mayoría” de los estudiantes detenidos, quedó latente la amenaza de futuros castigos, en caso de seguir con su activismo.

A su vez, diversos académicos describen un clima de hostigamiento por parte de las autoridades. Estas vigilan las publicaciones y redes sociales de los profesores en búsqueda de declaraciones polémicas que puede costarles su trabajo. Tal ambiente de miedo y persecución seguramente aumentará en los próximos meses, cuando se puede esperar un recrudecimiento de la protesta y de la represión policiaca en las universidades.