Marion Lloyd

Donald Trump ha fijado su mirada en la educación superior —y no para bien—. En su primera semana de vuelta a la Casa Blanca, el magnate republicano ha dejado en claro las prioridades para su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, que incluyen medidas de gran envergadura para las universidades. Entre las políticas anunciadas están acabar con las políticas de equidad; abolir el Departamento de Educación; cortar fondos para la investigación científica; deportar estudiantes internacionales que participen en protestas pro-Palestina; “despedir” a los acreditadores; prohibir la participación de atletas transexuales en deportes femeniles; “proteger” los discursos conservadores en los campus, y crear una universidad nacional en línea, financiada a través de impuestos a universidades privadas.

El presidente, que tomó posesión el 20 de enero, ya hizo realidad una de sus promesas más controvertidas: poner fin a las políticas de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI, por sus siglas en inglés). En sus primeros días en el poder, Trump firmó decenas de órdenes ejecutivas, incluyendo dos que prohíben las políticas de DEI dentro del gobierno federal y privado, respectivamente. De particular interés para las instituciones de educación superior es la orden titulada “Terminando la discriminación ilegal y restaurando oportunidades basadas en el mérito” (Ending illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity, del 21 de enero). Aunque la orden está dirigida a contratistas del gobierno federal, también les exige a las autoridades hacer cumplir “nuestras leyes de derechos civiles de larga data y combatir preferencias, mandatos, políticas, programas y actividades ilegales de DEI por parte del sector privado”.

Trump también le ordenó al Departamento de Educación emitir instrucciones a las universidades sobre cómo cumplir con el mandato. Además, instruyó a su gobierno investigar a un grupo selecto de corporaciones y organizaciones no gubernamentales con activos que exceden los 500 millones de dólares, así como a las universidades con fondos patrimoniales (endowments) mayores a mil millones de dólares para asegurar que “eliminen la discriminación y preferencias ilegales”. Como no se sabe cuáles instituciones serán elegidas, el anunció seguramente tendrá un efecto intimidatorio generalizado, poniendo fin a los programas de DEI en la mayoría de ellas. Trump también ha amenazado con cobrarles impuestos a las universidades sobre sus endowments, que en el caso de la Universidad de Harvard excede los 40 mil millones de dólares, para financiar la creación de una universidad en línea. Según la columnista del New York Times, Michelle Goldberg, ambas medidas forman parte de la estrategia de Trump para “aplastar a la izquierda académica”, que ha figurado entre sus mayores críticos.

La orden ejecutiva revierte partes clave de la Ley de Derechos Civiles, de 1964, incluyendo las políticas de acción afirmativa a favor de minorías raciales y mujeres —entre otros grupos—, en contrataciones públicas y admisiones universitarias. El término “acción afirmativa” fue acuñado por el entonces presidente Lyndon B. Johnson para referirse a las medidas de equidad que marcaron un parteaguas en la lucha contra las distintas formas de discriminación en el país. Sin embargo, para Trump y sus aliados, las políticas son anticonstitucionales y en sí discriminatorias, ya que dan preferencia a ciertos grupos (sobre todo afroamericanos, latinos y mujeres) por encima de otros (la mayoría blanca y los hombres).

Según la orden, las políticas DEI “no solo violan el texto y espíritu de nuestra unidad nacional, sino que desacreditan y subvierten los valores tradicionales americanos del trabajo duro, la excelencia y el logro individual en favor de un sistema ilegal, corroído y pernicioso de ganancias con base en la identidad”.

Trump también ordenó la desaparición de las oficinas de DEI, que proliferaron en las universidades públicas y privadas a partir de 2013, con el surgimiento del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). El movimiento ganó más fuerza en 2020 tras la muerte a manos de policías blancos de George Floyd, convirtiéndose en símbolo de la discriminación racial institucional en Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump.

El movimiento anti-DEI

Hoy, no obstante, el péndulo va en el sentido opuesto con la aprobación de una serie de leyes anti-DEI durante los últimos años. Solo en la primera mitad de 2024, legisladores estatales introdujeron por lo menos 39 propuestas de ley que buscaban desaparecer o restringir las políticas de equidad en 19 estados, según un recuento de The Chronicle of Higher Education. De esas, por lo menos seis han sido aprobadas, incluyendo una de Utah, que prohíbe medidas como el entrenamiento en diversidad y la selección de personal o estudiantes con base en su identidad.

Otras leyes buscan restringir lo que se puede enseñar en clase, una agenda apoyada por la derecha conservadora. Por ejemplo, la ley SB 202 —aprobada por el gobernador republicano de Indiana en marzo de 2024— permite que las universidades públicas castiguen a profesores que no promuevan la “diversidad intelectual”, definida como “perspectivas académicas múltiples y divergentes sobre un rango extenso de asuntos de política pública”. La ley es una clara cortina de humo para censurar ideas progresistas, como la equidad racial.

Otros estados republicanos que han liderado la campaña anti-DEI son Florida y Texas, que han implementado una serie de leyes “anti-woke”. El término “woke” fue acuñado en la década de 1930 por el movimiento de protesta negro, para referirse a la necesidad de “despertar a las personas” sobre las injusticias de la sociedad. Hoy, sin embargo, el término es utilizado por la derecha para denigrar esos mismos esfuerzos como discriminatorios y divisivos.

No obstante, hay más en juego que una lucha ideológica. Las leyes atentan contra la libertad académica y buscan reescribir la historia del país, al prohibir la enseñanza de cualquier tema que podría “incomodar” a los alumnos, incluyendo (y, sobre todo) el racismo, la diversidad sexual y la historia de la esclavitud. Aquellos profesores en instituciones públicas que violen las leyes pueden ser despedidos, lo que ha creado un clima de miedo en la academia.

El fin de la acción afirmativa y el culto al mérito

Las políticas de acción afirmativa en las universidades ya recibieron un golpe decisivo en junio de 2023, cuando la Suprema Corte determinó que la instituciones no podrían tomar en cuenta la raza de los aplicantes en los procesos de admisión. Aunque más de una decena de estados ya había tomado decisiones similares, la declaración de la corte tuvo un impacto mayúsculo, al aplicarse de forma nacional. Como resultado, ha caído el porcentaje de estudiantes afroamericanos y latinos en la mayoría de las universidades más selectivas, según un análisis del New York Times.

Ahora, el nuevo orden de Trump pondrá un clave más en el ataúd de las políticas de equidad. En su lugar, el presidente revive el culto a la meritocracia, o, mejor dicho, el mito del mérito. Aunque la ideología meritocrática está en la base de los sistemas de educación superior en todo el mundo, ha sufrido fuertes cuestionamientos en años recientes, pues no toma en cuenta la desigualdad de oportunidades y el racismo que hacen que no todos tengan el mismo acceso a la universidad.

Tal crítica a la meritocracia no es nueva. En un discurso famoso en 1965, el presidente Johnson explicó la lógica detrás de las políticas de acción afirmativa. “No se puede tomar a un hombre que por años ha sido encadenado, liberarlo y llevarlo a la salida de la carrera, diciendo ‘eres libre para competir con todos los demás’, y aún pensar que has sido completamente justo. No es suficiente abrir las puertas de la oportunidad”, indicó.

Para Trump, sin embargo, abrir oportunidades para las minorías evidentemente no es prioridad, mientras promete las mayores deportaciones de migrantes en la historia del país. Otra vez, la medida tendrá un fuerte impacto en las universidades, en donde están inscritos miles de estudiantes indocumentados. Lo que viene seguramente representa el mayor retroceso para los derechos civiles en Estados Unidos en medio siglo.