Marion Lloyd

Desde la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), hace seis años, las quejas por el (mal)manejo del subsistema, además de los malos tratos por parte de su directora, son el pan de cada día. La semana pasada no fue la excepción. El 19 de febrero, los más de 100 empleados del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), con sede en Pátzcuaro, Michoacán, fueron notificados de la repentina extinción del organismo internacional, el cual será subsumido por las UBBJ.

La noticia llegó una semana después de que el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunciara que Raquel Sosa Elízaga quedaría a cargo de la Crefal por segunda ocasión. Sosa, quien dejó la dirección del organismo internacional en 2019 para encabezar el nuevo subsistema de las Universidades para el Bienestar, pronto comenzó el desmantelamiento del Crefal como ente independiente. Para sorpresa de los empleados —algunos de los cuales llevaban hasta 45 años en el Centro—, a partir del 17 de febrero se les negó la entrada a las instalaciones, dejando pendiente la revisión de su situación laboral. La directora avisó que serían compensados conforme a la ley, sin garantizar su recontratación dentro de las UBBJ, según reportes de prensa locales.

El Crefal fue creado mediante el Convenio de Cooperación Regional entre la Unesco, la Organización de Estados Americanos y 12 países de América Latina y el Caribe en 1951. Contó con el apoyo del entonces titular de la Unesco, el mexicano Jaime Torres Bodet, y el expresidente Lázaro Cárdenas, a fin de impulsar programas de alfabetización, formación de maestros y “educación fundamental” —entendido en su época como educación comunitaria—, “al servicio de los países de América Latina y el Caribe”. Además, Cárdenas donó su finca familiar, la Quinta Eréndira, para la sede de la nueva instancia.

Durante su cúspide, entre los años 50 y 70 del siglo pasado, el Crefal fue un referente en la formación docente en América Latina. En la década de los 70, el Centro pasó a manos del gobierno mexicano, aunque se conservó como “organismo internacional, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios”. De ahí la sorpresa de que el organismo regional pudiera ser incorporado a un ente nacional. Lejos del referente que fue, el Crefal —al cual México aporta actualmente 90 porciento de su presupuesto—, ha quedado a merced de los vaivenes políticos en las últimas décadas y, desde 2019, la sede en Michoacán ha fungido también como la oficina central de las UBBJ.

Por otro lado, a partir de los años 80, el centro cambió su enfoque hacia la educación continua y para adultos, ofreciendo distintas maestrías que buscaban formar líderes educativos para toda la región. Bajo la nueva administración, Sosa anunció que el Crefal cambiará de nombre y entrará en una nueva etapa, retomando el enfoque en la “educación fundamental”, bajo el argumento de que el organismo se había “desvirtuado” de su propósito inicial, según el diario Pulso Michoacano.

Mientras tanto, el futuro de más de un centenar de empleados pende de la balanza. Decenas de ellos se manifestaron en el centro de Pátzcuaro, el 22 de febrero, para exigir un “alto a los despidos injustificados” y que se les de acceso a las instalaciones. Por su parte, Sosa respondió que seguía la auditoría de la administración anterior, según El Sol de Morelia.

Las UBBJ: autoritarismo y opacidad

No es la primera vez que Raquel Sosa —historiadora y profesora jubilada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM— se encuentra en el ojo del huracán. La también ex secretaria de Desarrollo Social del DF (2000-2005) tiene una larga historia de confrontaciones con estudiantes y profesores desde que asumió la coordinación de las Universidades para el Bienestar.

El proyecto comenzó con la promesa de AMLO de crear “100 universidades” para más de 250 mil estudiantes de bajos recursos, en lugares de poco acceso a la educación superior para finales del sexenio, en 2024. No obstante, según cifras del gobierno, la matrícula alcanzó apenas 64 mil estudiantes para el ciclo escolar 2023-2024, en 200 sedes que difícilmente podrían llamarse universidades. La mayoría de las UBBJ opera en instalaciones rudimentarias y/o prestadas, ofertan solo una o dos licenciaturas, y los profesores son contratados por outsourcing, en contravención de las políticas de protección laboral promovidas por el gobierno de López Obrador, según investigaciones periodísticas.

Desde 2019 se han presentado numerosas demandas ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje por el despido de más de 200 docentes de distintas sedes la UBBJ. Aunque muchos de los juicios resultaron en favor de los profesores, para 2023 no habían sido reinstalados en sus puestos, según La Crónica de Hoy.

La directora también se ha enfrentado con estudiantes por las malas condiciones de los planteles, además de la demora en la entrega de títulos profesionales, entre otros problemas. Destaca el reciente enfrentamiento en la sede de la UBBJ en Tihosuco, Quintana Roo, en diciembre de 2024. Tras una protesta por parte de estudiantes de enfermería y patrimonio cultural, quienes aseguraron que no les habían entregado sus títulos de licenciatura y cédulas profesionales después de un año, Sosa acudió al campus el 13 de diciembre. Entregó algunos documentos a puerta cerrada, sin dar la mano a los estudiantes. Pero cuando ella se negó a dejar los títulos de algunos egresados que no pudieron asistir al evento, los padres de familia y estudiantes retuvieron a Sosa durante nueve horas dentro del campus universitario. Finalmente, la dejaron ir, luego de que se comprometió a entregar los títulos que faltaron, según El Heraldo.

Después de otro enfrentamiento entre Sosa y alumnos de las escuelas de nivel superior, fundadas por el partido Morena en 2016 —inconformidades que ella tachó de “dramas”—, López Obrador salió en defensa de su colaboradora en mayo de 2019. “Respeto mucho a Raquel, lo confieso—dijo, en su conferencia matutina—. Todos tenemos problemas de carácter, todos. Entonces, a lo mejor no fue el mejor momento y ella tuvo que expresar así las cosas, pero es una mujer excepcional, yo quisiera que hubiese en el servicio público cien Raqueles Sosa, y me sentiría muy a gusto”.

¿La rendición de cuentas?

Por otro lado, a Raquel Sosa se le ha cuestionado la falta de rendición de cuentas en el manejo de las UBBJ. A diferencia de las demás instituciones de educación superior del país, el subsistema no ha reportado datos a la SEP a través de los formatos 911. El Organismo Coordinador para las UBBJ (Ocubbjg) argumentó que es responsabilidad de la SEP proporcionar la información, alegato que esta rechaza, debido a que la Ocubbjg es un organismo público descentralizado y cuenta con “personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión”. Finalmente, llama la atención que el subsistema no dependiera de la Subsecretaría de Educación Superior, situación que nunca ha quedado clara.

Varias investigaciones también han señalado irregularidades en la designación de sedes de las UBBJ. Aunque el programa establece que las universidades deben ubicarse en zonas de alta y muy alta marginación, apenas 36 porciento de las casi 100 sedes creadas en 2019 cumplieron con esos requisitos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 2020). Otro estudio, realizado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encontró inconsistencias en la información proporcionada por la coordinación del programa, así como en el manejo de los recursos; además, en 2019, por lo menos 18 porciento de las sedes no había obtenido sus claves de autorización ante la SEP, según la revista Expansión.

La respuesta de Morena

A pesar de tales cuestionamientos, en septiembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó a Raquel Sosa para otro periodo al frente de las Universidades para el Bienestar. A su vez, la UBBJ fue el subsistema que mayor aumento presupuestal tuvo en el paquete económico de 2025: 85 por ciento para un total de 3 mil 14 millones de pesos. Eso, a pesar de contar con solo 3 mil 229 egresados para septiembre de 2024, según cifras del gobierno.

Las lealtades partidistas parecen importar más que el compromiso de dar una educación superior pública, gratuita y de calidad para los estudiantes más vulnerables del país.