Marion Lloyd

Deportaciones a estudiantes y profesores que ejercen la libre expresión. Miles de millones de dólares en recortes a la ciencia. Y ahora, el fin del Departamento de Educación federal. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump en su revancha contra las universidades?

En apenas dos meses en el poder, el presidente republicano ha desatado una campaña de intimidación y castigo sin precedentes contra las instituciones de educación superior de Estados Unidos. A través de una orden presidencial, emitida el pasado 20 de marzo, Trump le instruyó a su secretaria de educación, Linda McMahon, tomar “todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados”. Aunque Trump requiere del apoyo del Congreso para desaparecer el departamento, ya ordenó el despido de la mitad de su plantilla, bajo el argumento de que no logró el cometido de mejorar la calidad de la educación. Ahora corren peligro los más de 1.7 billones de dólares en préstamos federales para estudiantes universitarios que maneja el organismo, entre otros programas dirigidos a g
rupos desfavorecidos.

Además, destaca el arresto e intento de deportación de un estudiante de posgrado palestino, Mahmoud Khalil, el pasado 7 de marzo. Khalil, un residente legal permanente (con greencard), fue detenido tras encabezar las protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en 2024. Las autoridades citaron las órdenes ejecutivas de Trump que prohíben el antisemitismo e invocaron una ley anticuada que permite deportar a personas peligrosas en tiempos de guerra (según el presidente, Estados Unidos libra una guerra contra la migración ilegal). Trump amenazó que el estudiante sería el primero “de muchos por venir”, desatando sorpresa, indignación y miedo en las universidades.

Si bien un juez federal de Nueva York, Jesse Furman, suspendió la deportación para que Khalil pudiera enfrentar un juicio, es una señal de lo lejos que está dispuesto a ir Trump en contra de la academia. Por lo menos dos estudiantes más de Columbia han sido designados para ser deportados, incluyendo una originaria de la India, quien escapó a Canadá por miedo a ser detenida. El 14 de marzo, una profesora de la Universidad de Brown, especialista en trasplantes de riñones, fue deportada en contravención de una orden judicial. La doctora, Rasha Alawieh, fue detenida al regresar de un funeral en el Líbano, su país nativo. El gobierno alegó que la deportó al descubrir en su teléfono celular “fotos simpatizantes” de figuras prominentes del grupo extremista libanés Hezbollah, designado como terrorista por Estados Unidos.

Trump también ha golpeado a las universidades en donde más les duele: en sus ingresos. El 7 de marzo, su gobierno anunció que cancelaría — con efecto inmediato— 400 millones de dólares de apoyos federales para investigación en la Universidad de Columbia, bajo el argumento de que esta había permitido una explosión de antisemitismo en su campus. Entre proyectos afectados por los recortes masivos se encuentra un estudio, apoyado con 1.1 millones de dólares de la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés), de los efectos de opioides en bebés prematuros; así como un segundo estudio, con el mismo monto de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), para desarrollar una vacuna contra la malaria, según The Chronicle of Higher Education.

A su vez, el recorte solo representó “la primera acción y se espera que sigan cancelaciones adicionales”, según informó el Departamento de Educación. Por lo menos otras 59 universidades recibieron la carta del llamado “comité de antisemitismo”, incluyendo Harvard, Johns Hopkins, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de California en Los Ángeles, y la Universidad de Nueva York. En lo que representa una ironía histórica, la carta cita violaciones al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación con base en la raza. Es la misma ley que ha sido blanco del gobierno de Trump, que ha prohibido las políticas de diversidad, equidad e inclusión en las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. A principios de marzo, el New York Times publicó una lista de cientos de palabras y frases que aparecen como prohibidas en documentos federales, incluyendo “mujer”, “raza” e “igualdad”, como parte de la campaña en contra de las llamadas políticas “woke” (término que se refiere a las medidas en pro de la diversidad).

La (no)respuesta de la academia

La avalancha de ataques del gobierno federal contra la academia ha generado un efecto paralizador. Lejos de resistir o combatir al gobierno en los tribunales, la mayoría de las instituciones juega a la defensiva, con tal de evitar mayores pérdidas de fondos federales. Tal es el caso de Columbia. El 21 de marzo, la universidad accedió a casi todas las demandas de la administración, diseñadas a endurecer las normas que regulan las protestas pro-Palestina.

En una carta enviada a la comunidad de Columbia dos días antes, la rectora interina, Katrina Armstrong, prometió que no comprometería la autonomía académica: “La administración responsable significa que debemos considerar todas las acciones apropiadas, trabajar con nuestros socios en todo el país, y lo estamos haciendo… Pero nunca comprometeremos nuestros valores de independencia pedagógica, nuestro compromiso con la libertad académica o nuestra obligación de cumplir la ley”. Sin embargo, Armstrong, quien sucedió a Minouche Shafik, que dimitió en agosto pasado por presión de senadores republicanos en Washington, justificó la decisión como necesaria para recuperar los fondos federales.

Entre otras cosas, Columbia aceptó prohibir el uso de mascarillas en las protestas (algo típico de los manifestantes, para evitar ser reconocidos), además de reformar su proceso de admisión e incorporar a 36 agentes de policía en el campus, facultados para detener a estudiantes, según el periódico El País. Incluso, la universidad claudicó ante la demanda de permitir mayor supervisión por parte de la administración universitaria hacia el departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, así como el Centro de Estudios Palestinos.

Para sus críticos, la decisión de Armstrong marca un parteaguas histórico y peligroso en la relación entre el gobierno federal y las instituciones privadas. El ex presidente de Harvard, Larry Summers, denunció la decisión en su cuenta de X: “Estoy profundamente entristecido y alarmado por la capitulación de Columbia y su despacho de abogados hacia la administración cada vez más dictatorial de Trump”.

El gobierno nunca había intervenido de forma tan directa —o descarada— en una universidad privada; aún menos en una con el prestigio de Columbia. No obstante, la práctica ya podría volverse común. El mismo día que la universidad neoyorquina reveló sus nuevas políticas, el gobierno federal anunció la suspensión de 175 millones de dólares para la Universidad de Pennsylvania, alma mater de Trump, citando su violación a una prohibición en contra de la participación de atletas transgénero en equipos femeniles.

El éxodo

La incertidumbre financiera ha provocado la congelación de nuevas contrataciones en muchas universidades, incluyendo Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Eso, aunado a la presión por recortar programas que promuevan la diversidad, ya están desatando una fuga de cerebros, tanto de académicos extranjeros como estadounidenses.

En respuesta, algunas universidades en Europa y otras regiones buscan aprovechar el éxodo de talento con programas especiales para investigadores de Estados Unidos. El 5 de marzo, la Universidad Aix-Marseille lanzó el programa Safe Place for Science (Lugar seguro para la ciencia), junto con el Ministerio de Educación e Investigación francés. La institución gastará unos 16 millones de dólares para apoyar a 15 investigadores, como parte de la “nueva fuga de cerebros”, y ya ha recibido más de 50 aplicaciones, según la revista Science. Otras instituciones del país están siguiendo su ejemplo, priorizando a académicos en “áreas socialmente significativas”, que incluye ciencias ambientales, estudios de género, y el desarrollo de vacunas —todas áreas mal vistas por la administración de Trump—. Países como Noruega y Australia están buscando facilitar visas para investigadores renombrados de Estados Unidos. No obstante, otros, como el Reino Unido y Canadá, enfrentan sus propios recortes a la educación superior, lo que limita las oportunidades para el éxodo americano.

Con el anuncio del cierre del Departamento de Educación, creado hace 45 años por el expresidente demócrata Jimmy Carter, el futuro se torna aún más incierto. Trump anunció que trasladaría el manejo de los préstamos estudiantiles a otra agencia, la Administración de Empresas Pequeñas, que también ha sufrido fuertes recortes. Mientras tanto, el panorama de la educación superior estadounidense se pinta cada vez más crítico.