Devadip Axel Meléndez Montero

El pasado 17 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del concurso de selección para el ingreso a la licenciatura correspondiente a la edición 2026. Junto con ello, anunció un incremento del 3 por ciento en su matrícula de ingreso, lo que representa 1,454 lugares adicionales respecto al año anterior. En términos absolutos, la universidad pasó de admitir, mediante examen de selección, a 20 mil 508 aspirantes en 2025 a 21 mil 962 en 2026. Sin embargo, frente a una demanda de 158,712 personas, ello significa que únicamente el 13.84 por ciento de quienes presentaron el examen obtuvo un lugar.

Tras la publicación de los resultados, comenzaron a circular en redes sociales diversas interpretaciones sobre una presunta «anomalía» en el proceso de selección. El argumento principal es que, en comparación con años anteriores, los puntajes mínimos de ingreso a distintas licenciaturas aumentaron considerablemente. Para muchas personas, la explicación parecía evidente: por primera vez, el examen se aplicó por completo en línea, lo que habría facilitado el uso de herramientas externas para responder correctamente.

Aunque es imposible afirmar con certeza que las y los aspirantes recurrieran a este tipo de recursos, tampoco puede descartarse dicha posibilidad. Sin embargo, centrar toda la discusión en un supuesto fraude corre el riesgo de invisibilizar un problema mucho más profundo: el propio mecanismo de selección hace que, a medida que aumenta la demanda y la oferta de lugares permanezca estancada, los puntajes de ingreso tiendan a elevarse de manera natural.

Los datos de la propia Dirección General de Administración Escolar permiten ilustrarlo. En la licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina, durante 2024 se ofrecieron 176 lugares para una demanda de 12,462 aspirantes; el puntaje mínimo de ingreso fue de 112 aciertos. En 2025, la oferta permaneció exactamente igual —176 lugares—, mientras que la demanda aumentó a 13 mil 632 personas y el puntaje de corte se elevó a 114 aciertos. Finalmente, en 2026, nuevamente con 176 lugares disponibles, concursaron 13 mil 668 aspirantes y el puntaje mínimo ascendió a 117 aciertos.

La tendencia es clara: cuando la oferta se mantiene constante y la demanda aumenta, la competencia por cada lugar se intensifica y, en consecuencia, también lo hace el corte del puntaje de ingreso. No se trata únicamente de que las y los aspirantes "sepan más", sino de que un número cada vez mayor de personas compite por prácticamente los mismos espacios.

Esto también explica por qué, en algunos procesos de selección, el número final de personas aceptadas puede ser ligeramente superior a la oferta anunciada. La razón es sencilla: hay empates en el puntaje de corte y no existe un criterio adicional para excluir a algunas personas y admitir a otras.

Un ejemplo ayuda a comprenderlo. Imaginemos un salón con únicamente 18 lugares. Para asignarlos, se ordena a las personas por estatura: primero entran diez personas que miden 120 centímetros; después, siete que miden 118 centímetros. Queda entonces un solo lugar disponible, pero resulta que no hay una persona de 117 centímetros, sino cinco con exactamente esa misma estatura. Como todas cumplen el mismo criterio de selección, no existe una razón objetiva para admitir a una y excluir a las otras cuatro. En consecuencia, las cinco ingresan, aun cuando ello implique rebasar ligeramente la capacidad prevista.

Lo importante de este ejemplo no es la estatura, sino comprender que el criterio de selección funciona como un mecanismo de ordenamiento. Si en lugar de 18 lugares hubiera 200, muchas más personas ingresarían sin necesidad de modificar el criterio utilizado. En otras palabras, el problema no radica únicamente en el examen, sino en el reducido número de plazas disponibles frente a una demanda creciente.

La pregunta, entonces, no debería limitarse a si hubo o no personas que hicieron trampa. Sin negar la posible existencia de que algunos aspirantes hayan intentado obtener ventaja mediante herramientas externas, también es posible que la gran mayoría haya presentado el examen con honestidad académica. No obstante, incluso si se comprobara la existencia de irregularidades, ello difícilmente modificaría uno de los problemas de fondo de este tipo de pruebas: un mecanismo de selección sometido a una presión creciente debido al enorme desequilibrio entre la cantidad de aspirantes y el número de plazas disponibles. Reducir la discusión al comportamiento individual de algunas personas puede terminar por ocultar las limitaciones estructurales del propio sistema de admisión.

En este sentido, el debate público corre el riesgo de ofrecer una explicación demasiado simple de un problema mucho más complejo. Atribuir el aumento de los puntajes mínimos exclusivamente a la aplicación en línea del examen supone ignorar una tendencia ya observada desde años anteriores y que responde, en buena medida, al incremento sostenido de la demanda y a una oferta prácticamente invariable. Si realmente se busca garantizar un ingreso más justo y equitativo, la discusión no debería agotarse en el diseño del examen o en la vigilancia de posibles trampas, sino que debería extenderse a una pregunta más profunda: ¿cómo ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior pública para una población que, año con año, sigue creciendo?

Más que buscar culpables entre quienes presentan el examen, conviene preguntarnos si un sistema que deja fuera a casi nueve de cada diez aspirantes puede explicarse únicamente por el mérito individual. La discusión sobre una posible trampa es relevante, pero no debería impedirnos ver el problema de fondo: la insuficiencia de espacios para garantizar el derecho a la educación superior.