Humberto Muñoz García

México vive un momento histórico en el que ocurre el cambio de gobierno, con la continuidad del régimen de la cuarta transformación. El nuevo gobierno enfrentará el desafío de consolidar la conformación del Estado, diferenciándolo de aquel constituido por el neoliberalismo, mediante un sistema democrático que favorezca y apoye un modelo económico que brinde mejores condiciones de vida y de trabajo a las grandes mayorías. En un clima post electoral, queda la expectativa de que el próximo gobierno brinde seguridad a la vida de todos los mexicanos, salud y buena educación.

La posición y situación de México en el mundo, la prosperidad de su población, estarán vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, el cual será más factible si se refuerza a las universidades públicas; instituciones que son cruciales, porque en ellas se forman personas que contribuyen al mejoramiento de casi todas las esferas de la vida social, incluidas la vida política, el espacio público y la comunicación para orientar el desarrollo.

De aquí en adelante, la producción del conocimiento, en todos los campos disciplinarios, y sus intersecciones, será fundamental para un gobierno nacional que pretenda conducir con legitimidad el desarrollo de país. Es inaceptable un discurso político que ponga en tela de juicio a la ciencia y a quienes la producen.

La creación de una Secretaría de Estado que formule y aplique una política del conocimiento, resulta un paso estratégico siempre que esté asociado a la política de educación superior y al mejoramiento, en serio, de las universidades públicas y autónomas, que es donde se hace la mayor parte de la investigación en México. La iniciativa privada debería dedicar más atención y recursos propios para incrementar investigación orientada a sus fines específicos.

Cobra relevancia, desde luego, la producción de conocimiento que ligue a las ciencias sociales con la investigación científica en proyectos que sean útiles para la toma de decisiones y para la formulación y ejecución de las políticas públicas del Gobierno. Vínculo que supone el respeto pleno a la autonomía universitaria, entre otras cosas, para que las funciones institucionales se ejerzan con libertad y se puedan formar los ciudadanos comprometidos con el futuro del país.

Hay cuestiones que los universitarios hemos recalcado de siempre, precisamente cuando se constituyen los grupos de poder que gobernarán el país en los siguientes años.

Los esfuerzos de cambio institucional requerirán más presupuesto para que pueda aumentar la matrícula de licenciatura y posgrado, y para que se puedan integrar equipos de investigación que atiendan la producción de conocimiento estratégico con fines de desarrollo y equidad. Habrá que realizar grandes proyectos que requerirán la participación de investigadores de distintas especialidades. Trabajo colectivo y flexibilidad organizativa. Asimismo, condiciones laborales con el pago de mejores salarios, utilizando los recursos que se usan para el pago por desempeño, que es un sistema en obsolescencia.

Preocupan muchas cosas con el sistema educativo, por ello, trato de centrarme en las universidades públicas y autónomas, federales y estatales. Mencionaré tres puntos. La política educativa tiene que promover que ningún joven, que pueda estudiar en una universidad pública, quede fuera por razones socioeconómicas. No se vale inhibir y desperdiciar el talento y la creatividad posibles.

Casi desde siempre, en nuestro país, han habido desigualdades estatales y regionales en materia educativa. Se ha reiterado, una y otra vez, su persistencia. Es un problema multifactorial que ha dado pie para que muchos analistas hablen del “fracaso” de la política educativa. Por ejemplo, en educación superior hay 10 entidades en el país que tienen una tasa de cobertura menor al promedio nacional. Las diferencias entre las mayores tasas y las menores son muy grandes. Entidades federativas e instituciones con capacidades académicas reducidas y limitaciones financieras tienen una representación pequeña de investigadores nacionales y una menor atención al conocimiento del entorno.

Las políticas aplicadas a la educación superior, a la ciencia y la tecnología, más todos los efectos de la pandemia, el contexto político nacional y algunas condiciones globales que se filtran a la academia mexicana —como el asunto de los rankings— han tenido influencia sobre la actividad y las prácticas académicas, que afectan el quehacer y las subjetividades de los actores de la educación. Sería interesante, por ejemplo, llevar a cabo políticas que favorezcan prácticas que refuercen la identidad de los actores académicos con las instituciones universitarias, impulsar una cultura que reanime la participación de la comunidad en los cuerpos colegiados y el debate intelectual sobre la coexistencia democrática. Los planes de desarrollo institucional podrían incluir este tipo de cuestiones para reforzar los sentimientos de comunidad, el respeto a la pluralidad y el compromiso con las instituciones.

En suma, sería de esperar que en los próximos años se contemple una política que asocie la ciencia y la educación universitaria. Integrarlas funcionalmente para reforzar y transformar.