Humberto Muñoz García

En el entorno del cambio de gobierno, es relevante advertir que dentro del plan nacional que se presente, habrá una sección dedicada a la educación y, en particular, a la educación superior. Es menester que contenga un panorama diagnóstico de todo el sistema de educación terciaria y que las comunidades universitarias participen en discusiones sobre lo que habrá de transformarse en las instituciones. No debería volver a pasar lo ocurrido en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la que se cambió la ley orgánica de forma arbitraria.

En las universidades públicas, los diálogos para cambiar podrían situarse en los cuerpos colegiados, y en otras organizaciones que agrupen a uno o varios sectores académicos, comprometiéndose cada uno de sus miembros, si es el caso, a recoger la opinión de sus representados, para ser tenida en cuenta en las deliberaciones colectivas o colegiadas, cuyos resultados se analizarían para integrarlos en una propuesta de cambio institucional elaborada en última versión por el Consejo Universitario, la cual serviría de guía al rectorado.

Habrá que reconocer que la universidad pública es un espacio académico donde la política es algo cotidiano en las relaciones de quienes la forman. La dimensión política juega un papel muy relevante, en especial, cuando la institución requiere hacer cambios a su organización y funciones, motivados por los momentos históricos, que demandan renovar su papel en la sociedad.

La necesidad de un cambio también puede surgir cuando hay sentimientos y percepciones de perdida de autoridad en la academia, o cuando hay demandas educativas de muchos públicos en la sociedad, que resultan difíciles de satisfacer. La combinación de demandas internas y externas a la universidad ciertamente puede dar impulso al cambio de organización y de gobernanza.

La universidad, asimismo, puede requerir transformaciones en sus modos de operación cuando se le exige que colabore más para que la nación transite a nuevas etapas de su desarrollo, cuando hay grupos en la sociedad que solicitan producir y compartir conocimiento para resolver los problemas que les afectan.

En momentos de transformación como los que vive el país, y con todas las secuelas que quedaron de la pandemia, las universidades públicas, en la actualidad, podrían cuestionarse y plantearse modificaciones a la organización de su estructura institucional para cumplir mejor sus objetivos de servicio a la sociedad.

La deliberación para el cambio puede darse en los cuerpos colegiados, y/o en agrupaciones académicas en los que participe la comunidad, que son espacios para el dialogo, en los que pueden definirse los objetivos del cambio con base en un plan de desarrollo institucional en el que se propongan nuevas rutas para el trabajo académico, una participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones y mecanismos adecuados para la conformación de las dirigencias universitarias en reconocimiento de la autoridad académica.

Mover a la universidad pública supone crear una nueva institucionalidad con preeminencia de lo académico, con vías de acceso al poder institucional que permitan el juego político de los grupos de interés universitario. Asimismo, implica que el gobierno universitario ponga a la academia por encima de la administración y que las relaciones políticas en la universidad estén orientadas al trabajo y a los resultados del mismo en los órganos colegiados de autoridad. Enfatizar la colegialidad y las decisiones emanadas de colectivos (eg. seminarios), con fundamento en la autonomía y en la libertad de cátedra e investigación.

Uno de los propósitos del cambio institucional consiste en enfatizar la colegialidad, y lo colectivo de la vida académica, resaltando la autoridad reconocida por su trayectoria académica y la legitimidad del saber, de tal suerte que las decisiones tomadas sirvan al mejoramiento permanente de la academia.

La representación y representatividad en los cuerpos colegiados son la base para la definición y el logro de los cambios. La comunidad debe sentir confianza en el trabajo de los cuerpos colegiados, de otros colectivos, respeto y credibilidad en quienes la representan, cuya obligación es comunicarse con sus bases y recoger sus puntos de vista.

Para pensar en aspectos y cuestiones como los mencionados, es necesario mirar políticamente a la universidad, revisar en qué situación ha estado la universidad en los últimos tiempos, sus relaciones con el gobierno federal y con el local, armar las respuestas para corregir los problemas de funcionamiento institucional, teniendo en cuenta las necesidades de conocimiento en la sociedad, de tal forma que ajusten a la universidad para que pueda transitar y apoyar la dinámica social de la nación en este Siglo XXI.

La vida académica por seguir estará fincada en el trabajo colectivo y por ello hay que fortalecer a los cuerpos colegiados, donde participan los distintos segmentos sociales que integran la comunidad académica. En los órganos colegiados, en los colectivos de trabajo, se toman los acuerdos sobre la orientación, contenido, conducción y requerimientos indispensables de las tres funciones institucionales para llegar a resultados esperados.

Sería bueno que los universitarios piensen cómo construir una organización académica flexible, con cuerpos colegiados representativos, o colectivos, que tengan una amplia intercomunicación con la comunidad, entre autoridades y actores universitarios, y ponerle mayor atención a la participación institucional en la esfera pública.