Imanol Ordorika Sacristán

Discursos altisonantes, acusaciones mutuas, deslindes y ataques caracterizan las campañas para la elección presidencial y a los candidatos que las encabezan. Estos intercambios evidencian pocas ideas, falta de identificación de problemas centrales y, consecuentemente, ausencia de propuestas e iniciativas concretas. El marasmo discursivo y la ambigüedad programática uniformizan a los candidatos y ocultan las diferencias existentes entre éstos y entre sus partidos. Las preferencias del grueso del electorado entonces parecen definirse en torno a construcciones mediáticas, personalidades y trayectorias de los personajes centrales de la contienda. El debate sin contenidos domina el escenario político nacional y los espacios de los medios de comunicación.

En el contexto de este páramo político e ideológico, la defensa que hizo Carlos Monsiváis de la separación entre la Iglesia y el Estado, el laicismo y la educación pública, resulta extremadamente importante. En su discurso resumió en una frase el núcleo de una confrontación histórica entre progresistas y conservadores en el seno de la sociedad mexicana. Señaló: "el Estado laico conlleva obligadamente la ética republicana que, sin negar en lo mínimo el papel de las religiones como espacio de formación de valores, deposita en la educación y las leyes los principios éticos de la sociedad no teocrática".

En este caso no hicieron falta estrategas electorales ni comités de campaña. Con base en sólidos principios y sensibilidad política Monsivais colocó de golpe al PAN, a la Presidencia y a la cúpula de la Iglesia contra la pared ante los ojos de la sociedad mexicana. Las reacciones del Presidente, el secretario de Gobernación y la jerarquía eclesial, entre otros, atestiguan este hecho.

Los contendientes presidenciales, sin embargo, dejaron correr este acontecimiento sin grandes definiciones. En sus estrategias actuales prefieren evadir los temas cruciales. Si la separación entre Iglesia y Estado sólo les merece referencias tangenciales, el tema de la educación pública también ha sido soslayado. Ninguno de los candidatos ha trascendido las referencias discursivas tradicionales sobre la importancia de la educación pública y su deber de apoyarla y desarrollarla. Ninguno se compromete, sin embargo, a colocarla, con diagnósticos certeros y propuestas concretas, en el centro de la reconstrucción de México.

Tiene razón Monsiváis. El Estado y la sociedad contemporánea, en todas sus dimensiones, se sustentan en la educación y las leyes. La crisis actual del Estado mexicano tiene una de sus causas principales en la destrucción conceptual y material del sistema educativo nacional. Desde hace por lo menos 25 años la adopción de una filosofía de lo público que, paradójicamente, enfatiza la preminencia de los intercambios privados y el mercado como referente fundamental, ha dado pie al abandono de la responsabilidad pública de educar.

Desde 1982 hemos sido testigos del abandono financiero y material de la educación pública. Las políticas y prácticas educativas han sido subordinadas a los requerimientos sexenales de los grupos en el poder y a los intereses de la burocracia sindical corrupta y criminal enquistada en la organización gremial de los trabajadores de la educación. La crisis sobre las concepciones y la orientación filosófica del Estado mexicano en torno a la educación pública anteceden incluso al estrangulamiento financiero y material.

La educación dejó de ser un componente central de las estrategias de construcción nacional. En consecuencia, durante los últimos 25 años se sustituyó la responsabilidad educadora del Estado mexicano por un conjunto de iniciativas y prácticas regulativas orientadas a mejorar la eficiencia y alcanzar la excelencia. Con estos términos vagos, carentes de contenido y compromiso se justificaron las políticas de ajuste estructural y ahorro de recursos públicos en el terreno educativo. El abandono estatal no fue accidental, constituyó de hecho un proyecto de privatización, de apertura al mercado, del sistema educativo. El resultado ha sido mayor polarización y estratificación del acceso a la educación. Esta ha sido un componente fundamental de la creciente desigualdad en nuestro país.

Ante la ofensiva sostenida de las viejas y nuevas derechas mexicanas y frente a la preminencia de los grupos económicos que proclaman el mercado como regulador esencial de las relaciones sociales, la defensa del Estado laico y la educación pública adquieren relevancia estratégica. Como en el siglo XIX, la educación vuelve a ser hoy uno de los grandes temas y espacios de la confrontación. Los acartonados discursos electorales, sin embargo, parecen insuficientes para localizar éste y otras temas medulares de la disputa nacional en el ámbito de la política, la economía, la cultura y las relaciones sociales. La defensa del Estado laico y la reconstrucción de la educación pública deben ser entonces una causa fundamental y una responsabilidad esencial de la sociedad mexicana en su conjunto.